Trabajadoras y trabajadores cristianos respaldan a los sancionados en un desahucio y denuncian la criminalización de la solidaridad

Trabajadoras y trabajadores cristianos respaldan a los sancionados en un desahucio y denuncian la criminalización de la solidaridad
Denuncian las multas por acompañar con “un gesto humano, de cuidado y de defensa de una familia que estaba a punto de perder su hogar” y activa su fondo solidario en apoyo a las personas sancionadas

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Alicante ha querido situar el foco en las personas que, movidas por un profundo sentido de justicia y humanidad, acompañaron a una familia vulnerable durante un desahucio en el barrio alicantino de Juan XXIII y hoy se enfrentan a multas por aquel gesto solidario. Para este movimiento diocesano, lo que ocurrió aquel día “no fue un acto violento ni una alteración del orden público: fue simplemente un gesto humano, de cuidado y de defensa de una familia que estaba a punto de perder su hogar”.

La organización eclesial recuerda que, como militantes cristianos, saben que “la dignidad humana no se negocia” y que “cuidar el trabajo, cuidar la vida” implica también proteger a quienes viven situaciones límite, especialmente “cuando las instituciones no llegan o llegan tarde”. Por eso afirman con rotundidad que acompañar a una familia en un momento tan duro “nunca debería ser motivo de sanción”.

Críticas a la criminalización de la solidaridad

La Subdelegación del Gobierno ha empezado a notificar propuestas de sanción de 601 euros a las personas que participaron en la concentración del pasado 10 de abril en el pasaje de San Juan de la Cruz, en Juan XXIII, tal como adelantó el diario Información. Las multas se basan en un informe de la Policía Nacional que acusa al grupo de haber “impedido o dificultado” el acceso de la comisión judicial al portal donde debía ejecutarse el desahucio, una conducta tipificada como infracción grave por la represora ley mordaza.

El Sindicat de Vivenda de Carolines, organizador de la concentración pacífica, ha denunciado una “campaña de criminalización” contra el movimiento por la vivienda y ha subrayado que su intervención respondió a una “situación de vulnerabilidad acreditada” de la pareja. En la misma línea, Esquerra Unida-Podemos ha reclamado el archivo inmediato de los expedientes.

VÍDEO | Héctor Fuentes

El comunicado del movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos da un paso más y pone el acento en la responsabilidad de las instituciones. En sentido, “llama profundamente la atención —y lo denunciamos públicamente— que haya sido la Subdelegación del Gobierno quien haya decidido multar a personas que estaban sencillamente acompañando a una familia en riesgo de desahucio”. La organización de la Iglesia diocesana considera “incomprensible que, en lugar de proteger a quienes ejercen la solidaridad más básica, se responda con sanciones administrativas que solo agravan el sufrimiento y criminalizan la ayuda mutua”.

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“Como HOAC, no podemos aceptar que el cuidado y la defensa de la vivienda –un derecho humano fundamental y un sagrado derecho para la Iglesia– se castiguen como si fueran una amenaza. La solidaridad nunca debería ser motivo de multa”. Con estas palabras, el movimiento especializado de Acción Católica denuncia que se esté tratando como problema aquello que, a su juicio, constituye un mínimo ético: no dejar sola a una familia ante la pérdida de su hogar.

Una respuesta comunitaria desde el Fondo de Solidaridad

Además de la denuncia pública, la organización eclesial ha decidido activar su Fondo de Solidaridad Diocesano, creado –entre otros objetivos– “para apoyar luchas por los derechos laborales y sociales, fortalecer a las organizaciones de trabajadores y contribuir a proyectos alternativos de producción y consumo”. En esta ocasión, este instrumento comunitario va a destinar “una aportación de algo más de dos mil euros para ayudar a cubrir estas sanciones”.

El movimiento diocesano recuerda que este fondo nació “para sostener causas justas y para responder comunitariamente ante situaciones de vulnerabilidad”, y expresa su deseo de que también sirva “para animar a un cambio de mentalidad que ponga a las instituciones verdaderamente al servicio de las personas vulneradas”.

En su comunicado, la organización de trabajadoras y trabajadores cristianos reitera su reconocimiento “a todas las personas que aquel día actuaron movidas por el compromiso con el bien común y la defensa de los derechos humanos”. Su solidaridad, subraya, “es un signo de esperanza en medio de un sistema que sigue tratando la vivienda como un negocio y no como un derecho”.

La HOAC reafirma su compromiso, junto a otras organizaciones y colectivos, “para que ninguna familia vuelva a enfrentarse sola a un desahucio y para que la defensa de la dignidad humana sea siempre el horizonte de nuestras acciones”, concluye.