Los sindicatos piden una subida del salario mínimo interprofesional del 7,5%

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) piden una subida del 7,5% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, unos 89 euros más que el de 2025, hasta llegar a los 1.273 euros brutos al mes, así como la regulación definitiva de los mecanismos de compensación y absorción de los complementos.
De este modo, el sueldo neto al mes, la cantidad que debe llegar al bolsillo de las personas trabajadoras a tiempo completo, descontada la tributación al IRPF, no debería ser inferior a 1.216 euros al mes, equivalente al 60% del salario neto en España.
Las organizaciones sindicales entienden que así se cumpliría tanto la Carta Social Europea y las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, la directiva comunitaria sobre salarios mínimos, recientemente avalada por el Tribunal de Justicia de la UE y la propia jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de nuestro país.
Los secretarios de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, han insistido en que la necesidad de acometer un incremento “contundente e importante” del suelo mínimo salarial para dignificar las condiciones de trabajo y lograr salarios suficientes para superar los umbrales de pobreza.
“Lo que vamos a pedir es una subida del 7,5% para por fin establecer el salario mínimo con arreglo a retribuciones brutas. Nosotros decimos que el 60% se debe de calcular sobre los salarios brutos”, ha planteado Luján.
Aunque puede parecer mucho, ha explicado, es una subida que está por debajo de lo que han subido los márgenes empresariales en 2025 y que todavía sitúan a España entre los países con uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, tanto si se establecen por ley o a través de la negociación colectiva. De hecho, ha reconocido que la propuesta sindical es “contundente”, pero “moderada”.
Tan importante como la cuantía para los sindicatos, es evitar que los incrementos queden diluidos por decisiones empresariales arbitrarias como la absorción de los pluses establecidos por convenio, como por un inadecuado trato fiscal.
En este sentido, reclaman incorporar por real decreto la clarificación de los componentes de la estructura salarial relacionados con el desempeño particular del empleo, como pueden ser la nocturnidad, la peligrosidad o incluso el dominio de idiomas, que no pueden ser absorbidos por las subidas salariales, como otros complementos y pluses aplicados genéricamente, como el plus por convenio.
Los dos sindicatos no se oponen a que el salario mínimo pague impuestos por primera vez, siempre que se garantice un sueldo neto equivalente al 60% del salario medio neto del país. De hecho, según sus cálculos, el 5,2% de la subida corresponde a las retenciones de IRPF de una persona sin hijos.
Según han explicado, a medida que el mínimo se acerque al sueldo medio de la población trabajadora parece lógico y justo que contribuya también proporcional y progresivamente al bien común. De lo contrario, podría incluso resultar “discriminatorio” para aquellos trabajadores que ganan un poco más que el mínimo y que actualmente sí tributan en el IRPF.
Eso su en opinión de Luján, lo que hay que evitar es que “cualquier menoscabo o quita” lleva a las personas trabajadoras a quedar por debajo del umbral de pobreza y permita cubrir las necesidades de las personas y las familias.

Redactor jefe de Noticias Obreras



