Los sindicatos celebran la propuesta del Estatuto del Becario y reclaman al Congreso su aprobación
La aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto del Estatuto del Becario ha sido recibida con satisfacción por los principales sindicatos del país. Sin embargo, su aprobación definitiva es más que dudosa dada la oposición de PP, VOX y Junts.
La Unión General de Trabajadores (UGT) y su organización juvenil RUGE han celebrado la aprobación del texto, fruto de más de 15 meses de negociación en el marco del diálogo social. Destacan que el anteproyecto respeta el consenso alcanzado con los agentes sociales, y que representa un modelo que prioriza la formación real y los derechos de las personas becarias.
Entre los avances más relevantes, UGT subraya la limitación de las prácticas extracurriculares, la compensación de gastos derivados de la práctica y la equiparación de derechos con el resto de la plantilla. El sindicato insta a los grupos parlamentarios a mantener el consenso y aprobar la norma sin introducir modificaciones que desvirtúen el acuerdo.
Comisiones Obreras (CCOO) valora positivamente el texto aprobado, que recoge demandas históricas del sindicato como la tutorización adecuada, el control de las prácticas extracurriculares, la inclusión en los mecanismos de prevención de riesgos laborales y la participación de la representación legal de los trabajadores.
No obstante, CCOO advierte que la tramitación parlamentaria será compleja y llama a su afiliación a movilizarse para garantizar la aprobación de una ley que consideran esencial para mejorar las condiciones de la juventud trabajadora.
La Unión Sindical Obrera (USO) también respalda el anteproyecto, aunque reclama mayor voluntad política para evitar nuevos retrasos.
El sindicato destaca que, aunque el texto es mejorable, establece derechos mínimos fundamentales como la limitación de la duración de las prácticas, el reconocimiento de descansos y vacaciones, la compensación de gastos y la supervisión por parte de la Inspección de Trabajo.
USO insiste en que la formación práctica no debe sustituir empleos reales y que es urgente reconocer a los becarios como sujetos de derecho.
La oposición de la patronal
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), una vez más rechazan el anteproyecto. El empresariado ya se desvinculó del acuerdo alcanzado en junio de 2023.
La propuesta de ley no llegó al Parlamento por la convocatoria anticipada de elecciones generales. Tras dos años de andadura de la legislatura actual, el Gobierno por fin ha aprobado la ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa, sin que la patronal haya dado señales de retirar su oposición.
Aunque, como es habitual, la CEOE no ha emitido un comunicado oficial al respecto, en diciembre de 2023 en un acto conjunto organizado junto al Colegio de Gestores Administrativos, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, criticó duramente el esperado Estatuto del Becario, calificándolo como un ejemplo de la “peor calidad normativa” que caracteriza la legislación reciente.
Garamendi confesó no tener “ningún problema con que haya que pagar a los becarios”, aunque sí se quejó de la confusión que, a su juicio, presentaba el texto del Gobierno por no definir con claridad la figura del becario, por temor a que “si el inspector de trabajo decide que este señor no es un becario, es un empleado indefinido”.
“Lo que yo quiero es que me digan qué es un becario, porque si no, se va a disparar mi contratación indefinida. Este es un ejemplo de los problemas que detectamos respecto a la calidad de la normativa”, comentó.
Sin embargo, la CEOE ha dejado ver que el proyecto que regula las prácticas no laborales introduce limitaciones excesivas y cargas burocráticas, como los límites al número de becarios y los requisitos de compensación de gastos, que podrían desincentivar a la hora de ofrecer prácticas en las empresas.
También Cepyme critica que las nuevas obligaciones puedan hacer menos atractivas las prácticas y representar una sobrecarga de gestión, especialmente para las pymes.
Compromisos olvidados
Las organizaciones de trabajadores recuerdan que durante la negociación se incluyeron algunas de las propuestas presentadas con la patronal, “lo que demuestra el esfuerzo por alcanzar un equilibrio y una norma que fuera asumible por todas las partes”, en palabras de UGT.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, recordó que la norma que emana de uno de los compromisos que se recogían en la reforma laboral que pactaron los agentes sociales con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
De hecho, confesó que le “resulta incongruente debatir con las mismas personas sobre el escenario de las vacantes sin cubrir” y que no accedan a pactar cuestiones necesarias para garantizar una formación adecuada a los potenciales trabajadores.
Pacheco considera “absolutamente miope” decir que no hay capacidad para asegurar esa formación de calidad, teniendo en cuenta, apuntó, que existen 34.000 empresas con más de 50 empleados, que ocupan a casi dos tercios de la población asalariada, sin contar la función pública, en el país.
La norma, que busca regular las prácticas formativas no laborales, se presenta como una herramienta clave para combatir la precariedad juvenil y garantizar derechos básicos de las personas en prácticas. Actualmente, hay 1,65 millones de personas en prácticas no laborales, de las que el 56% son mujeres, según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo.
La aprobación del Estatuto podría contribuir a frenar la desafección política entre los jóvenes con grandes dificultades para insertarse en las relaciones laborales y desarrollar carreras profesionales de calidad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
