Reclaman políticas más justas y eficaces para erradicar la pobreza resistente en España
En el Día Internacional contra la Pobreza, Cáritas Española y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) han subrayado la urgencia de mejorar las políticas autonómicas para prevenir la pobreza y reducir las desigualdades territoriales, en un contexto de aumento de la inseguridad alimentaria y fragilidad social.
EAPN-ES destaca que España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea (UE) en todos los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad, y es el cuarto Estado con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia. Preocupa especialmente la tasa de pobreza infantil, la más alta de la UE, con 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza.
Según un reciente informe de Cáritas, una de cada diez personas en España —alrededor de 4,7 millones— sufre inseguridad alimentaria leve o moderada. El incremento del precio de los alimentos, la precariedad laboral y el elevado coste de la vivienda han provocado que muchas familias apenas pueden acceder a una dieta equilibrada.
“Sabemos el impacto que tiene la alimentación sobre la salud física y emocional. Una dieta insuficiente, desequilibrada o basada en productos ultraprocesados compromete el bienestar, especialmente de la infancia”, señala María Martínez, responsable del programa por el derecho a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva de Cáritas Española.
Dignificar la provisión de alimentos
Cáritas defiende un modelo de ayudas económicas individualizadas, en lugar de la distribución de alimentos en especie, para incentivar la autonomía, la dignidad y la soberanía alimentaria, con el fin de reducir el desperdicio y fomentar el consumo de productos locales y sostenibles.
“Nos preocupa cómo se produce la ayuda alimentaria. Cómo afecta cuando alguien tiene que hacer una cola para recibir una bolsa de comida, cuando no han podido elegir sus alimentos, cuando parece que más que un derecho es un privilegio o un regalo”, subraya Martínez
Por otra parte, EAPN-ES ha advertido que las transferencias públicas, incluidas las pensiones, son esenciales para evitar que 10,8 millones de personas entren en situación de pobreza. Sin estas ayudas, la tasa de pobreza aumentaría en más del 50 % en la mayoría de comunidades autónomas, especialmente en regiones como Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde la pobreza permanece por encima de la media estatal de exclusión (26,5 %).
El crecimiento económico no es suficiente
Aunque las políticas sociales aprobadas frente a las últimas crisis han tenido un impacto positivo, lo cierto es que la mejora no está alcanzando la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias, como evidencian las cifras de pobreza severa, que empeoraron en 2024: ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 € al mes.
De igual manera, EAPN-ES alerta de la persistente brecha norte‑sur: mientras que las comunidades del norte registran tasas de pobreza o exclusión social por debajo de la media europea (entre 0,8 y 11,5 puntos menos), las del sur superan la media nacional hasta en 10,9 puntos, alcanzando niveles alarmantes.
En este sentido, es importante señalar que, en las regiones con mejores datos como Euskadi, Navarra o Illes Balears, aunque la pobreza alcance a menos personas, lo hace con intensidad notable: más del 45% de las personas en riesgo de pobreza en estos territorios viven con menos de 644 € al mes.
Asimismo, advierte de que el mero crecimiento económico no ha logrado reducir la pobreza estructural, que se ha elevado hasta el 26,5 %, afectando a 12,7 millones de personas. “La mejora de los datos macroeconómicos que se viene dando los últimos años no revertirá de forma efectiva en la calidad de vida de la población si no se orienta a fomentar la inversión social y el papel protector del Estado, con políticas que refuercen la cohesión social y territorial. Y, por supuesto, con un sistema fiscal progresivo más justo que aumente la capacidad redistributiva”, plantea EAPN-ES
De hecho, como ya se vio con los datos estatales del Informe, el aumento del PIB en las Comunidades Autónomas y la creación de empleo no consiguen mejorar las cifras de pobreza de un modo proporcional.
Esta situación se refleja claramente en regiones como Canarias, Comunitat Valenciana o la Comunidad de Madrid. En el caso madrileño, aunque registra una de las rentas medias por persona más altas del Estado (€17.275) y presenta un PIB per cápita muy elevado, es una de las regiones más desiguales: el 20 % más rico de la población gana 5,5 veces más que el más pobre. Es imprescindible una mayor redistribución y mejorar la calidad del mercado laboral y de los sistemas de garantía de renta.
Crisis de la vivienda
La red indica que la crisis de la vivienda se ha situado como una de las principales preocupaciones de la población en España, y constituye también un factor importante de pobreza que aumenta las desigualdades existentes en las Comunidades Autónomas.
El incremento de los precios se evidencia sobre todo en los alquileres, cuyo gasto medio mensual ha subido un 39,3 % a nivel estatal entre 2014 y 2024, casi el doble si se compara con la cuota hipotecaria (sube un 20,1 %). Este incremento se agudizó en Illes Balears (+77,6 %) y en Canarias (+68,1 %) que, junto a la Comunidad de Madrid, Catalunya y la Comunitat Valenciana, son las regiones donde vive un mayor porcentaje de población con gasto elevado en vivienda (40 % o más de la renta), por encima de la media estatal.
Ambas organizaciones coinciden en que es necesario reforzar las prestaciones sociales autonómicas y establecer políticas sociales estructurales para revertir estas dinámicas.
Cáritas insta a sustituir el modelo asistencial por uno centrado en el derecho y la autonomía, mientras que EAPN-ES propone impulsar un Pacto Estatal contra la Pobreza que cuente con respaldo político y territorial para garantizar derechos y fortalecer el estado de bienestar. Solo con una intervención pública decidida, basada en la personalización de las ayudas, la coordinación entre administraciones y la redistribución equitativa, será posible avanzar en la reducción efectiva de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.
Redactor jefe de Noticias Obreras
