Los sindicatos piden mejorar las condiciones laborales para mejorar la salud mental de la población trabajadora
En el Día Mundial de la Salud Mental, los sindicatos españoles CCOO, UGT y USO han coincidido en señalar el impacto de las de las condiciones laborales en el bienestar psíquico de las personas trabajadoras.
Los tres sindicatos coinciden en que la precariedad, la sobrecarga laboral, el mal clima organizacional y la inseguridad en el empleo son factores que deterioran gravemente la salud mental.
CCOO recuera que en nuestro país el 40% de las personas trabajadoras identifica el trabajo como causa principal de estrés, ansiedad o depresión, una cifra muy superior a la media europea, situada en el 29%.
Además, casi la mitad (49%) afirma estar expuesta a presiones de tiempo o sobrecarga laboral, una situación que se debe a que España se encuentra entre los países europeos que menos iniciativas aplican para prevenir los riesgos psicosociales.
Esta organización recuerda que el exceso de carga de trabajo, la baja autonomía, la imposibilidad de aplicar habilidades y conocimientos en las tareas, o la inseguridad en el empleo están estrechamente relacionadas con un mayor riesgo de padecer trastornos mentales.
Así insiste en que entre el 11% y el 27% de los trastornos y las enfermedades mentales en España podrían prevenirse si se eliminara la exposición a estos daños y se modificaran las condiciones laborales que los provocan.
UGT recuerda que solo en 2024 se registraron un total de 671.618 situaciones de incapacidad temporal por trastornos mentales y del comportamiento en España, lo que supone un aumento de un 136% respecto a las registradas en 2016.
La duración media de las bajas laborales derivadas de los trastornos mentales es muy superior a la calculada para todos los diagnósticos de baja laboral en su conjunto, siendo de 2,5 veces superior para el año 2023
Este sindicato advierte de las desigualdades de género en la salud mental y de diagnósticos de ansiedad o depresión. Las mujeres alcanzan tasas significativamente más altas de depresión: un 9,2% frente al 4% en hombres, según datos de 2023.
Sin embargo, son pocas la empresas que cuentan con una evaluación adecuada de los llamados riesgos psicosociales y todavía menos las que modifican las condiciones de trabajo para evitar problemas de salud mental.
La falta de médicos especialistas y en las empresas hacen imposible el reducir los factores de riesgos, a pesar de que cuidar la salud mental no solo es responsabilidad de las personas trabajadoras, sino que también debe ser una prioridad tanto de empresas como de las administraciones públicas.
CCOO reclama políticas de prevención efectivas, evaluación real de los riesgos psicosociales y una mayor implicación institucional para proteger la salud mental, imprescindible en el derecho a un trabajo digno y seguro.
UGT propone la elaboración, con la participación de los interlocutores sociales, de una directiva comunitaria dirigida a regular la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas; actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo; la elaboración de una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, para nuestro país y dotar de perspectiva de género a la prevención de riesgos laborales.
El sindicato USO, por su parte, insiste en extender la figura del delegado o delegada de prevención en los centros de trabajo, además de incluir las patologías derivadas de los riesgos psicosociales en el listado de enfermedades profesionales.
La salud mental de los y las estudiantes de la Universidad
También la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha difundido hoy un comunicado en el que llama al Gobierno a que implemente una estrategia estatal de salud mental universitaria, acompañada de una financiación suficiente que garantice el bienestar psicológico del estudiantado
Según esta organización denuncia una situación crítica, con datos del Ministerio de Universidades y Sanidad, más del 50 % del alumnado ha necesitado apoyo psicológico en el último año, y uno de cada cinco ha tenido pensamientos suicidas en semanas recientes, CREUP atribuye esta crisis a la precariedad económica, la presión académica y la falta de servicios accesibles en los campus.
La coordinadora estudiantil denuncia la desigualdad situación entre universidades: mientras algunas cuentan con gabinetes psicológicos estables, otras presentan servicios insuficientes o inexistentes, con listas de espera de varios meses. Esta disparidad vulnera el principio de equidad y deja sin apoyo a miles de estudiantes que enfrentan ansiedad, depresión y estrés académico.
Además, CREUP critica que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque reconoce el bienestar universitario, no garantiza ni la obligatoriedad ni la financiación de los servicios de salud mental, dejando su implementación a la discrecionalidad de cada centro o comunidad autónoma.
CREUP concluye que la salud mental debe ser tratada como un derecho educativo y una prioridad nacional. “No puede seguir siendo una cuestión secundaria ni un privilegio al alcance de pocos”, afirma la organización. Un sistema universitario sano y emocionalmente equilibrado es, según CREUP, la base para construir una sociedad más justa, inclusiva y resiliente.
Redactor jefe de Noticias Obreras
