La discriminación laboral de las personas migrantes: entre la segregación institucional y el racismo cotidiano
El mercado de trabajo está segmentado y quienes vienen de fuera de nuestras fronteras se llevan la peor parte, de entrada, por las dificultades estructurales para acceder a los derechos de ciudadanía, en el caso de encontrarse en una situación irregular. La discriminación, tanto institucional como social, impide a muchas de ellas acceder en igualdad de condiciones al trabajo decente
Los datos muestran que las personas extranjeras presentan más desempleo que las personas autóctonas y las comunitarias. Ocupan sectores de baja cualificación, con mayor precariedad y están expuestos en mayor medida a los riesgos y abusos.
En enero de 2024, España superó un hito demográfico: de los 48,6 millones de habitantes, 6,5 millones son personas extranjeras, lo que representa el 13,37% de la población total. Este porcentaje marca un récord histórico y refleja una aceleración en el crecimiento de este colectivo.
El protagonismo económico de la población extranjera también va en aumento. Su tasa de actividad se sitúa en el 68,54%, muy por encima de la media estatal del 58,49%. Además, representan el 15,18% del total de personas ocupadas, con una tasa de empleo del 57,72%, también superior a la media nacional (52,28%).
Las ocupaciones más comunes entre las personas extranjeras contratadas son peones agrícolas (13,39%), camareros (9,83%) y peones de la industria manufacturera (7,74%). Sin embargo, donde encuentra la estabilidad mayoritaria es en la construcción y el empleo doméstico.
“Muchas de las personas que demandan un empleo no han podido conseguir los papeles”, comenta Carmen Martínez, encargada de orientación laboral de la asociación Puentes de Esperanza.
“Tienen que esperar dos años (antes eran tres) para demostrar el arraigo y poder ser contratados legalmente. Es un sin sentido, cuando hay empresas y personas que buscan trabajadores”, comenta. “No pueden vivir del aire, están condenados a la economía sumergida”, apunta.
De este modo, la legislación acaba favoreciendo la existencia de mano de obra barata dispuesta a trabajar largas horas, sin derechos, saltando de una ocupación a otra, para beneficio de quienes menos escrúpulos tienen, en el peor de los casos, o, por ser benévolos, sienten que no hay otra forma de sacar adelante sus negocios.
En el caso de la población extranjera en situación regular, la discriminación adopta formas diversas. Puede ser rechazadas en los procesos de selección de personal, relegada a los puestos más ingratos, recibir peor trato y ser objeto de desprecios y ofensas.
El trabajo, fuente de discriminación
Un informe de SOS Racismo denunciaba que el 10% de la discriminación a extranjeros en España se producen en el trabajo. Los datos manejados por esta federación se refieren solo a 544 denuncias atendidas, por lo que la muestra puede no ser suficientemente representativa.
Con todo, la organización antirracista documentó 27 casos de discriminación entre compañeros de trabajo con actitudes excluyentes, bromas ofensivas, hostigamiento, difusión de estereotipos, o rechazo hacia por motivos personales como religión, orientación sexual o nacionalidad.
También registró trece ejemplos de explotación laboral, tres en el sector agrario y diez en el empleo doméstico, un sector que concentra gran parte de malas prácticas y discriminación laboral.
La doble discriminación por género y origen
Lo sabe bien, Carmen Martínez, de Puente Esperanza, asociación a la que acuden preferentemente personas migrantes sin documentación en regla. “Se busca a personas que trabajen mucho y cobren poco, para tenerlas de internas 24/7 por 900 euros, cuidando de personas mayores”.
Curiosamente, apenas, se solicitan “los servicios de hombres, que en este sector estarían “discriminados, de alguna forma”, apunta la voluntaria de la asociación, por lo que acaban en la construcción, en la hostelería, haciendo reparaciones, dependiendo del riesgo que esté dispuesto a asumir el empleador
Sin embargo, a grandes rasgos, la discriminación laboral por el origen es más intensa para las mujeres, como bien sabe la delegada sindical de CCOO de la atención a domicilio, Patricia Daza.
Cuando las auxiliares “se niegan a hacer tareas que no les corresponden, como planchar la ropa de toda una familia no es raro tener que aguantar comentarios despectivos”, describe.
En principio, gracias a los convenios colectivos que regulan salarios, horarios y funciones, las condiciones de trabajo son “iguales”, al menos de partida, dice la sindicalista, que reconoce que otra cosa es el trato, el acceso a cargos de responsabilidad o las posibilidades de ejercer derechos como a la conciliación, las bajas médicas y otras licencias.
“En muchos de los países de donde venimos, está mal visto acercarte a un sindicato, por lo que hay personas que optan por no hablar, por no denunciar”, reconoce, aunque comprende que “si se encuentra en una situación de necesidad”, están más expuestas a “aguantar más”.
“Cuando empecé a trabajar hace 20 años en una casa cuidando de una persona menor, al verme en la puerta, el primer día, se sobresaltó y dijo “extranjera, no”, recuerda la delegada sindical de origen colombiano.
Eso sí, aclara, “las mujeres árabes, con una educación moral y religiosa diferente, a las que les cuesta más hacer ciertas cosas, suelen tener que soportar más desprecios”.
Las dificultades de probar estos hechos, las complicaciones que pueden suponer y las escasas esperanzas de reparación, seguramente, desalientan a las personas que son discriminadas en el trabajo por su origen a interponer una denuncia.
Negarles la posibilidad de participar en los procesos de selección al ver los apellidos, la foto o el barrio de residencia es también una discriminación frecuente. Incluso superado este primer filtro, no es raro que la persona responsable de cubrir la vacante pueda tener algún sesgo racista que le hace rechazar al demandante de empleo migrante.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), ha publicado el estudio Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España, en el que estima en 17.000 millones de euros (un 1,3% del PIB) el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en nuestro país, tomando como base los datos de 2022.
Esta evaluación en términos económicos se apoya, principalmente, en la cuantificación del valor de los salarios que estas personas dejan de percibir por razón de la discriminación.
El informe también analiza otra forma de discriminación laboral: la sobre cualificación. Un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y un número considerable de aquellos con estudios secundarios están empleados para un puesto de trabajo que está por debajo de su formación.
Hijos e hijas de migrantes
Un estudio, publicado en 2019, sobre La Integración de los Jóvenes Hijos de Inmigrantes en el Mercado Laboral Español reveló que los hijos de españoles tienen un 36% más de posibilidades que los hijos de migrantes de ser seleccionados para pasar el primer proceso selectivo en ofertas de trabajo.
En comparación con los hijos de españoles, los hijos de marroquíes tienen un 50% de posibilidades de que se les rechace la solicitud de empleo, los hijos de migrantes peruanos un 30% y los hijos de migrantes chinos un 31%.
Redactor jefe de Noticias Obreras
