La desigualdad: incesante fuente de conflictos y guerras
Estos días, la atención mediática y social está centrada, mayormente, en el genocidio en Gaza, en la ilegal y repugnante captura de la flotilla de la dignidad, en las guerras —verdadero origen de incontables plagas bíblicas— o en la judicialización de la política en nuestro país.
Sin embargo, no convendría perder de vista la raíz que en gran medida alimenta todos estos males: la desigualdad. Como advierte Thomas Piketty en El Capital en el siglo XXI, “una sociedad desigual es siempre una sociedad inestable, en tensión permanente con su propia democracia”.
La urgencia de enfrentar la desigualdad
La desigualdad ya no es un fenómeno periférico: es central. La OCDE sitúa a España como uno de los países desarrollados con menor movilidad social, donde el origen socioeconómico de la familia explica más del 35% de la diferencia de ingresos posibles.
La Comisión Europea recuerda que más del 20% de la población de la UE vive en riesgo de pobreza o exclusión, mientras Oxfam Internacional alerta de que el 1% más rico concentra más riqueza que el 99% restante.
Otra vez el economista Thomas Piketty lo expresa con crudeza: “Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de manera duradera la tasa de crecimiento, el capitalismo produce desigualdades insostenibles” (cfr. Idem Fondo de Cultura Económica, 2024, p.31).
Abordar esta cuestión ahora es vital porque erosiona la democracia y alimenta la desafección política. En palabras del papa Francisco: “La desigualdad es la raíz de los males sociales”. También las iglesias constatan el incremento de necesidades básicas y la dificultad de dar respuesta a una pobreza cada día más cronificada.
Datos, causas y efectos
Para fundamentar este diagnóstico conviene acercarse a fuentes fiables. En la revista Éxodo 162-163 (2023), en sociólogo Carlos Pereda, comentando la 7.ª Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España, 2022) afirmaba:
“La décima parte de hogares más ricos ha incrementado su patrimonio medio un 66% desde 2002… acumulando una riqueza conjunta en 2020 de 2,7 billones de euros, más que el restante 90% de hogares (2,3 billones)”.
Este dato muestra que la concentración patrimonial avanza mucho más rápido que la economía general, mientras los hogares más pobres sobreviven con deudas o patrimonio negativo. Entre las causas se destaca la herencia patrimonial, el mercado laboral precarizado, el elevado precio de la vivienda y la brecha educativa y tecnológica.
Los efectos son devastadores. Según el informe Perspectivas Sociales 2023 de la ONU, la desigualdad reduce el crecimiento sostenible y aumenta la conflictividad social.
En España, la Fundación FOESSA advierte de que más del 27% de los hogares sufre exclusión social.
En lo religioso, las diócesis denuncian que la demanda de alimentos y ayudas superan su capacidad. La propia revista Éxodo (2016) en su número 131 alertaba: “Cuando el principio de la igualdad humana parecería haberse convertido en un argumento irrefutable… han surgido nuevas legitimaciones ideológicas del desigualitarismo”.
Respuestas, avances y fracasos
Existen políticas redistributivas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España o los fondos europeos Next Generation, pero su alcance es limitado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que más del 50% de los hogares candidatos al IMV no acceden a él.
A escala global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sitúan la reducción de las desigualdades como meta a alcanzar en el 2030.
En Europa, el Pilar Europeo de Derechos Sociales intenta reforzar la cohesión. En España, la sanidad y la educación universales son colchón imprescindible, pero, con la presión privatizadora de la ultraderecha, resultan más insuficientes cada día.
La filósofa Adela Cortina lo resume: “La igualdad no significa uniformidad, sino que cada ser humano pueda desplegar su proyecto vital en condiciones dignas”.
El fracaso de muchas políticas responde a la falta de evaluación y continuidad. En 2022 se aprobó en el Congreso la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, pero el órgano independiente que debía implementarla aún no existe.
Sin mecanismos de control y con resistencias ideológicas, los avances se diluyen. Como se advierte Éxodo 161 (2023): “La crisis epocal que padecemos parece resolverse generando mayor desigualdad e injusticia”.
Conclusión: la igualdad como derecho irrenunciable
La desigualdad no es solo un número: erosiona la confianza en las instituciones, debilita la cohesión social y amenaza, con extremismos ideológicos, la democracia.
La Constitución española garantiza que “los españoles son iguales ante la ley” y la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la igualdad como un derecho inalienable.
Revertir la desigualdad exige voluntad política, reformas fiscales justas, evaluación rigurosa de políticas y compromiso social. Las iglesias y movimientos ciudadanos también deberían implicarse activamente, porque este es un desafío que no deja indiferente a nadie.
Como señala Éxodo: “Cuando el principio de igualdad parece consolidado, resurgen nuevas legitimaciones de la desigualdad”. La igualdad no es una utopía: es una obligación ética, política y evangélica, condición imprescindible para un futuro democrático, social y justo.
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