Aprobada la ley de Movilidad Sostenible que obligará a las empresas a elaborar sus propios planes
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible tras una votación muy ajustada que se saldó con 174 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, cuatro abstenciones de Podemos y en contra Partido Popular, Vox y UPN.
La decisión de Podemos de no bloquear la ley se produjo tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para reforzar los criterios medioambientales en las obras de ampliación del aeropuerto del Prat, un proyecto que ya contaba con exigencias técnicas y sociales desde su inicio.
La aprobación de esta ley permitirá al Gobierno acceder a 10.000 millones de euros en fondos europeos, destinados a impulsar una transformación profunda del sistema de transporte en España.
La norma plantea un nuevo modelo de movilidad que busca reducir las emisiones contaminantes, fomentar el uso del transporte público y promover alternativas sostenibles como la bicicleta o el coche compartido.
Durante más de tres años de tramitación, el texto ha sido objeto de intensas negociaciones y ha recibido cientos de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, así como aportaciones de entidades sociales, sindicales y ecologistas.
Estas organizaciones han celebrado la aprobación de la ley, aunque han señalado que el texto final no alcanza el nivel de ambición necesario. Aun así, consideran que constituye una base sólida para seguir avanzando hacia un sistema de transporte más justo y sostenible.
“La Ley no está a la altura de los tiempos, pero constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando”, apuntan.
Al menos, incorpora por primera vez el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en el sector del transporte para el año 2050, reconociendo principios como la multimodalidad, la eficiencia energética, la justicia social y la inclusividad.
También establece obligaciones para las empresas en materia de movilidad laboral, promueve el teletrabajo y la flexibilización de horarios, y contempla estrategias para combatir la pobreza de transporte.
Las empresas con más de 200 empleados tendrán que elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Inicialmente, el proyecto de ley tan solo contemplaba esa obligación para las empresas de más de 500, las cuales apenas representan un 1% del total.
La ley recoge también la obligación de elaborar una estrategia estatal contra la Pobreza de Transporte, y la inclusión de su definición, así como la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones de CO₂ de los vehículos.
El gas natural licuado de origen fósil ha dejado de mencionarse como el combustible prioritario en el transporte marítimo, mientras que se impulsará la eliminación de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas y la a recuperación de trenes nocturnos y de conexiones ferroviarias con el resto de países de la Unión Europea.
El sector del transporte es actualmente el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. En 2024, representó el 33,3 % del total de emisiones, siendo el transporte por carretera el más contaminante. Además, la contaminación atmosférica derivada del tráfico urbano sigue teniendo un grave impacto en la salud pública, con miles de muertes prematuras cada año.
Las organizaciones sociales que han respaldado la ley han instado al Gobierno y a los partidos políticos a seguir profundizando en sus contenidos para lograr un sistema de movilidad verdaderamente transformador.
CCOO y UGT, por su parte, han subrayado la necesidad de avanzar en medidas que mejoren las condiciones laborales del sector, como la jubilación anticipada para conductores profesionales, debido a la elevada siniestralidad y el envejecimiento de la profesión.
Tras su aprobación en el Congreso, la ley continuará su tramitación en el Senado, donde se espera que se mantenga el debate sobre su alcance y aplicación.
Redactor jefe de Noticias Obreras
