“Un techo por derecho”: la lucha por la vivienda digna en Málaga
La vivienda en Málaga se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la ciudad. La masificación turística, la proliferación de pisos vacacionales y la falta de políticas eficaces han dejado a miles de familias en una situación límite. Esther, madre de tres hijos y trabajadora de la Universidad de Málaga, conoce esta realidad de primera mano.
Su historia es el reflejo de una problemática que afecta a miles de malagueños y que se ha convertido en el motor de la movilización ciudadana. En Málaga se vivieron varias multitudinarias manifestaciones por el derecho a la vivienda.
Esther participó en ella y recuerda con asombro la cantidad de personas que salieron a las calles: “cuando íbamos por la Alameda, mirábamos hacia atrás y aún había gente en la plaza de la Merced, de donde salimos. Me sorprendió tantísima participación; fue la prueba de que el problema es muy grave”.
Aquella jornada fue para ella una muestra clara de que la crisis de la vivienda en Málaga trasciende los casos individuales y constituye una preocupación colectiva.
Para Esther, la raíz del problema está en la expansión de los pisos turísticos, que han desvirtuado el mercado del alquiler. “Antes los turistas venían a hoteles, ahora ocupan viviendas que deberían ser para los malagueños. Esto nos expulsa, tanto a jóvenes como a familias con hijos o a personas mayores”.
Según su visión, los pisos turísticos deberían concentrarse en zonas de playa y los hoteles asumir el alojamiento turístico en la ciudad, liberando las viviendas para quienes trabajan y necesitan residir en Málaga. A la falta de regulación, se suma el hecho de que muchos de estos pisos ni siquiera están registrados legalmente, lo que agrava aún más la situación.
La vivienda como pilar de la vida familiar y el peso de la precariedad laboral.
Esther insiste en que tener un hogar no es un lujo, sino un derecho básico: “sin vivienda, sin hogar, se destruye la familia. La vivienda es el pilar fundamental”. Su propia experiencia es el ejemplo de cómo la inestabilidad residencial repercute en todos los ámbitos de la vida: desde la seguridad económica hasta la educación de los hijos. Para ella, no disponer de una vivienda estable implica condenar a las familias a la precariedad y la exclusión.
La inestabilidad de la vivienda afecta también a la escolarización de su hija pequeña, que tiene dislexia y requiere atención especializada. “No puedo cambiarla de colegio, porque rompería todo el trabajo hecho con psicólogos y especialistas. Pero vivir lejos del centro escolar obliga a depender de la ayuda de amigos y familiares. Es una carga añadida a la incertidumbre diaria”. El simple hecho de garantizar la asistencia escolar se convierte en una odisea cuando no se cuenta con un domicilio estable.
A pesar de tener empleo, la situación laboral de Esther no le permite acceder a un alquiler digno ni a una hipoteca. Es trabajadora fija-discontinua de la Universidad de Málaga, con contratos de nueve meses al año. “Voy a un banco y me dicen que no me conceden hipoteca porque no trabajo todo el año. Los propietarios de alquiler también desconfían de estos contratos. Aunque tenga ingresos, no me consideran solvente”. A esto se suman los elevados precios de la vivienda, que hacen imposible cubrir los gastos básicos de una familia monoparental con tres hijos.
Sorteos opacos y burocracia interminable para una ayuda insuficiente
El Ayuntamiento de Málaga puso en marcha el llamado Plan 5, que ofrece subvenciones al alquiler durante cinco años de forma decreciente: el primer año cubre el 100% de la renta hasta un límite, pero con el tiempo la aportación disminuye y la familia debe asumir un porcentaje cada vez mayor.
Esther logró acceder a este plan, pero se encontró con un obstáculo insalvable: los propietarios no quieren alquilar a beneficiarios de ayudas públicas.
“En Málaga apenas hay unas diez viviendas aceptadas con este plan, frente a las más de 3.000 solicitudes de familias en exclusión social. Es como buscar una aguja en un pajar”.
Otro de los escollos con los que se ha topado Esther es el sistema de adjudicación de viviendas sociales mediante sorteos. A su juicio, es un procedimiento opaco y arbitrario, que no tiene en cuenta la urgencia real de las familias.
Además, la burocracia ligada al padrón ha supuesto un obstáculo permanente: “me pidieron estar empadronada, pero al no tener vivienda me quedé fuera del sorteo. Es injusto, porque hasta hacía poco sí tenía el padrón en regla y cumplía los requisitos. Las ordenanzas no coinciden con lo que luego exigen en la práctica”.
El empadronamiento se convierte en una trampa burocrática: sin dirección fija no se puede estar en los listados, y sin estar en los listados no se accede a ayudas ni a vivienda. La pescadilla que se muerde la cola.
La organización colectiva: un techo por derecho
Ante tantas dificultades, Esther decidió unirse a la plataforma Un techo por derecho, un colectivo formado mayoritariamente por mujeres monoparentales afectadas por desahucios.
“Nos conocimos en un pleno municipal y descubrimos que compartimos los mismos problemas. Empezamos a organizarnos para parar desahucios, apoyarnos en trámites legales y visibilizar la situación”.
Hoy el grupo reúne a más de un centenar de personas y se ha convertido en un actor clave en la denuncia de la crisis habitacional en Málaga. Aunque carecen de sede propia, reciben el apoyo puntual de colectivos que les ceden locales para reunirse. Su objetivo es claro: cambiar las ordenanzas y presionar a la administración para que actúe con empatía y eficacia.
Lo que debería hacer la administración. Un cambio necesario y urgente
Esther reclama a las instituciones públicas mayor sensibilidad y compromiso. Considera que los ayuntamientos deberían actuar con empatía, escuchar caso por caso y agilizar los trámites. Además, pide una mayor coordinación con grandes tenedores y bancos, que acumulan viviendas vacías mientras miles de familias carecen de hogar.
“Esas entidades tienen también una responsabilidad social. Si pusieran parte de sus viviendas en alquiler social, aliviaría la situación de muchísimas familias”.
Para ella, la solución pasa por ampliar el parque de vivienda pública y limitar el negocio turístico que está expulsando a los vecinos de Málaga.
La historia de Esther no es única. Miles de familias malagueñas atraviesan situaciones similares, atrapadas entre alquileres inasumibles, ayudas ineficaces y un mercado inmobiliario dominado por el turismo. Sin embargo, su testimonio refleja también la esperanza que surge de la organización colectiva.
“La unión hace la fuerza. Éramos pocas, pero cada vez somos más. Vamos a seguir luchando hasta que se reconozca que la vivienda es un derecho y no un negocio”.
Su voz es un recordatorio de que detrás de las estadísticas hay vidas en juego, niños que necesitan estabilidad, familias que reclaman dignidad.
En palabras de Esther: “La Constitución reconoce el derecho a la vivienda. Ahora hace falta que las administraciones y la sociedad lo hagan realidad”.
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
