El sindicalismo global alerta del riesgo de que las corporaciones se conviertan en una forma de gobierno paralelo
La Confederación Sindical Internacional (CSI) denuncia a siete corporaciones, entre ellas Amazon, Meta, o SpaceX por su capacidad para influir en los principios y marcos normativos de los Estados e instituciones.
En su informe anual Empresas que socavan la democracia 2025, no se limita a señalar violaciones laborales, sino que expone cómo estas compañías consolidan su poder económico mediante prácticas que incluyen la evasión fiscal, la presión política, la militarización de sus actividades y los vínculos con ideologías autoritarias.
Las señaladas se encuentran Amazon, Meta, Anduril Industries, Northrop Grumman, Palantir Technologies, SpaceX y Vanguard. Todas ellas, según la CSI, representan una amenaza no solo para los derechos laborales, sino para el equilibrio democrático en múltiples países.
No son las únicas, advierte el informe, aunque sí las que desarrollan sus prácticas para socavar la democracia, sutiles o manifiestas, con “una ferviente especulación derivada de la peligrosa militarización de nuestras economías”.
Estas empresas no son meramente “extractivas, despojando a los trabajadores de lo que se les debe y de su poder democrático para luchar”, sino que las califican además de “destructivas”, ya que desarrollan las armas más peligrosas jamás conocidas y las confían a multimillonarios arrogantes deseosos de abandonar a la humanidad; multimillonarios que “no solo se aprovechan de las catástrofes… sino que simultáneamente las provocan y las planifican“.
Amazon, por ejemplo, ha sido acusada de invertir millones en contratos militares, incluyendo acuerdos con el gobierno israelí para intensificar la vigilancia en territorios ocupados. Además, mantiene relaciones con agencias como la CIA y la NSA, y ha sido sancionada por violaciones laborales, medioambientales y de privacidad en varios continentes.
Meta, por su parte, ha sido criticada por su giro hacia la extrema derecha tras la reelección de Donald Trump. La empresa habría revocado políticas de inclusión y diversidad, y permitido que sus plataformas se utilicen para difundir discursos de odio y desinformación.
También ha colaborado con gobiernos autoritarios y ha facilitado el uso militar de su inteligencia artificial. Las multas acumuladas por Meta en los últimos años superan los once mil millones de dólares.
El informe dedica especial atención a empresas vinculadas directamente con el complejo militar-industrial. Anduril Industries, fundada por Palmer Luckey, ha desarrollado sistemas de vigilancia automatizada que ya se utilizan en la frontera entre Estados Unidos y México.
Su sistema operativo Lattice permite la detección de amenazas y la gestión de ataques, y la empresa ha invertido en drones kamikaze y tecnologías de guerra autónoma. La CSI denuncia que Anduril no permite la sindicalización y promueve la automatización para reducir costes laborales, lo que representa una amenaza directa a la democracia en el lugar de trabajo.
Financiación de grupos belicistas y antisindicales
Northrop Grumman, el mayor contratista de armas nucleares del mundo, también figura en el informe. La empresa financia a políticos que se oponen al control armamentístico y a los sindicatos, y ha sido sancionada por violaciones laborales y medioambientales.
Su participación en proyectos como el misil intercontinental Sentinel y el bombardero nuclear B-21 ha sido criticada por científicos y premios Nobel por su peligrosidad. La CSI señala que la tasa de sindicalización en Northrop ha caído drásticamente, reflejando una estrategia deliberada de deslocalización y subcontratación.
Palantir Technologies, propiedad de Peter Thiel, ha evolucionado hasta convertirse en el sistema operativo de datos para la guerra, la vigilancia policial y la inmigración. Sus plataformas Gotham e ImmigrationOS permiten el seguimiento en tiempo real de ciudadanos y migrantes, y han sido utilizadas en conflictos como Afganistán y Yemen.
La CSI denuncia que Palantir ha contribuido a la militarización de la inteligencia artificial y ha sido excluida de carteras de inversión éticas por su colaboración con gobiernos represivos.
SpaceX, dirigida por Elon Musk, está profundamente integrada en la planificación militar de Estados Unidos y otros países. El informe señala que los beneficios obtenidos por Musk se canalizan hacia proyectos políticos de extrema derecha en varios continentes. La empresa ha colaborado con el Departamento de Defensa y ha sido parte de consorcios con Palantir y Anduril para licitar contratos militares.
Musk ha pedido públicamente que se priorice a Anduril en adquisiciones militares, y ha sido vinculado a redes de influencia política conservadora.
Finalmente, Vanguard aparece como el mayor inversor en armas nucleares del mundo. La CSI denuncia que ha abandonado sus compromisos medioambientales y sociales para alinearse con la extrema derecha estadounidense.
Su influencia financiera permite la difusión de ideas reaccionarias a través de medios, universidades y grupos de presión. Mientras otras gestoras intentan mantener una imagen progresista, Vanguard ha optado por una estrategia de alineación con el poder político conservador, debilitando los avances democráticos en gobernanza corporativa.
La agenda autoritaria
El informe concluye que estas empresas no solo socavan la democracia en el lugar de trabajo, sino que también influyen en la política global, erosionan derechos fundamentales y promueven agendas autoritarias.
La CSI llama a fortalecer la regulación internacional, apoyar la sindicalización y exigir transparencia en las relaciones entre corporaciones y gobiernos. Coaliciones como Make Amazon Pay, de la que la CSI forma parte, están liderando campañas para frenar el poder corporativo y defender los derechos de los trabajadores. “La democracia no puede sobrevivir si se subordina al afán de lucro”, advierte el documento.
En la declaración “Por una democracia que responda aportando paz y prosperidad para todos”, la CSI, junto a Greenpeace Internacional, la Oficina Internacional por la Paz, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, Oxfam, 350.org y otras 17 organizaciones más advertía de la “creciente amenaza para nuestra seguridad colectiva” derivada de la concentración de poder y riqueza “en manos de una despiadada alianza de multimillonarios y fuerzas políticas de extrema derecha”.
“La influencia de esta élite favorece el auge de los regímenes autoritarios, despojando a los pueblos de su poder colectivo, acelerando la carrera armamentística y el cambio climático, y desviando recursos en detrimento del desarrollo humano y la consolidación de la paz”, decían.
Abiertamente, hablan de un “golpe de Estado de los multimillonarios” que está influyendo para que “gobiernos de todos los continentes están dando mayor prioridad a la expansión militar que a la protección social o al desarrollo sostenible”.
La internacional sindical que “los trabajadores del mundo no quieren dejar su futuro en manos de los multimillonarios” y que “están luchando”. Muestra de ello es su campaña Por la Democracia, en la que las organizaciones de trabajadores y otras entidades piden a los Gobiernos que “construyan un mundo mejor en el que se erradique la amenaza de las armas nucleares, en el que la democracia aporte paz y prosperidad para todas las personas, y en el que se garantice la seguridad común a través de la solidaridad y el desarrollo sostenible”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
