La compensación a las víctimas del amianto: un hito “histórico”, que llega “tarde” y es “insuficiente”
El fondo de compensación a las víctimas del amianto ya está en funcionamiento tras dos años y ocho meses después de la aprobación de la ley y doce desde que el parlamento vasco se planteó resarcir a quienes enfermaron por haber respirado en su puesto de trabajo partículas de este mineral cancerígeno.
Se trata, de “un acontecimiento muy importante para las víctimas”, ha destacado el portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), Jon García, al haber logrado “el reconocimiento, por parte, del Estado de su responsabilidad por no salvaguardar la salud de las personas y del daño causado”.
Pero el final de este “larguísimo proceso” ha quedado empañado por su mal diseño y escasa repercusión.
“Nos parece incomprensible que, tras largos años de espera, el Gobierno no respete el espíritu de la Ley que proponía unas compensaciones para todas las víctimas, sin ningún tipo de distinciones”, ha expresado Jon García, portavoz de las víctimas del amianto, acompañado en rueda de prensa por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Unai Sordo ha señalado igualmente el “hito histórico” que supone, para a continuación denunciar que “llega tarde”, “viene a paliar muy parcialmente una injusticia histórica” y “es insuficiente” para atender toda la casuística de “un drama soterrado”.
“Si no se prohibió” el uso de la sustancia, “si las empresas lo usaron, y no hicieron planes de prevención”, ha matizado Sordo, “no valen ahora excusas de mal pagador”.
“Parece que las Administraciones Públicas tienen miedo a abrir una puerta a una reclamación amplia por su responsabilidad en las enfermedades profesionales, en este y otros casos”, ha criticado Sordo.
El líder de CCOO tiene la impresión de que el Gobierno “va a rastras” en esta matería y se está poniendo “la venda en una herida que no es real”, porque la mayoría de las miles de personas afectada ya han muerto, desgraciadamente.
Su compañero de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado que el Gobierno se haya “descolgado con un reglamento no acordado, ni con las víctimas en primer lugar, ni con nosotros” y le ha recordado su “responsabilidad subsidiaria” por no velar por la salud de los trabajadores.
Precisamente, ha explicado “pagamos impuestos y defendemos que se paguen, justamente para que luego se dé cobertura a las personas” que atraviesan diversas vicisitudes en su vida, más ante “la negligencia del propio Estado”.
Discriminación con respecto a otros colectivos
El portavoz de las víctimas del amianto ha detallado que han sido “excluidas” las personas herederas y aquellas otras que enfermaron fuera del lugar del trabajo, como pueden ser los familiares de los trabajadores, así como las personas ya fallecidas.
Aunque es muy difícil de determinar, García estima el número de indemnizaciones finalmente no será abrumador, teniendo en cuenta que apenas se han reconocido 700 casos de enfermedades causadas por amianto en España y que muchas de las personas con estas dolencias ya han fallecido.
En todo caso, tendrán que esperar a la aprobación de nuevos presupuestos generales del Estado y confiar en que el Ejecutivo se acuerde de ellas.
Las cuantías contempladas en el reglamento, que van de unos 96.000 a menos de 50.000, en función de la enfermedad diagnosticada apenas son la tercera parte de las establecidas en los juzgados y las que otorga el Estado francés, además de estar muy lejos de las concedidas otras víctimas en España como las del terrorismo, de hemofilia por VIH o talidomina .
La determinación como víctima del amianto tampoco parece que vaya ser sencilla, mucho menos rápida, puesto que el Gobierno ha delegado en las Comunidades la responsabilidad de crear las debidas comisiones de valoración.
El objetivo sindical no solo es “resarcir a las víctimas” en lo posible por el daño causado, sino también “evitar larguísimos y dolorosos procesos judiciales” y “favorecer el reconocimiento del origen laboral de las enfermedades profesionales”, como una “forma a futuro de fomentar la prevención, instar a la eliminación del riesgo en origen y proceder la retirada de los millones de toneladas de amianto instaladas en naves, cobertizos y muchas otras instalaciones.
Redactor jefe de Noticias Obreras
