El Supremo obliga al Gobierno a revelar el algoritmo que concede el bono social eléctrico
En una sentencia histórica para la transparencia, el Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO, el programa que decide automáticamente quién tiene derecho al bono social eléctrico.
La explicabilidad de los algoritmos utilizados por las administraciones ha de servir “como garantía efectiva frente a la arbitrariedad o los sesgos discriminatorios en la toma de decisiones total o parcialmente automatizadas”, según la sentencia, que abunda en que “evitar la opacidad del algoritmo o el código fuente se muestra consustancial al Estado democrático de Derecho”.
En concreto, el programa que motiva la sentencia decide quién tiene derecho al bono social eléctrico de forma automática (no es un sistema de consulta o apoyo), sin justificar las resoluciones finales. De cometer un error, este por “efecto multiplicador” afectaría a miles de personas. Conocer cómo funciona es de “singular relevancia”.
La organización periodística de vigilancia Civio, que lleva desde 2018 reclamando esta información, celebra el fallo como una victoria ciudadana.
El Supremo rechaza los argumentos del Ejecutivo, que alegaba riesgos para la seguridad nacional y la protección de la propiedad intelectual. Según el tribunal, estos motivos no pueden imponerse de forma genérica y absoluta sobre el derecho de acceso a la información pública.
El mero riesgo a la propiedad intelectual no basta para impedir el acceso al código fuente, más en el que caso de las administraciones públicas que no han creado un bien de mercado con derechos de explotación, sino de una herramienta que debería estar al servicio del interés público.
El tribunal reconoce que abrir un código fuente puede entrañar riesgos, para la seguridad nacional, pero que esos riesgos “por lo general, pueden ser previstos, lo que posibilita el diseño de la aplicación o programa informático fortaleciendo la seguridad del sistema”. Apelar al peligro potencial serviría, entiende la sentencia, para blindar con carácter total y absoluto el acceso a todo programa informático.
El Supremo recuerda que la legislación europea “descarta la ocultación del código fuente como principio general”. Así establece que los poderes públicos tienen la obligación de “explicar de forma comprensible el funcionamiento de los algoritmos que se emplean en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos”.
El alto tribunal, incluso hablar de que la “democracia digital” debe permitir a los ciudadanos conocer, fiscalizar y participar en la gestión pública en decisiones que les afectan directamente.
Civio defiende que el uso de estas tecnologías debe ir acompañada de “exigencias de transparencia de los procesos informáticos”, lo que puede requerir, prosigue, “el acceso a su código fuente”, como ocurre en el caso de BOSCO.
Además, este caso es especialmente relevante, puesto que, en la normativa actual, explica, “no existen autoridades de supervisión independientes que garanticen el correcto funcionamiento de dichas aplicaciones telemáticas”.
Este pronunciamiento no solo afecta al programa del bono social, sino que sienta las bases para exigir transparencia en cualquier algoritmo utilizado por las administraciones públicas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
