El nuevo plan de vivienda en la buena dirección sin el empuje necesario
El Plan de Vivienda que prepara el Gobierno contiene algunos avances, aunque la inversión sigue siendo escasa para la magnitud del problema, según las organizaciones de trabajadoras.
El propio líder de CCOO, Unai Sordo, ha denunciado que “el problema de la vivienda es un problema de orden social” que tiene que ver con “el retraso en la posibilidad de emanciparse” y el “invierno demográfico que sufre España y buena parte de Europa”.
Con motivo de la puesta en audiencia e información pública del Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a desarrollar por las comunidades autónomas, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, mantuvo una reunión con los sindicatos CCOO y UGT.
Tras la reunión CCOO y UGT valoran algunos avances, pero critican la falta de presupuesto y una mayor ambición.
El Gobierno ha presentado las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con un presupuesto de 7.000 millones de euros, cofinanciado entre el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%).
El plan prioriza el aumento de la vivienda protegida, tanto social como asequible, y el impulso a la rehabilitación y regeneración urbana y rural. También contempla ayudas al alquiler para reducir la tasa de esfuerzo de los hogares y medidas específicas para facilitar la emancipación juvenil.
En él se reconoce el acceso a la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar, se exige que toda vivienda financiada permanezca en el parque público de forma permanente, y se establece la obligatoriedad de cofinanciación para las comunidades que deseen adherirse. Parte de las ayudas están ligadas al PERTE de la industrialización de la construcción.
Los sindicatos han reconocido que el Gobierno ha recogido bastantes de sus aportaciones, como un incremento presupuestario que todavía les parece “insuficiente” o la condicionalidad de los convenios con las comunidades.
Además, entienden como un avance la ampliación de los potenciales beneficiarios y el incremento del presupuesto para el programa de captación o cesión de vivienda vacía y el incentivo para que las administraciones autonómicas declaren zonas tensionadas.
Sin embargo, siguen reivindicando como mínimo el 1% del PIB para la vivienda pública y medidas específicas para los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda, independientemente de su edad.
Los sindicatos advierten que las ayudas al alquiler anunciadas, lejos de favorecer el acceso a la vivienda de la población joven, “pueden tener el efecto contrario si acaban trasladándose íntegramente al precio final”, por lo que demandan cambiar su diseño.
Del mismo modo, critican el escaso esfuerzo en la rehabilitación de los entornos rurales y la falta de otras políticas relacionadas con el empleo, la movilidad laboral, el acceso a los servicios públicos básicos como la educación, sanidad o transporte, para que resulte eficaz.
CCOO y UGT apuntan que es imprescindible “continuar legislando, regulando y limitando el uso de viviendas temporales y turísticas que se han convertido en modelos usados por muchos propietarios para “burlar” tanto la Ley de Vivienda Estatal como la Ley de Arrendamientos Urbanos.
“Hay que limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas como mucho al 30% de los ingresos que tienen las personas que residen en esas zonas”, ha insistido Sordo, aunque admite que “solo con esto no sirve”. “Hay que hacer algunas cosas más. Hay que aumentar la oferta de vivienda a precio asequible”, ha planteado.
Redactor jefe de Noticias Obreras
