¿Cuál es el coste real de expulsar a trabajadores migrantes de EEUU?
En marzo de 2024 el carguero MV Dalí, que transportaba cerca de 5.000 contenedores, colisionó contra un puente en la ciudad portuaria estadounidense de Baltimore. El choque se produjo de madrugada y ocasionó la muerte de seis trabajadores que a esas horas de la noche realizaban trabajos de mantenimiento en la estructura.
Las víctimas eran migrantes latinoamericanos: dos de nacionalidad mexicana, dos guatemaltecos, uno salvadoreño y otro hondureño. Todos ellos contaban con permiso de residencia y contrato de trabajo.
Este accidente puso en evidencia en parte la realidad laboral del sector de la construcción en EEUU, en el que el 30% de los trabajadores son extranjeros. Sin embargo, y al contrario de los fallecidos en Baltimore, lo usual es que la mitad de los empleados extranjeros de la construcción se encuentren en situación irregular (1,75 millones de personas).
La precariedad que esto conlleva les hace aceptar las tareas más peligrosas y los peores horarios, así como cobrar salarios más bajos. No es casual que uno de cada cuatro migrantes fallecidos en accidente laboral en EEUU trabaje en la construcción, ni que su tasa de accidentes sea hasta un 30% superior a la de sus compañeros nacidos en el país.
Las temidas redadas en lugares de trabajo
A estas dificultades se añade ahora el aumento de las mediáticas redadas en lugares de trabajo impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Este departamento es uno de los pocos que ha visto crecer su dotación presupuestaria para 2026.
Así, el año próximo el servicio migratorio contará con más recursos destinados a la búsqueda, detención y expulsión de albañiles, fontaneros, jornaleros agrícolas, camareros, cuidadores…. Cada deportación de uno de estos trabajadores conlleva un gasto de 9.000 euros a los contribuyentes de EEUU.
Al mismo tiempo, las arcas de EEUU dejan de ingresar en impuestos locales, estatales y federales 7.650 euros, cifra que en promedio es aportada anualmente por cada trabajador emigrante irregular. Además, hay que considerar que en el mercado laboral de EEUU persisten 8 millones de vacantes sin cubrir.
La falta de trabajadores en algunos sectores se relaciona de manera estrecha con el aumento de precios de bienes esenciales como, por ejemplo, la vivienda. La carencia de albañiles y otros profesionales causa unas pérdidas de 2.400 millones de euros anuales y 19.000 casas menos construidas.
La actual administración estadounidense ha hecho del control migratorio uno de sus principales ejes de acción. Esto se ha traducido en un incremento de las detenciones de migrantes en el primer semestre de 2025 hasta alcanzar un promedio diario de 750, lo que dobla la cifra por jornada de la última década. Por otro lado, los intentos de cruzar la frontera entre México y EEUU han alcanzado su valor más bajo en décadas.
De acuerdo con una investigación publicada en agosto de 2025 por el think tank independiente Pew Research Center a partir de datos del Oficina de Censo de EEUU, en lo que va de año la población migrante total que reside en el país ha descendido por primera vez en las últimas cinco décadas, pasando de 53,3 millones a inicios de año a 51,9 millones en junio. Esta caída refleja tanto un descenso en las llegadas como un aumento de los regresos voluntarios a países de origen.
Así afectaría al empleo
Pew Research Center también ha estimado que el 20% de la fuerza laboral de EEUU en 2023 era migrante (33 millones de personas), de los cuales 10 millones se encontraban en situación irregular. Sectores como la construcción, la agricultura o la hostelería tendrán serias dificultades para ser viables sin los trabajadores migrantes, lo que también afectará al empleo de la población local.
A esta conclusión llegaron investigadores de la Universidad de Colorado-Denver, quienes analizaron las consecuencias de las deportaciones llevadas a cabo durante los gobiernos de Obama en condados de todo el país. Concluyeron que el aumento de las expulsiones redujo la presencia de trabajadores migrantes, pero también provocó caídas en el empleo total y afectó negativamente al tejido productivo donde las personas migrantes ya eran una parte estructural. La ausencia de temporeros guatemaltecos que cosechaban lechuga hizo que el camionero estadounidense que la distribuía perdiera su empleo.
La incertidumbre que afecta al conjunto de la población migrante en EEUU adquiere una especial relevancia en el caso de los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, que fueron beneficiarios en los dos últimos años de los programas del llamado parole humanitario implementados por la anterior Administración Biden. Estos mecanismos les otorgaban un permiso temporal de entrada y estancia en el país, con autorización para trabajar y la posibilidad de extender su estadía.
500.000 personas en el limbo jurídico
La nueva Administración ha dado por concluidas estas medidas de protección, con el respaldo del Tribunal Supremo, dejando a más de 500.000 personas en un limbo jurídico: ya no pueden renovar su permiso de trabajo ni garantizar su estatus de residencia temporal, con lo que tendrían que regresar a unos países marcados por conflictos sociopolíticos y precariedad económica.
La iniciativa del parole humanitario ha permitido constatar que la existencia de canales de emigración ordenada, segura y legal son una buena medida para reducir el peso de la migración irregular y el sufrimiento que esta conlleva para los propios migrantes. Además, mitiga las dificultades y abusos que suelen acompañar una estancia irregular en el país de destino.
Incertidumbre es, en definitiva, la sensación que acompañará en los próximos meses a millones de migrantes y a sus familias en los países de origen. Este sentimiento también afectará a empleadores y trabajadores de EEUU.
El aumento de las redadas, facilitadas por un mayor presupuesto, añadirá presión a un sistema productivo que funciona gracias a la mano de obra y al talento llegados desde el extranjero, como evidenció el accidente en el puente de Baltimore.
En los próximos meses aflorarán con fuerza las tensiones entre el control migratorio y la economía real. Un mercado laboral con pleno empleo y millones de vacantes sin cubrir terminará por chocar con las políticas de cierre de fronteras.
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Texto publicado originalmente en The Conversation
Profesor en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería en áreas de desarrollo rural e internacional, gestión del territorio y migraciones de la Universidad de Almería
