Alertan del giro desregulador de la Unión Europea
En vísperas del discurso sobre el Estado de la Unión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entidades de la sociedad civil denuncian la desregulación que impulsa la Comisión como una amenaza grave a los derechos laborales, sociales, digitales y medioambientales.
La declaración, firmada por 470 organizaciones denuncia que la Comisión está preparando una “ola sin precedentes” de recortes normativos que podría desmantelar las protecciones conquistadas durante décadas.
“Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente”, advierte, para alertar de que “ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes”.
Tras nueve meses de mandato, a estas organizaciones les parece ya evidente que el nuevo ‘esfuerzo de simplificación’ de la Comisión significa, en realidad, “desregulación”. Por si fuera poco, los cambios legislativos se están llevando a cabo por el “procedimiento de urgencia”, impidiendo del debate democrático en el Parlamento Europeo.
Por ello, las organizaciones sociales alertan de que “se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales”, como por ejemplo, con la propuesta de un ’28º régimen’, por la que se crearía una nueva figura jurídica para empresas que operan en varios Estados con una regulación más permisiva en materia fiscal, laboral y mercantil.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) había denunciado ya el menoscabo que este iniciativa puede implicar a la protección de los trabajadores y trabajadoras, el acervo social comunitario de la UE y la legislación laboral y los convenios colectivos nacionales.
La Comisión y el Consejo de Estados pretenden conceder a las empresas un papel preponderante en la elaboración de la legislación de la UE y excluyen a los organismos que defienden el interés público, mientras que las agencias y organismos supervisores verán recortados sus presupuestos y recursos.
De momento, está en marcha una rebaja de las exigencias de la directiva sobre diligencia debida para reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en materia de sostenibilidad. “Se trata de implementar las listas de deseos de los grupos de presión empresariales”, afirma Kenneth Haar, investigador de Corporate Europe Observatory. “Esta no es la Europa que queremos”.
En su momento, la red de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CISDE), que reúne a entidades católicas de desarrollo, la Plataforma por Empresas Responsables (PER) de España, en la que participa Enlázate por la Justicia, criticaron duramente al Consejo de Estado de Europa por bloquear la directiva de diligencia debida.
Freno a la transición justa
La Comisión ha propuesto también eliminar las obligaciones ambientales de su Política Agrícola Común, flexibilizar los requisitos para la venta y etiquetado de sustancias químicas peligrosas en los cosméticos y retirar la prohibición del uso de “sustancias químicas permanentes”. En esta línea, se espera que se amplíen los plazos para la transformación de las plantas industriales contaminantes en centros productivos limpios y energéticamente limpios.
La UE y sus Estados quieren abrir la posibilidad de pagar a otros países para no tener que reducir ellos sus emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar la absorción de carbono a través de sumideros, que todavía no han probado su eficacia. Greg Van Elsen, de Climate Action Network Europe, critica que la Comisión esté cediendo ante las industrias contaminantes, considera que “diluir el objetivo climático para 2040 y desmantelar las protecciones medioambientales no es una estrategia industrial, es un callejón sin salida para los trabajadores, los ciudadanos y el planeta”.
También se quiere reformar la regulación digital de la UE, en particular el Reglamento General de Protección de Datos, así como las leyes sobre Inteligencia Artificial. Ella Jakubowska, directora de políticas de European Digital Rights (EDRi), alerta del peligro que supone debilitar las leyes que protegen a la ciudadanía frente a abusos de las grandes tecnológicas y del poder estatal.
“Los controles democráticos que nos devuelven el poder y protegen nuestra privacidad están siendo atacados por quienes anteponen los beneficios a los derechos humanos”, afirma.
La Comisión redirigirá los fondos de lucha contra la pobreza para apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa e incluso existen propuestas para retirar la directiva sobre igualdad de trato. Además, ya se están produciendo retrasos y concediendo excepciones a las entidades de crédito y las empresas de inversión para que incumplan los requisitos acordados internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 2008.
Desde ATTAC España, Cuca Hernández advierte que las llamadas propuestas ómnibus suponen una amenaza directa para los derechos, la salud y la seguridad de los trabajadores: “Favorecen los intereses de las empresas, no los de los ciudadanos. Sin normas y sin su aplicación, las empresas robarán a los trabajadores, dañarán el medio ambiente y violarán nuestros derechos como comunidades”.
Según el comunicado de las entidades sociales, la actual ofensiva comunitaria responde a los intereses de los grandes grupos empresariales, que gozan de un acceso privilegiado y antidemocrático a los procesos de decisión.
Redactor jefe de Noticias Obreras
