UGT pide excluir la prostitución de la clasificación de actividades económicas
El sindicato UGT apoya la propuesta del Ministerio de Igualdad de excluir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) “la prestación o concertación de servicios sexuales”.
El organismo oficial de estadística dejó de contabilizar el impacto económico de la prostitución en el Producto Interior Bruto en 2023, no sólo por razones políticas y sociales, sino también por la dificultad para estimar el valor de este tipo de transacciones.
Previamente, la agencia europea Eurostat había establecido en 2014 que las actividades ilegales “consensuales” que generan flujos monetarios como la prostitución, las drogas o el contrabando de tabaco fueran incluidas en la contabilidad nacional de cada Estado.
Sin embargo, España ha incluido por primera vez la prostitución en el listado de actividades económicas, a través del Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, a lo que se opone Igualdad con el respaldo de UGT.
En concreto, la organización de trabajadores y trabajadoras considera que la inclusión de “la prestación o concertación de servicios sexuales” en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas llevada a cabo, legitima la prostitución como si de una actividad económica normal se tratara y con ello, de forma tácita, la trata con fines de explotación sexual, el proxenetismo, la explotación sexual de las mujeres y una de las formas de violencia contra las mujeres, que desde el Pacto de Estado contra la Violencia contra las Mujeres, se intenta combatir.
La prostitución no es un trabajo
El sindicato rechaza firmemente el reconocimiento legal de la prostitución como un trabajo y una actividad económica lícita y muestra su apoyo al Ministerio de Igualdad por intentar revertir esta situación contraria a los principios constitucionales y los derechos humanos.
UGT recuerda que no se puede ignorar la realidad en la que se desenvuelve la prostitución sin tener en cuenta su análisis desde la perspectiva de género. De hecho, el informe La prostitución no es un trabajo, elaborado en 2005 y posteriormente actualizado y ampliado en 2020 y 2021, señala que las cifras sobre prostitución están constituidas en su inmensa mayoría por mujeres y niñas, el 90% migrantes.
Para la central sindical la prostitución representan una “lacra sexista y discriminatoria de las mujeres cosificadas y convertidas en mera mercancía y en objetos de satisfacción de los consumidores masculinos, como si de una pieza de carne se tratara”, por lo que se opone a “legitimar su práctica legalmente”.
Su consideración como actividad económico, continúa, implica “atentar contra los derechos humanos y el derecho fundamental a la igualdad de género”, además de “consagrar legalmente el esclavismo de las mujeres prostituidas”.
UGT interpuso, el pasado mes de julio, una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), al no garantizarse la protección de mujeres y niñas víctimas de prostitución o del riesgo de trata con fines de explotación sexual.
La organización entiende que la legislación española vulnera, entre otros, los artículos 1.2 (derecho a un trabajo libremente elegido); 3 y 11 (protección de la seguridad y salud física y mental de las personas) y 26 (dignidad humana en la prestación de servicios) de la Carta Social Europea Revisada (CSER).
En consecuencia, el sindicato exige que la legislación española y sus políticas públicas sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual se declaren disconformes con el sistema de derechos y garantías de la Carta Social Europea Revisada.
Redactor jefe de Noticias Obreras
