UGT propone incluir el acceso a la vivienda en la negociación colectiva
La organización sindical pide referenciar la subida de los salarios al precio de la vivienda, tras presentar un informe sobre las dificultades de la población trabajadora para acceder a una casa sea en propiedad o en alquiler, lo que influye también en la existencia de las vacantes de las que tanto se quejan las empresas.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado esta mañana en rueda de prensa su nuevo informe Convenios colectivos y derecho a la vivienda, con el fin de “evitar los conflictos sociales derivados de la desigualdad en el acceso a la vivienda”, y de paso, “promover un modelo de desarrollo justo donde la dignidad y los derechos de las personas sean una prioridad”, en palabras de la vicesecretaria general del sindicato, Lola Navarro.
La sindicalista ha recordado que la “brecha entre el salario y el precio de vivienda es tan profunda que pone en cuestión uno de los pilares fundamentales de cualquier proyecto de vida” y ha reconocido que su organización ha hecho de este un “tema prioritario”.
El informe revela que, en los últimos diez años, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en “imposible” para la mayoría de las personas trabajadoras. Desde 2015, el precio medio de compra de una vivienda ha aumentado un 77,2%, mientras que los salarios apenas han ganado más que el IPC.
Esta brecha se agrava por el repunte del Euríbor, que en 2023 alcanzó máximos históricos, elevando las cuotas hipotecarias por encima del 40% del salario neto en muchos casos.
La carestía de la vivienda llega hasta el punto, ha puesto Navarro como ejemplo, de que “en temporada alta, en algunas zonas hay personas trabajadoras que se ven obligadas a vivir en tiendas de campaña y caravanas”.
La situación en el mercado del alquiler es incluso más alarmante en regiones como Madrid, Cataluña o Baleares, donde el coste del alquiler puede superar el salario neto mensual de las categorías más bajas de cada convenio, alcanzando niveles del 100% o más.
Esto se traduce en una tasa de emancipación juvenil del 14,8% –la peor desde 2006– y en una edad media de salida del hogar familiar que ya se sitúa en los 30 años, cuatro más que la media europea.
El informe en el que se desglosan lo salarios por convenio y zonas para compararlos con el precio de la vivienda señala que en determinados casos los ingresos deberían duplicarse para poder asumir los costes de acceso sin sobreendeudamiento.
Además, el informe pone de relieve la relación directa entre la presión del mercado residencial y la existencia de vacantes laborales en sectores como la hostelería, el transporte o el metal. La falta de vivienda asequible en ciertas zonas está provocando un déficit estructural de personal, con especial incidencia en Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares.
“No solo hablamos de la hostelería, también de funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que con los salarios que cobran en determinadas zonas no puede pagarse una casa”, ha matizado la vicesecretaria Navarro.
Vincular el salario al acceso a la vivienda
“Como somos un sindicato tenemos que incorporar a la negociación colectiva la elevación de los salarios y vincularlos al mercado de la vivienda”, ha referido Luján. “Siendo un derecho básico”, ha planteado Luján, dado como están los precios de la vivienda, “esto debería contar también a la hora de regular los salarios”.
Así ha anunciado que su organización preparará propuestas concretar de cara a la próxima negociación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva con las organizaciones empresariales, con el objetivo de que se tenga en cuenta el precio de la vivienda de cada lugar, junto con los márgenes empresariales de cada empresa y sector, a la hora de subir los salarios.
UGT ha adelantado que va a pedir igualmente a las organizaciones empresariales, especialmente de la construcción, la hostelería y el turismo, que se impliquen en “la búsqueda de soluciones habitacionales”.
Es más, ha reclamado la apertura de espacios de negociación territorial con las patronales y la administración. “Donde hay una persona trabajadora que no va a cubrir un puesto de trabajo, hay una vacante, que es un problema para las empresas, pero también para las Comunidades Autónomas”, ha justificado.
“Este es un problema de todos, que no se puede resolver solo a través de la negociación colectiva”, por lo que hacen falta, a su entender, “políticas de Estado”, más allá de “quién haga las leyes y quién gobierne en cada ámbito de la administración”.
Por ello, ha demandado la aplicación efectiva e íntegra de la Ley de Vivienda en todo el Estado”, ya que la existencia de “Comunidades Autónomas que se han abstenido de cumplir la ley está provocando sufrimiento a las personas trabajadoras”, lo que se traduce en que “hay que declarar más zonas tensionadas y regular los precios del alquiler y los pisos turísticos”.
Igualmente reclama mayor inversión para ampliar el parque público de vivienda social, que actualmente representa el 0,6% del Producto Interior Bruto cuando hace 20 años era del 1,5%; así como medidas fiscales y regulatorias que frenen la especulación y movilicen las viviendas vacías.
Redactor jefe de Noticias Obreras
