Reclaman al ministro de Derechos Sociales que intervenga en el caso de las personas sin hogar expulsadas de Barajas
El Movimiento Nadie Sin Hogar ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que intervenga ante la situación de desamparo de las personas sin hogar desalojadas del aeropuerto de Madrid-Barajas a las que el Ayuntamiento de la ciudad no termina de ofrecer una solución habitacional ajustada a sus necesidades.
El gestor público de los aeropuertos españoles AENA ha prohibido pernoctar en las instalaciones de Madrid-Barajas a las personas sin hogar, entre 200 y 500 según algunos cálculos, sin esperar a que el Ayuntamiento de Madrid, con el que lleva meses negociando, complete su plan de reubicación.
“El juego de trileros que se trae Madrid con AENA y con el Gobierno no tiene mucho sentido, porque existe una obligación y hay que cumplirla”, afirma Miki Carrera, de la plataforma Nadie Sin Hogar.
Hace dos meses el Ayuntamiento de Madrid y AENA habían llegado a un acuerdo para abordar la situación de las personas sin hogar que utilizan el aeropuerto de Barajas para dormir. El gestor aeroportuario se comprometió a hacer un censo y la corporación municipal a movilizar sus recursos para poder ofrecer alternativas.
Sin embargo, AENA anunció su intención de prohibir la pernoctación en sus instalaciones por “razones de seguridad” a partir del 24 de julio y su voluntad de aconsejar a las personas sin acceso a una vivienda utilizar el recurso municipal temporal en el centro de acogida Pinar de San José, que empezó a funcionar el 14 de julio.
El Ayuntamiento acusa a AENA de “desbaratar” unilateralmente su plan de reubicación, con lo que la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, considera que se ha roto “cualquier posibilidad de acuerdo” entre ambas entidades para resolver esta otra manifestación de la crisis habitacional.
Para la también vicealcaldesa, la decisión de AENA, que según su versión no había sido “comunicada ni consensuada en las reuniones técnicas que cada semana mantienen representantes de AENA, del aeropuerto, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Delegación del Gobierno”, obstaculiza el trabajo social de los equipos de calle, por lo que ha anunciado que, “comprobada la falta de lealtad”, el Ayuntamiento de Madrid “no volverá a acudir a las mesas técnicas mientras esta actitud persista”.
Por parte de AENA, se explicaba que “las partes involucradas están ultimando el diseño de los términos de este tratamiento de datos para cumplir la legislación vigente” en relación a la elaboración del censo que viene reclamando el Ayuntamiento.
Para la entidad aéreoportuaria, no obstante, el listado, “no es indispensable para que los equipos de calle del Ayuntamiento proporcionen la obligada primera atención de emergencia a las personas sin hogar”.
Personas atrapadas en la disputa entre administraciones
La tensión entre la administración municipal y el aeropuerto se ha vuelto a reabrir, cuando parecía que la solución estaba encauzada, dejando de nuevo en el limbo a las personas sin hogar, por lo que algunas entidades sociales reclaman la intervención de la administración central, concretamente, del Ministerio de Derecho Sociales.
Desde la Plataforma Nadie Sin Hogar advierten que “la desprotección a la que están exponiendo a las personas sin hogar refugiadas en el aeropuerto de Barajas por parte de la administración madrileña no solo es una dolorosa muestra de crueldad institucional, sino que es directamente ilegal, ya que vulnera lo establecido la legislación madrileña”.
En concreto, la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que fue actualizada en 2022, y establece la obligación de ofrecer alojamiento alternativo al menos mientras existan recursos disponibles sin utilizar, lo que se cumple en este caso.
El derecho a la integridad física es este un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española, y por tanto, corresponde a los poderes del Estado velar por su cumplimiento.
Así, recuerda Miki Carrera que “están riesgo el derecho fundamental a la integridad física de más de 400 de estas personas, más de 3.000 en Madrid, y más de 33.000 en toda España, y ante eso, el Ministerio de Derechos Sociales no puede seguir siendo un espectador pasivo ni ponerse de perfil”.
La plataforma reclama al ministro Pablo Bustinduy que “intervenga de forma urgente y haga un requerimiento formal a las Administraciones madrileñas para que garanticen el cumplimiento del derecho a la protección y ofrecer alojamiento alternativo de manera inmediata para todas las personas afectadas”.
“En las administraciones madrileñas hay una escala de responsabilidades, pero ninguna de las dos está cumpliendo con sus obligaciones, por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Derechos Sociales velar por que se cumple con la protección de los derechos”, añade. “No se trata de jugar con las cifras, ni a cifras ni letras, sino de cumplir con la ley que es muy clara”, concluye Carrera.
Redactor jefe de Noticias Obreras
