Los sindicatos piden a Europa medidas más eficaces para garantizar el cumplimiento de la regulación sobre despido
Los sindicatos reclaman al Consejo de Europa mayor contundencia para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre despidos que marca la Carta Social Europea.
Ante las resistencias del Estado a cumplir la legislación social europea en lo relativo al despido y la reciente interpretación del Tribunal Supremo que quiere “convertir en papel mojado todo el sistema de la Carta y el modelo de control” de los derechos Sociales, CCOO y UGT han enviado una carta a la Secretaría del Comité de Ministros en la que reclaman “medidas adicionales de ejecución de las decisiones de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) contra España”.
Las organizaciones sindicales no sólo denuncian “el grave incumplimiento creado en España”, sino también la “falta de una voluntad política para ajustarse al mandato del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER)”, así como la existencia de “una fuerte presión
política de resistencia del lobby empresarial y los grupos parlamentarios que lo apoyan” en contra de la normativa europea.
El pasado 27 de noviembre de 2024 el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en respuesta a una reclamación de UGT, aprobó una recomendación en la que insta al Gobierno español a garantizar que el monto de las indemnizaciones financieras y no financieras concedidas a las víctimas de despidos injustificados sin motivo válido sea disuasorio para el empleador, a fin de garantizar la protección de los trabajadores contra esos despidos injustificados.
En este pronunciamiento, además, llamaba a modificar la legislación pertinente para garantizar que la indemnización concedida en casos de despido improcedente tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su situación.
Tiempo después, ante otra reclamación colectiva presentada por CCOO, el CEDS decidió con fecha del 3 de diciembre de 2024, concluyó, por unanimidad, que “existe una violación del artículo 24.b de la Carta en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente; la readmisión de las personas trabajadoras; y la indemnización por despido improcedente de personas trabajadoras temporeras contratadas en fraude de ley”.
Los dos sindicatos quieren que el Consejo de Europa valore la oportunidad de adoptar “medidas más eficaces”, dada la inacción del Gobierno y la decisión de los tribunales españoles, dentro del propio sistema de garantías y control de la carta social, para asegurar el cumplimiento de su decisión sobre la protección ante los despidos sin causa.
En los fundamentos jurídicos utilizados por ambos sindicatos explicitan que, a semejanza de lo previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, “el Estado demandado debe facilitar una información útil sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la recomendación del Comité de Ministros, conforme al art. 21 de la Carta”.
Los sindicatos han pedido que la próxima recomendación por el organismo que vela por la aplicación de la Carta Social Europea Revisada incluya “medidas más perentorias y eficaces” para instar al cumplimiento por parte España de sus mandatos.
La carta firmada por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, insiste en que sus organizaciones son “sujetos legitimados para actuar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en procedimientos de reclamaciones
colectivas, conforme al Protocolo Adicional de 1995”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
