La Corte Internacional de Justicia concluye que los Estados están obligados a proteger el clima
El tribunal de La Haya concluye que los Estados están jurídicamente obligados a proteger el clima y pueden ser responsables por daños causados por sus acciones u omisiones
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido este 23 de julio un dictamen consultivo histórico que aclara las obligaciones legales de los Estados en relación con el cambio climático al ser un “riesgo universal existencial”, causado inequívocamente por la actividad humana y que los Estados miembros tienen el “deber” de prevenirlo.
A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte concluye que los Estados tienen obligaciones vinculantes, en virtud del derecho internacional, para proteger el sistema climático frente a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
En su opinión unánime, adoptada por los quince jueces del tribunal, la CIJ establece que el incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito que conlleva consecuencias jurídicas.
“Los Estados están jurídicamente obligados a prevenir daños significativos al sistema climático actuando con la diligencia requerida”, señala el dictamen.
Este tribunal afirma que incluso si las emisiones no provienen directamente del Estado, este es responsable si no regula adecuadamente la actividad de actores privados bajo su jurisdicción.
Las responsabilidades de los Estados
La Corte sostiene que los tratados internacionales sobre cambio climático —incluidos la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París— imponen deberes concretos a los Estados, como la reducción de emisiones, la cooperación internacional, la actualización periódica de sus compromisos nacionales y el apoyo a otros países mediante financiación y transferencia tecnológica.
Además, subraya que el derecho internacional de los derechos humanos también obliga a los Estados a adoptar medidas eficaces para salvaguardar el clima.
Respecto a las consecuencias jurídicas por el incumplimiento de estas obligaciones, la CIJ determina que los Estados responsables deben cesar los actos ilícitos, ofrecer garantías de no repetición y reparar íntegramente a los Estados afectados, siempre que se pueda establecer “un vínculo de causalidad suficientemente directo y cierto” entre el daño y la conducta omisiva o activa.
La Corte también reconoce que todos los Estados tienen “un interés común” en la protección de bienes como la atmósfera y la alta mar, por lo que las obligaciones climáticas constituyen, en muchos casos, deberes erga omnes (frente a todos) o erga omnes partes (entre todos los Estados parte en los tratados pertinentes).
En consecuencia, cualquier Estado puede invocar la responsabilidad de otro por incumplimiento, incluso sin haber sufrido un daño directo.
Este dictamen no es vinculante, pero representa una interpretación autorizada del derecho internacional por parte del principal órgano judicial de la ONU. La CIJ expresa su esperanza de que sus conclusiones “permitan al derecho iluminar y orientar las acciones sociales y políticas dirigidas a resolver la actual crisis climática”.
El proceso consultivo ha contado con una participación sin precedentes: 96 Estados y 11 organizaciones internacionales presentaron alegatos orales, y más de 150 memorias escritas fueron entregadas. Se trata del procedimiento con mayor nivel de implicación en los casi 80 años de historia de la Corte.
Una victoria para el planeta y un impulso para la justicia climática
La opinión consultiva ha sido celebrada por distintos actores internacionales. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la calificó como una decisión “histórica” que “deja claro que todos los Estados están obligados, en virtud del derecho internacional, a proteger el sistema climático global”.
Para Guterres, el dictamen representa “una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes para marcar la diferencia”.
El titular de la ONU recordó que “los jóvenes de las Islas del Pacífico iniciaron este llamado a la humanidad al mundo. Y el mundo debe responder”.
Guterres ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, recogido en el Acuerdo de París, debe ser la base de toda política climática internacional.
En la misma línea, Danilo Garrido, asesor legal de Greenpeace Internacional, afirmó que este dictamen del tribunal más importante del mundo “marca un punto de inflexión para la justicia climática”.
A su juicio, “la CIJ ha aclarado, de una vez por todas, las obligaciones internacionales de los Estados en materia climática y, sobre todo, las consecuencias de su incumplimiento.
Esto abrirá la puerta a nuevos casos y, con suerte, brindará justicia a quienes, a pesar de haber contribuido menos al cambio climático, ya sufren sus consecuencias más graves”.
Garrido subrayó que el mensaje del tribunal “es claro: la producción, el consumo y la concesión de licencias y subsidios para combustibles fósiles podrían constituir violaciones del Derecho Internacional”. “Quienes contaminan deben dejar de emitir y pagar por los daños que han causado”, subrayó.
El asesor de Greenpeace también destacó que el dictamen “aclara que el incumplimiento de las obligaciones climáticas da lugar a reparaciones integrales, que incluyen la cesación de las acciones perjudiciales y la compensación financiera por las pérdidas y daños relacionados”.
“El tribunal formuló importantes conclusiones que garantizarán la justicia climática para las generaciones futuras en las comunidades más afectadas por el clima, ofreciendo un nivel histórico de protección”, concluyó.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
