El racismo institucional y las agresiones xenófobas se enquistan en España
El odio a la personas extranjeras en España se ha enquistado, a juzgar por el informe presentado por la Federación SOS Racismo, que ha documentado 590 casos de discriminación institucional, abusos laborales, agresiones y hostigamiento en 2024.
Las cifras ofrecidas suponen “supone un pequeño aumento respecto a las recogidas en el año 2023 mostrando una situación enquistada en nuestros pueblos y ciudades a la que no se está dando respuesta”, en palabras de Elena Stati, autora del Informe sobre la situación del racismo en el estado español en el 2025 .
Las víctimas del racismo que acudieron a las oficinas de Información, Atención y Denuncia de la entidad llegaron a 544, si bien varias alertaron de incidentes múltiples, la mayor parte relacionados con el racismo institucional, la denegación en el acceso a prestaciones a servicios públicos, agresiones racistas y conflictos, racismo policial, así como la discriminación laboral y la denegación de acceso a servicio privados.
Llama la atención que mientras que el porcentaje de casos de racismo institucional se redujo un 10% con respecto a 2023, aumentó en la misma proporción las denegaciones de prestaciones de los servicios públicos.
Así, las acciones de tintes racistas de las administraciones públicas, en general, representaron el 45% del total de las denuncias atendidas por SOS racismo.
Ejemplo del tendencioso comportamiento de las administraciones fue la confusión que ha dejado sin nacionalidad española a un ciudadano maliense y a sus hijos, que han llegado a la edad máxima permitida para solicitarla. Todo porque su solicitud fue denegada, cuatro años después, debido a que otra persona con el mismo nombre, pero con diferente número de identificación, tenía antecedentes penales.
Discriminación laboral
Los conflictos y agresiones racistas que suponen el 18,42%; el racismo policial el 12,81% y la discriminación laboral el 9,82% del total de casos.
Al conocer la situación irregular de sus trabajadores y necesidades económicas, sus empleadores impusieron a las personas denunciantes, la realización de jornadas de trabajo de entre 10 y 12 horas, sin derecho a descanso semanal alguno y debiendo trabajar todos los días del año, a cambio de 400 euros mensuales, sin proporcionarles alimentación.
El alojamiento que ofrecieron estaba ubicado la parte superior de una nave de una explotación ganadera, sin agua, con un hornillo para cocina y colchones amontonados para dormir, indican el informe.
La investigación, esta vez, dedica dos capítulos monotemáticos al “racismo policial” y el racismo que sufren las mujeres migradas y racializadas en el ámbito del empleo doméstico y de cuidados.
Los 73 casos de racismo policial se refieren a identificaciones y retenciones por el perfil étnico-racial (72,1%), acoso (9%), prácticas ilegales (3%), comportamientos discriminatorios (3%), agresiones físicas (2%) e insultos racistas (2%).
Cinco familias de menores racializados relataron que en varias ocasiones que fueron abordados por diferentes agentes de las fuerzas de seguridad que les obligaron a identificar a sus hijos menores. Al entregarles, los DNI acreditativos, los policías mostraron su sorpresa o enfado por el hecho de tener reconocida la nacionalidad española.
Hasta 105 expedientes abiertos por SOS Racismo ha acabado en el ámbito judicial, de los cuales 61 corresponden a procesos penales, 36 a procedimientos contencioso-administrativos y cuatro a causas de índole social, enfocadas en cuestiones laborales o de seguridad social.
Redactor jefe de Noticias Obreras
