El decreto antiapagones no pasa el corte en el Congreso
El Real Decreto-ley 7/2025, conocido como “antiapagones” ha sido rechazado en el Congreso con los votos del PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y Chunta, dejando al descubierto una vez más la debilidad de un Gobierno de coalición al que cada vez le cuesta más sacar adelante sus propuestas legislativas.
El decreto contemplaba una serie de medidas orientadas a fomentar el autoabastecimiento mediante energías limpias, lo cual contribuye a la descentralización del sistema energético y permite reducir la dependencia de las grandes compañías del sector.
El Gobierno, a través de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió el decreto que según dijo incorporaba muchas de las propuestas de los grupos parlamentarios y del informe de expertos tras el apagón, por lo que pidió infructuosamente “responsabilidad y altura de miras” al resto de grupos parlamentarios.
Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de la figura del gestor del autoconsumo, así como la ampliación de la distancia máxima permitida entre el punto de generación y el de consumo, que pasa de dos a cinco kilómetros. Estas han sido históricas reivindicaciones de las comunidades que apuestan por el autoabastecimiento con energías limpias.
El decreto también persigue dar un impulso significativo a las energías renovables, al permitir que estas puedan regular potencia y actuar como energía de respaldo, una función que hasta ahora estaba reservada exclusivamente a las centrales térmicas y que a través del impulso de la instalación de baterías están en condiciones de asumir.
Además, contemplaba la posibilidad de sancionar a las compañías gasísticas y nucleares en caso de incumplimiento de sus obligaciones de absorción de energía reactiva.
Estas disposiciones afectan especialmente a grandes empresas como Endesa, Naturgy e Iberdrola, más que a las pequeñas compañías del sector, que, aunque operan en un régimen oligopolístico, cuentan con miles de empresas en las distintas fases de producción y distribución.
El oligopolio eléctrico controla la mayoría de las centrales de ciclo combinado del país y son propietarias de los siete reactores nucleares actualmente en funcionamiento en España.
La Alianza por el Autoconsumo, que agrupa a 60 entidades de la sociedad civil, había celebrado la aprobación del decreto en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 24 de junio como la “gran palanca” para el desarrollo de las comunidades energéticas.
Socios de investidura poco fiables y oposición sin tregua
A la derecha, en su versión moderada y ultramontana, cuyo único interés parece residir en quitar a los que están para sustituirlos, se han unido formaciones de izquierda que quieren marcar perfil propio. El nada fiable socio de investidura que es la derecha catalana de Junts, irrumpe para preguntar “¿qué hay de lo mío?”, sin que le incomode seguir el obstruccionismo del PP y acabar en las mismas filas de la ultraderecha españolista de Abascal.
Podemos, con su fino olfato para la estrategia y su gusto por la escena pública, aprovecha las votaciones que intuye que el Gobierno del PSOE y Sumar va a perder, habitualmente por decisión de Junts, para desmarcarse de las leyes a punto de naufragar y atarse así a su propia pureza ideológica.
Su portavoz, Pablo Fernández, declaró que el Gobierno “trata de engañar a la gente” y que el decreto “no va a hacer absolutamente nada” para evitar futuros apagones.
Al final, solo ERC, PNV, Bildu, Compromís y Coalición Canaria respaldaron el decreto del Ejecutivo de coalición que trataba de alguna manera de salvaguardar el suministro eléctrico de posibles incidentes como el que provocaron el Gran Apagón, ampliar el bono social y reforzar las renovables.
El Gobierno tendrá que reformular el texto y negociar al menos con sus socios de investidura más díscolos, si quiere lograr su convalidación en el Parlamento tras el verano.
Redactor jefe de Noticias Obreras
