El calor del verano dispara la pobreza energética
Las olas de calor se suceden con una intensidad creciente, provocando un aumento de muertes, enfermedades y sufrimiento. Pero mientras algunos hogares se protegen con aire acondicionado y ventanas selladas, otros viven atrapados en una trampa térmica.
Según datos recientes, uno de cada tres hogares en España no puede mantener una temperatura adecuada durante los meses de calor. La pobreza energética, lejos de ser una excepción, se ha convertido en una realidad estructural que afecta a millones de personas.
Esta forma de exclusión no solo se mide en grados centígrados, sino también en desigualdad. En barrios populares de ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona, los apagones eléctricos se han vuelto recurrentes.
El uso del aire acondicionado se ha disparado desde la década de los años 80 del siglo pasado cuando apenas el 3% recurría a este sistema para pasar las olas de calor. Se calcula que ente el 35 y el 40% de los hogares cuentan ya con este tipo de dispositivos en nuestro país. Las diferencia se vuelven abismos si hablamos del aislamiento térmico de las viviendas y entornos urbanos que ayuden a rebajar el termómetro. Apenas el 5% de los hogares alcanzan el aislamiento adecuado.
Según un informe de Greenpeace se han registrado temperaturas de hasta 48 grados en superficies del interior de viviendas debido al mal aislamiento de ventanas, paredes y cubiertas, en ciudades como Málaga, Madrid y Valencia.
Las cifras indican que una de cada tres familias no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda en los meses de calor. De hecho, la pobreza energética se dispara en verano hasta duplicar la registrada en invierno. Murcia, Madrid, Andalucía y Cataluña presentan superan el índice medio de población en pobreza energética en verano, mientras que Melilla, Extremadura y Castilla-La Mancha las superan si nos fijamos en las familias que ya viven en situación de vulnerabilidad.
El 33,6% de los hogares manifiesta no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano, porcentaje que alcanza al 53,3% en el caso de las familias vulnerables.
Exclusión energética
El bienestar térmico también tiene que ver con el régimen de propiedad de la vivienda. Quienes pagan alquiler padecen mayor pobreza energética de media. La explicación puede estar en la dificultad de realizar las obras de mejora y adaptación necesarias. De hecho, el 77% de la población vulnerable vive de alquiler.
Las compañías eléctricas los justifican por sobrecargas o problemas técnicos, pero los vecinos denuncian una discriminación sistemática. Mientras las zonas más acomodadas mantienen un suministro estable, los cortes se ceban con los barrios más vulnerables, donde viven familias trabajadoras, personas mayores y migrantes. La exclusión energética no es solo una cuestión de acceso, sino de trato desigual.
La situación es especialmente grave en viviendas mal aisladas, sin ventilación adecuada ni recursos para afrontar el coste de la electricidad o las obras para mejorar el aislamiento. En estos hogares, el calor no solo incomoda: enferma. Las altas temperaturas agravan patologías respiratorias, cardiovasculares y mentales. Las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas son las principales víctimas de esta forma invisible de violencia climática.
Las políticas públicas no parecen haberse adaptado a esta realidad. Aunque existen bonos sociales y ayudas puntuales, muchas familias quedan fuera por criterios restrictivos o por desconocimiento. Mientras tanto, las grandes eléctricas siguen acumulando beneficios récord, sin asumir responsabilidades por los apagones ni por la falta de inversión en infraestructuras en los barrios más empobrecidos.
Emergencia social y climática
La pobreza energética en verano es una emergencia social y climática. No se trata solo de calor, sino de derechos. El derecho a una vivienda digna, a la salud, a la igualdad de trato. En un país donde el sol abunda, no puede ser un privilegio sobrevivir al verano.
Greenpeace exige medidas urgentes para proteger a los más vulnerables, como garantizar el acceso a servicios básicos energéticos mediante el fortalecimiento del bono social, la implementación de tarifas sociales y la prohibición de cortes de suministro por impago.
También demanda una atención específica desde las administraciones públicas a la pobreza energética de verano, con políticas que prioricen a las personas más vulnerables y tengan en cuenta la perspectiva de género y la coordinación entre distintos niveles de gobernanza.
Pero a medio y largo plazo, la organización plantea la necesidad de acometer la rehabilitación masiva del parque de vivienda, eliminando barreras financieras, sociales y normativas, y apostando por medidas pasivas como el aislamiento térmico y el uso de energías renovables.
También apuesta por la reconstrucción del sistema energético hacia un modelo 100 % renovable, eficiente, justo y democrático, que reconozca la energía como un bien común y no como un lujo especulativo en manos de grandes corporaciones.
Para Greenpeace, está bien claro que existen soluciones técnicas y recursos económicos suficientes para llevar a cabo esta transformación, pero resulta obligado ponerlos al servicio de las personas y no de los intereses empresariales contaminantes.
“La transición ecológica no puede dejar a nadie atrás. Necesitamos energía limpia, sostenible y accesible para todas las personas, en armonía con la biodiversidad”, plantea Greenpeace.
Redactor jefe de Noticias Obreras
