Dirigentes de Vox, denunciados por incitación al odio en plena ola de violencia racista en Torre Pacheco

Organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y entidades cívicas han presentado denuncias ante la Fiscalía contra dirigentes de Vox por vincular públicamente migración con delincuencia, en un contexto marcado por los recientes disturbios xenófobos ocurridos en Torre Pacheco. Las acusaciones apuntan a un discurso ideológico que alimenta la hostilidad y el odio hacia personas migrantes

La Fiscalía del Tribunal Supremo y las fiscalías superiores de comunidades como Murcia y la Comunitat Valenciana han recibido en los últimos días varias denuncias contra dirigentes de Vox por posibles delitos de incitación al odio. Estas acciones judiciales se producen tras una secuencia de declaraciones que asocian directamente migración con delincuencia y reclaman deportaciones masivas de personas extranjeras, en un clima social cada vez más polarizado.

Entre las denuncias más destacadas se encuentra la interpuesta por la plataforma Acción Contra el Odio (ACO) contra Santiago Abascal y Rocío de Meer. La denuncia, registrada ante la Fiscalía del Supremo dada la condición de aforado del líder de Vox, sostiene que sus palabras forman parte de una estrategia para “atizar la hostilidad contra el colectivo migrante” y podrían encajar en el tipo penal del artículo 510 del Código Penal.

En paralelo, la Fiscalía Superior de Murcia ha abierto diligencias de investigación tras las incendiarias declaraciones del presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, quien aseguró en Torre Pacheco: “Todo aquel que entre a delinquir, a asesinar, a dar palizas a nuestros mayores y compartirlo en las redes sociales por parte de bandas de migrantes ilegales se va. Todo aquel que entra de manera ilegal a nuestro país, se va. Todo español tienes derecho a vivir tranquilo en su barrio. Toda mujer tiene derecho a ir tranquilo (sic) por sus calles (…) Los homosexuales están el derecho de poder estar tranquilos en sus calles, sin tener que pensar que le van a meter una paliza (…) porque esta es la realidad que se vive en las calles y, por desgracia, los vecinos de Torre Pacheco lo saben muy bien (…) PP y PSOE han financiado la migración ilegal que es la misma que agreden a nuestro vecinos, son los mismos que pegan palizas a nuestro mayores, violan a nuestras mujeres, agraden a nuestra gente, que quieren una sociedad paralela…”. En las próximas semanas, la investigación tratará de esclarecer si estas palabras constituyen un delito de odio.

Varios migrantes agredidos en una movilización en la localidad murciana de Torre Pacheco

También en la Comunitat Valenciana, un grupo de organizaciones sociales, sindicales y partidos ha denunciado ante la Fiscalía a Llanos Massó, presidenta de Les Corts perteneciente a Vox, por un artículo de opinión en el que responsabiliza a la población migrante del incremento de la inseguridad ciudadana. Las entidades firmantes consideran que su contenido “criminaliza colectivamente a la población extranjera” y exigen su dimisión.

Torre Pacheco: el contexto que enciende las alarmas

Estas denuncias coinciden con los hechos ocurridos en Torre Pacheco, donde se han producido actos de violencia racista y “cacerías” contra personas migrantes tras la agresión sufrida por un vecino de 68 años. En lugar de promover la convivencia, diversos actores políticos aprovecharon el suceso para alimentar el discurso de odio.

El fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, ha calificado de “vulneración grave de los derechos humanos” las amenazas y ataques contra la comunidad migrante. “Salir a cazar inmigrantes no solo es inaceptable, sino que puede tener consecuencias penales”, advirtió.

Tanto medios de comunicación como entidades de derechos humanos han alertado del rol de determinados discursos políticos en el caldo de cultivo que propicia estas agresiones. En palabras de la plataforma ACO, “el discurso de Vox no se limita a una opinión política, sino que está construyendo el marco mental que legitima la violencia social contra los migrantes”.

Lo que dice la ley

El artículo 510 del Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años a quienes “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” por motivos de raza, origen o etnia. La clave reside en demostrar que el discurso sea público, idóneo para generar hostilidad y dirigido a un grupo determinado.

Expertos consultados por diversos medios coinciden en que frases como “deportar a todos” o vincular masivamente migración y delincuencia pueden encajar en esta figura penal, especialmente cuando derivan en actos concretos de agresión o señalamiento.

Los datos desmienten el vínculo entre migración y criminalidad

Los datos oficiales del Ministerio del Interior desmontan la falacia de que la migración genera inseguridad. La tasa de criminalidad en España ha bajado desde los 49,4 delitos por 1.000 habitantes en 2005 hasta los 40,6 en 2025, situándose en el mínimo histórico. En ese mismo periodo, la población extranjera se ha más que duplicado, pasando de alrededor de 3,7 millones a más de 7 millones de personas. En resumen: más migrantes, menos delitos.

En relación a los delitos sexuales y de violencia de género –un argumento recurrente en el discurso machista y ultra que apela a “proteger a nuestras mujeres”– los datos del primer trimestre de 2025 muestran que las agresiones sexuales cometidas por extranjeros han caído un 27%, mientras que las cometidas por españoles han subido un 7%. Además, los robos han disminuido un 10% entre la población extranjera, frente a un 3% entre los españoles .

Este contexto estadístico hecha por tierra, con evidencia objetiva, el argumento de que la migración sea un factor determinante de inseguridad. Por el contrario, muestra que los movimientos migratorios no han tenido impacto negativo en la convivencia, y que el ruido de algunos discursos políticos solo buscan estigmatizar, generalizar y alarmar sin respaldo en los hechos reales.

Aumento preocupante de los delitos de odio

Mientras que en términos generales la delincuencia baja, si se desglosa por tipo la cuestión cambia ya que los delitos de odio han crecido un 21%. Una subida todavía mayor si se observan los cometidos por razones racistas que lo hacen en un 41,8% (856). De hecho, suponen la mitad de las denuncias por delitos de odio, según datos de Interior.

Estos datos subrayan cómo los discursos que asocian migración y delincuencia no solo carecen de base estadística, sino que pueden impulsar un entorno social donde el odio y la hostilidad hacia la población migrante se ven alimentados.

Una responsabilidad política y penal

Las denuncias interpuestas no solo buscan respuesta jurídica, sino también afrontar esta situación y de exigir responsabilidades políticas. “No se puede normalizar el racismo institucional ni el odio como herramienta electoral”, afirman desde las plataformas impulsoras.

En un contexto social marcado por la tensión y la violencia, las entidades promotoras llaman a la ciudadanía a movilizarse y a los partidos democráticos a frenar el discurso xenófobo y a defender una convivencia basada en la verdad, los derechos humanos y la inclusión.

“No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de proteger el derecho a vivir sin ser señalado, perseguido o agredido por tu lugar de origen”, subrayan.

Abraham Canales

Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)