Avances en la reforma de la dependencia aunque arrastra importantes carencias
Los sindicatos CCOO y UGT valoran las mejoras introducidas en la propuesta de reforma de la Ley 39/2006 para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aunque todavía señalan graves deficiencias.
El Ministerio de Derechos Sociales ha incorporado algunas propuestas durante el periodo de consultas sobre la reforma de los servicios públicos de atención a la dependencia que las organizaciones de trabajadores han querido poner en valor.
En particular, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras valoran la insistencia en profesionalizar el sector mediante la mejora de la cualificación y las condiciones del empleo, así como el marco común para todo el Estado del copago obligatorio.
En un comunicado conjunto, aprecian como positivo que se establezca el deber de “acordar con las comunidades autónomas unos criterios comunes en todo el Estado para regular el copago que asumen las personas beneficiarias”, con lo que se cumpliría el compromiso adquirido en el Acuerdo de Diálogo Social por el que se definió el Plan de Choque en 2021 para la reactivación de la implantación del Servicio de Atención y Ayuda a la Dependencia.
También valoran la apelación a “la garantía de atención profesional” con la que se prestarán los nuevos servicios de cuidado en domicilio, estableciéndose un plazo máximo de un año para que se concreten por acuerdo con las comunidades autónomas, y el refuerzo de la calidad del empleo como garantía de la calidad de la atención.
“Saludamos además la inclusión de un amplio apartado en la nueva ley que regule la calidad del empleo en el sistema de dependencia, al entender esta como la mejor garantía de atención de las personas beneficiarias de los servicios de dependencia”, expresan los sindicatos.
Según recoge lo que todavía es una propuesta que debe elevarse a proyecto legislativo “el compromiso de que la totalidad de las plantillas deben contar con la cualificación profesional adecuada, así como que todas las empresas y entidades, públicas y privadas, que operen en el sector cuenten obligatoriamente con ratios de plantilla suficientes, distinguiendo a la totalidad del personal que debe participar en la atención, de modo que se prevén tanto ratios globales (para personal de servicios auxiliares como cocina, limpieza, etc.) como ratios de atención directa (de personal cualificado dedicado exclusivamente a atender a las personas dependientes)”.
Sin embargo, el texto presente algunas deficiencias que, a juicio de las centrales sindicales, deberían mejorarse en el trámite parlamentario para garantizar que el Sistema de dependencia mantiene su apuesta por la calidad de atención basada en la atención preferente mediante servicios profesionales.
En concreto, se refieren a “la flexibilización de los requisitos que se establecen para reconocer la prestación económica de cuidado familiar, ahora desvinculándola no solo del vínculo familiar sino también de la propia convivencia con la persona dependiente”.
Para los sindicatos, este recurso, debería “habilitarse únicamente a entornos rurales” donde la proximidad e inmediatez no solo está garantizada. De otro modo, advierten, “este tipo de medidas con toda probabilidad redundarán en fenómenos de empleo sumergido y desprofesionalizado para atender a las personas en situación de dependencia”.
Igualmente critican la ambigüedad de la definición de “servicio de atención residencial”, al haberse suprimido las referencias al “enfoque de atención integral, servicios continuados de carácter personal y sanitario”, lo que puede acarrear una peor calidad de la atención.
Por último, critican que “el anteproyecto de Ley no incluye ni en su articulado ni en su memoria de acompañamiento una referencia expresa a ninguna medida orientada al fortalecimiento y a la suficiencia de la financiación pública del sistema”.
“La financiación pública ha de ser suficiente sin necesidad de acudir a una participación igual de relevante al copago. Igualmente, ha de garantizarse que en dicha financiación pública deben participar a partes iguales el Estado y las comunidades autónomas”, señalan.
Al tiempo, denuncian la insuficiencia que supone que el total del gasto destinado a financiar el sistema de dependencia se limite al 0,8% del PIB cuando el resto de los países de nuestro entorno destinan entre el 1,5% y el 2% del PIB.
Reparto de 783,2 millones de euros
De momento, el Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
“Nuestra vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde el 2014 y para ello vamos a continuar nuestro trabajo tanto en el Consejo Territorial como en el seno del Ejecutivo hasta cumplir con lo recogido en el Acuerdo de Gobierno”, ha planteado Bustinduy.
Según ha informado, en 2024 las comunidades autónomas recibieron más de 800 millones de euros de los fondos europeos para implantar sistemas de teleasistencia y transformar más de 15.000 plazas residenciales, además de otros 230 millones para pagar cotizaciones de cuidadores no profesionales.
Los sindicatos celebran los avances producidos en varios elementos estratégicos de la reforma, si bien llaman al conjunto de grupos parlamentarios a que mejoren el texto en elementos que consideran igualmente relevantes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
