Sordo pide a Gobierno y empresarios acordar la reforma del despido para evitar la conflictividad judicial
El sindicato insta al Gobierno y organizaciones patronales abrir una “mesa de diálogo para modificar el régimen de despido en España”, de modo que se “avenga a la normativa europea”, que ha recordado, obliga al Estado a adaptar su legislación.
Con el reciente fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales tras la reclamación presentada por CCOO en la misa dirección que la que en su día presentó UGT, “todas las cartas están sobre la mesa”, ha explicado su secretario general.
En este escenario, y a la espera de que el Tribunal Suprema pueda entrar a aclarar cómo debe aplicarse la norma europea, lo que no es seguro que haga, el próximo 16 de julio, desde este sindicato, han llamado al Gobierno y patronal a negociar una nueva regulación del despido acorde con la Carta Social Europea.
Para Unai Sordo solo hay dos opciones: una reforma legislativa o alentar la conflictividad judicial hasta que se establezca la jurisprudencia. De hecho, Sordo ha anunciado que su organización está dispuesta a iniciar “una guerra de guerrilla judicial” si el Gobierno de coalición, en cuyo seno hay importantes resistencias y la patronal aspiraran no hacer nada.
Es más, ha pedido a la patronal que se comporte como adultos y sean responsables, para evitar que las empresas y los trabajadores se enfrenten a un escenario marcado por la inestabilidad y la inseguridad jurídica
A ver cómo explican luego el coste que los empresarios van a tener que pagar si dejan que sean los jueces los que determinen la cuantía de las indemnizaciones. No solo ha pedido al Gobierno que lidere esta reforma, tan o más relevante que la reducción de jornada, sino que ha adelantado que trabajarán en una propuesta conjunta con UGT.
Según ha informado Sordo, el nuevo sistema de despidos en España debe cambiar para que los órganos judiciales pueden valorar la efectividad de la reparación y compensación al trabajador, no solo económicamente, sino también con la posibilidad de ser readmitido.
Además, la cuantía de la indemnización deber ser suficiente y disuasoria especialmente en caso de escasos salarios y antigüedad y se han de recuperar los salarios de tramitación, eliminados por la reforma laboral de 2012, como una variable más para adecuarlo a la suficiente de la compensación.
“Las cartas del juego han cambiado”, por lo que entramos en una “era nueva”, ha insistido Sordo.
Por su parte, la directora del Gabinete Jurídico de CCOO, Eva Urbano, ha aclarado, ante las opiniones del líder de la patronal, Antonio Garamendi, de que el fallo del comité europeo no obliga a su cumplimiento, que tanto el Tribunal Constitucional, como la Sala de los Contencioso e incluso de los Social, aunque más “tímidamente”, reconoce la prevalencia de los tratados internacionales sobre la normativa interna.
De hecho, ha explicado, la esperada sentencia del Supremo puede que entre o no en precisar cómo ha de aplicarse el fallo europeo, según la argumentación de las partes litigantes, pero lo que no puede decir, bajo ningún concepto, es que la legislación española actual cumple lo establecido en la Carta Social Europea.
El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, ha informado de que “entre 2019 y 2023, el número de despidos se incrementó un 8% (hasta los 606.600 al año), mientras que la indemnización media ha caído de 93 a 74 euros por día trabajado, una reducción del 20%. Esto se debe a la rotación laboral, que impide que las personas acumulen antigüedad suficiente para que la indemnización sea significativa”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
