Piden dejar de financiar los combustibles fósiles, la deforestación y el militarismo
En vísperas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación Internacional para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, casi cuarenta organizaciones sociales han piden al Gobierno de España y a las principales entidades bancarias del país que dejen de financiar actividades que agravan la crisis climática, fomentan la deforestación y alimentan el militarismo.
Las organizaciones, entre las que se encuentran Alianza por la Solidaridad–ActionAid, Ecologistas en Acción, End Fossil Finance, Juventud por el Clima y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), han remitido una carta al presidente Pedro Sánchez y a diversos organismos gubernamentales reclamando el fin de las subvenciones públicas a los combustibles fósiles y una regulación más estricta sobre la financiación bancaria privada.
Asimismo, han dirigido misivas al Banco Santander, BBVA y CaixaBank, señalando su papel destacado en la financiación de sectores que contribuyen a la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la industria armamentística. Las organizaciones denuncian que estas entidades no solo financian proyectos contaminantes, sino que también respaldan empresas implicadas en violaciones de derechos humanos, como las que operan en los Territorios Palestinos Ocupados.
El Banco Santander, por ejemplo, es el mayor financiador español del gas fósil licuado y el tercero a nivel mundial, participando en proyectos como Saguaro, que amenaza la biodiversidad marina en el golfo de México. Además, lidera la financiación de la industria militar en España.
BBVA, por su parte, figura en el puesto 39 del ranking mundial de bancos que más contribuyen a la crisis climática, según el informe Banking on Climate Chaos. También ha financiado empresas armamentísticas que suministran armas utilizadas en Gaza.
CaixaBank ocupa la posición 47 en ese mismo ranking y es la tercera entidad española que más crédito otorga a sectores de alto riesgo ecológico. A pesar de su compromiso declarado con el progreso social, continúa financiando fabricantes de armas y empresas activas en territorios ocupados.
Las organizaciones firmantes exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos, como el Acuerdo de París, la alianza BOGA (Alianza más allá del Petróleo y el Gas por sus siglas en inglés) y COFFIS (Coalición por el Abandono progresivo de los Incentivos al Combustible Fósil Incluidos los Subsidios, igualmente por sus siglas en inglés).
La carta concluye con una llamada urgente a establecer normativas que garanticen el control público y social sobre las actividades empresariales en toda la cadena de valor, así como mecanismos de responsabilidad administrativa, civil y penal para las empresas transnacionales, incluidas las del sector financiero y armamentístico, en caso de violaciones de derechos humanos.
La deuda externa
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (CONGD) de España ha presentado una batería de propuestas orientadas a transformar el sistema financiero global hacia un modelo más justo, sostenible y centrado en los derechos humanos, incluida también la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, redirigiendo esos fondos hacia la financiación climática, la protección de la biodiversidad y los servicios públicos esenciales.
Además, reclama una tributación justa, que incluya impuestos a grandes fortunas y beneficios extraordinarios, para que quienes más contaminan o se benefician del sistema contribuyan proporcionalmente; la cancelación y reestructuración de la deuda externa de los países del Sur Global, liberando recursos para el desarrollo sostenible; una regulación efectiva del sector privado, especialmente en su participación en la agenda de desarrollo, para evitar impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente; una financiación feminista y ambiental, que priorice la equidad de género, la justicia climática y la protección de los bienes comunes.
La CONGD llama a la la sociedad civil a involucrarse en la construcción de un sistema económico que respete los límites del planeta, reduzca las desigualdades y garantice los derechos fundamentales de todas las personas, para lo cual considera necesario la reforma de la arquitectura financiera internacional, democratizando su gobernanza y garantizando una justicia global feminista y ambiental.
La Conferencia de Naciones Unidas de Financiación Internacional para el Desarrollo se celebra cada diez años. En este ocasión, la cita puede ser clave si los líderes mundiales deciden afrontar los retos globales más relevantes y movilizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos fijados en la Agenda 2030.
Mientras se gastan billones en armas y combustibles fósiles, faltan recursos para educación, sanidad, cuidados o asistencia humanitaria, lo que tiene graves consecuencias para la mayoría de la población mundial y especialmente para quienes ya están en una situación extrema.
Redactor jefe de Noticias Obreras
