Los sindicatos piden al Gobierno información sobre la nueva evaluación del sistema público de pensiones
El anuncio de que el Gobierno encargará una nueva evaluación del sistema público de pensiones en 2026 a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ha generado “sorpresa” entre los sindicatos que han pedido que se traslade esta información a la mesa de diálogo social.
Este cambio “no ha sido transmitido en modo alguno a los interlocutores sociales”, se han quejado las organizaciones de trabajadores que, tal y como recuerdan, habían alcanzado diversos acuerdos con el Gobierno en materia de Seguridad Social entre 2021 y 2024.
El Ejecutivo español ha presentado en audiencia pública un proyecto de ley para reformar el Real Decreto de 18 de febrero, por el que se encarga a la Airef evaluar de nuevo la salud financiera del sistema público de pensiones y proponer medidas para asegurar su sostenibilidad antes del 1 de junio de 2026.
En la última auditoría, trasladada a la Comisión Europea en cumplimiento de los requisitos para recibir fondos europeos, el órgano fiscal descartó que fuera necesarias nuevas medidas correctoras, como aumentar las cotizaciones.
Si embargo, según informaciones periodísticas, Bruselas no está de acuerdo con considerar las transferencias de impuestos a la Seguridad Social como ingresos del sistema, por lo que ha pedido introducir cambios en el método de análisis para determinar el impacto de las pensiones públicas en los presupuestos generales.
Transferencias a la Seguridad Social
Los dos principales sindicatos del país han respondido en este punto que las transferencias de la Hacienda Pública hacia la Seguridad Social están debidamente reguladas en Ley General de la Seguridad Social siguiendo las recomendaciones y conclusiones parlamentarias del Pacto de Toledo.
En su opinión, “estos ingresos deben ser considerados íntegramente en cualquier estimación de proyecciones sobre Seguridad Social” y adelantan que no ven motivo para que una nueva revisión arroje resultados diferentes a los ya conocidos.
En todo caso, apuntan habría que mejorar algunas proyecciones que, desde su punto de vista, han sido infraestimadas, como los ingresos derivados de la cotización por ingresos reales en el régimen de trabajadores autónomos, y el impacto de la disminución de la jubilación anticipada involuntaria y la demora de la jubilación.
Estas organizaciones sindicales señalan que vienen reclamando una reforma fiscal”, más allá de los requerimientos que la Comisión Europea traslade al Gobierno, como, por otro, lado figura en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
También advierten que, si el próximo análisis financiero determina que los ingresos del sistema no son suficientes, a pesar “del incremento de recaudación fiscal estructural, que viene dándose y batiendo récords de recaudación en los últimos años”, habrá que adoptar medidas que garanticen recursos tributarios adicionales para cumplir con las nuevas reglas fiscales.
CCOO y UGT se han dirigido al ministerio para exigir “información de forma inmediata” y abordar estas medidas en el marco de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social, “a la que no se ha trasladado información alguna al respecto”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
