España, el segundo país con más solicitudes de asilo de la UE y uno de los que menos protección reconoce
En 2024, España se convirtió en el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes de protección internacional. Como en años anteriores, Venezuela y Colombia encabezaron la lista de países de la que proceden más solicitudes, mientras que Mali apareció como el tercer país por el agravamiento del conflicto y la crisis humanitaria en la región del Sahel.
Pese a este elevado número de solicitudes, España fue uno de los países de la UE con menor porcentaje de reconocimiento, con una tasa del 18,5 %, muy por debajo del promedio europeo del 46,6 %.
Según el codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, esta diferencia se debe a las particularidades del modelo migratorio español, que, a través de “mecanismos como el arraigo”, ha reducido históricamente las concesiones de asilo. No obstante, Valiente destacó que “hay un amplio margen de mejora en este aspecto”, durante la presentación del informe anual de la Comisión, ante la celebración del Día Mundial del Refugiado del próximo 20 de junio.
El informe también advierte sobre los obstáculos en el acceso al procedimiento de solicitud de asilo, en particular las dificultades para obtener una cita. Muchas personas han intentado en vano conseguir una fecha para presentar su solicitud. Además, la organización ha denunciado el uso abusivo de los visados de tránsito, una medida que impide que las personas soliciten asilo durante sus escalas en aeropuertos europeos. A finales de 2024, España era el país que más recurría a esta práctica.
Apoyo a la ILP por la regularización de personas migrantes
Durante la presentación del informe, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, expresó su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización de más de medio millón de migrantes.
“Estamos hablando sobre ella con los distintos grupos parlamentarios y nuestra voluntad es que salga adelante”, ha afirmado Cancela. “No solamente por el respeto al inmenso número de firmas que están detrás, por las entidades que están detrás, sino porque creemos que es una oportunidad para nuestro país. Y que no es incompatible, en absoluto, con la ley [de Extranjería]”, ha asegurado,
En relación con el Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo y dejó en situación irregular a numerosos solicitantes de asilo, Cancela afirmó que la intención del Gobierno era mitigar el impacto negativo de la medida. Sin embargo, reconoció la necesidad de trabajar en otras soluciones, mencionando la ILP como una posible vía.
Por otro lado, se refirió a las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo en la atención a menores migrantes solicitantes de asilo, asegurando que el Ministerio de Seguridad Social responderá a ellas, aunque enfatizó que el sistema actual busca garantizar su bienestar mediante procedimientos adecuados y entidades especializadas.
La secretaria de Estado también subrayó la necesidad de que España y Europa definan su posición en materia de política migratoria, un ámbito que ha evolucionado hacia un enfoque más centrado en la seguridad que en los derechos humanos. En este sentido, indicó que el Gobierno ha enviado una primera propuesta a la Comisión Europea y continuará trabajando para la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026.
Finalmente, el informe de CEAR resalta avances en la respuesta gubernamental, especialmente el acuerdo de marzo de 2025 entre el Gobierno estatal y Canarias, que establece un mecanismo solidario para la distribución de menores migrantes.
Este pacto abre nuevas oportunidades para proporcionar protección efectiva, aunque queda por ver cómo se aplicará en la práctica. Asimismo, CEAR pone de relieve las dificultades adicionales que enfrentan ciertos colectivos vulnerables, como personas con problemas de salud mental, ex tuteladas y mayores, quienes requieren una atención especializada adaptada a sus necesidades.
Crisis, conflictos y desastres naturales
Unos 122,6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus países de origen en 2024, con lo que el número de personas desplazadas ha aumentado un 5%, con respecto al año anterior.
El incremento de desplazados se debe a “la intensificación de las crisis humanitarias y los conflictos armados en curso, así como el aumento de desastres naturales, se encuentran entre las causas de este aumento”, según el informe anual de la ONG.
Alrededor de 43,7 millones se consideraron refugiadas, entre las que se cuentan casi seis millones de personas de Palestina bajo mandato de la UNRWA; ocho millones fueron solicitantes de asilo y alrededor de 4,4 millones eran apátridas.
Afganistán, Siria, Ucrania y Venezuela fueron los principales países de origen de las personas refugiadas. Sudán, por su parte, representó la mayor crisis de desplazamiento forzado interno, mientras que en el Sahel factores múltiples como la inestabilidad política, los conflictos armados y la crisis climática generaron desplazamientos tanto internos como internacionales.
La mayor parte de las personas refugiadas buscaron protección en países vecinos, siendo estos, en su mayoría, países de renta baja o media. Alemania (2,7 millones), Colombia (2,8 millones), Irán (3,8 millones), Turquía (3,1 millones) y Uganda (1,7 millones) acogieron a más de un tercio del número global de personas refugiadas.
La gran mayoría de desplazamientos forzosos ocurrieron dentro de las fronteras de los países de origen de las personas desplazadas, registrándose un incremento del 6% de dichos desplazamientos (72,1 millones) respecto al año 2023. El 90% de ellos se produjeron en Haití, Myanmar, Mozambique, República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania.
El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024, ha dejado en segundo plazo la protección internacional y las vías legales y seguras para las personas desplazadas, primando la externalización de fronteras y el refuerzo de las políticas de retorno.
En 2024, se registraron 208 909 llegadas irregulares a la UE, un 29% menos que el año anterior, consolidando así la tendencia descendente desde 2015, año en que se superó el millón de llegadas.
La disminución tiene que ver con el nuevo enfoque securitario y de externalización. Siria se mantiene como principal país de origen, duplicando las cifras de Mali, seguido por Afganistán, Bangladesh, Senegal, Egipto, Argelia y Marruecos.
Destaca una drástica reducción de llegadas desde Guinea (-60%) y la salida de Costa de Marfil del grupo de los diez países con más llegadas.
El 91 % de las personas llegaron por mar (189.167) y solo un 9% por tierra (19.512). La ruta del Mediterráneo Central hacia Italia y Malta, tradicionalmente la más transitada, experimentó un notable descenso del 58%, con 66.855 llegadas.
En contraste, la ruta atlántica hacia Canarias aumentó un 17,4%, con 46.843 llegadas. La ruta del Mediterráneo Occidental hacia España descendió un 2,6%, con 17.127 llegadas (14.480 por mar y 2647 por tierra). Por su parte, la ruta del Mediterráneo Oriental (Grecia, Bulgaria, Chipre) se mantuvo relativamente estable, principalmente por tierra, aunque Grecia experimentó un incremento del 29%, alcanzando las 62.043 personas.
Italia sigue siendo el principal país de llegada (66.617 personas, -58%), seguida de España (63.970, +12,5 %) y Grecia (62.043, +29 %). Las llegadas por tierra se concentraron en Bulgaria (9291), Grecia (7574) y España (2647), siendo esta última la que experimentó el mayor aumento porcentual (+114,5%).
A pesar del descenso general de llegadas, la mortalidad sigue siendo alarmante. En 2024, 3419 personas murieron o desaparecieron en rutas hacia Europa.
La mayoría lo hicieron en rutas del Mediterráneo, siendo la Central la más letal, con una concentración del 50% del total. La ruta atlántica hacia Canarias registró 1215 muertes o desapariciones, un 27% más que en 2023, la cifra más alta desde que se tiene registro.
La ruta del Mediterráneo Occidental hacia España contabilizó 466 muertes, y la Oriental, 175. En 2024, la UE recibió 995.335 solicitudes de protección internacional, un 12% menos que en 2023. Alemania fue nuevamente el país que más recibió, con 229.695 solicitudes, mayoritariamente de personas de Siria, Afganistán y Turquía, aunque registró un descenso del 34% con respecto al año anterior.
