Critican la condena a prisión de “las seis de La Suiza” por criminalizar la acción sindical
Organizaciones sindicales y sociales han mostrado su profundo desacuerdo con el auto del Juzgado de lo Penal de Gijón que ordena el ingreso en prisión de las conocidas como “las seis de La Suiza”, tras ser rechazados todos los recursos presentados.
La propia CNT, que impulsó la movilización sindical contra la gestión laboral de la propiedad de esta pastelería, al conocer el auto del tribunal de primer instancia que desestima el aplazamiento del cumplimiento de la condena, ha manifestado que seguirá mostrando su apoyo y lucha contra “lo que creemos que es una decisión con la voluntad de aplacar la acción directa y, por ende, nuestra seña de identidad como anarcosindicalistas”.
Al tiempo agradecen las adhesiones a todos y cada uno de los sindicatos que han respaldado sus reivindicaciones y han apoyado su estrategia judicial citando expresamente a CCOO, CGT, CI (Intersindical), Clase Trabayadora, CSI, CSO, CIT AUX SAD, CUT, ELA, ESK, ISA, SAT, SO, SUATEA, UGT y USO.
De paso, afirma CNT que las trabajadoras que tendrán que ingresar en prisión cuentan con “el apoyo de todas y cada de las que formamos parte de este sindicato, de las que se movilizan independientemente de banderas o colores, de las que creen que la lucha es el único camino que nos queda para reclamar nuestros derechos”, como demuestra “el seguimiento del caso, las muestras de solidaridad mostradas a través de todas las movilizaciones desarrolladas en estos ocho años y las adhesiones a los comunicados”.
También anuncia que, en coordinación con los sindicatos, entidades, asociaciones y personas a título individual, “vamos a seguir haciendo presión para que las compañeras eviten ser encarceladas, porque no lo olvidemos: nos queremos libres y sin mortajas y no presas o con ataduras”.
Apoyo de otros sindicatos
Para las centrales de trabajadores, como CCOO y CGT y grupos de apoyo a las sindicalistas condenadas se ha sentado un peligroso precedente contra la libertad sindical.
Tras ser desestimados los recursos ante la Audiencia Provincial de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón no ve motivos para atender la petición de suspender la ejecución del fallo.
El magistrado sostiene que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio debido a la campaña de presión alentada por las integrantes de CNT, después de que una trabajadora embarazada recurriera a la organización para solucionar lo que entendía que eran incumplimientos del convenio colectivo y prácticas de acoso por parte de su jefe.
Para la CGT, la interpretación que hace el juez no es más que “una teoría que contradice cualquier lógica en relación al derecho a la acción sindical y que es falsa pues el local ya estaba en proceso de venta con anterioridad a las protestas referidas”.
También critica que “de manera mezquina, el juzgado niega también la posibilidad de pagar las fianzas impuestas al sindicato CNT, porque cree que eso no es una muestra de “arrepentimiento de las personas condenadas, que deberían pagar de manera individualizada”.
Para la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, esta decisión judicial “evidencia un ejercicio de Derecho Penal inquisitivo y vengativo, porque desestima que exista arrepentimiento al protestar las sindicalistas contra la sentencia”.
La plataforma advierte que esta sentencia “pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de la huelga y a las protestas”.
Igualmente señalan que con los pronunciamientos judiciales que ha motivado el caso, desde primer instancia hasta el Tribunal Supremo, afectan a los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación,
Vía libre para perseguir el sindicalismo
Según el sindicato CCOO se trata de “un caso de represión del libre ejercicio de la actividad sindical”, que se sienta “nuevo precedente muy peligroso que deja vía libre para que otros jueces puedan perseguir la actividad que llevan a cabo los sindicatos y argumenta, además, que debería haber sido la jurisdicción de lo Social la competente para estos casos, y no los juzgados de lo Penal”.
Desde la CGT, afirman que “es inadmisible que en un país que se dice “democrático”, donde la acción sindical debería estar valorada como un factor de progreso, ocurra algo así. Tenemos claro de qué va esta sentencia y las anteriores: va de amedrentar y castigar la solidaridad de la clase trabajadora”.
La condena supone una “explícita criminalización de la protesta y es inadmisible en un Estado de derecho. Y más aún en las circunstancias en las que se ha producido”, expone el CCOO.
El derecho a reunirse, a manifestarse, a concentrarse y a protestar no puede estar sujeto a interpretaciones más o menos creativas por parte de la Justicia, sostiene CCOO que considera esencial seguir defendiendo la libertad sindical y que el ejercicio natural de nuestra actividad no sólo no sea perseguido, sino que sea protegido como un derecho fundamental.
“Al fin y al cabo de lo que se trata es de acabar con la criminalización de la protesta, de impedir que silencien a la clase trabajadora y de defender el ejercicio de un derecho que tantos años nos costó alcanzar y consolidar”. defiende la organización.
Por su parte, CGT interpreta que la decisión judicial responde al “desprecio y represión contra al sindicalismo y el apoyo mutuo”. Así recuerdan que esas acciones de protesta contra el acoso empresarial a una trabajadora embarazada contaban con “autorización gubernativa” y que se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
