Organizaciones sociales impulsan una proposición no de ley contra la discriminación inmobiliaria
Más de 50 organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, Provivienda, la Confederación Española de Consumidores Unidos y la Asociación Rumiñahui, han registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno acciones contundentes frente a la discriminación que sufren las personas migrantes y refugiadas en el acceso a la vivienda
La iniciativa cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, y se apoya en el reciente informe ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, elaborado por Provivienda, que revela que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias basadas en el origen étnico o nacional de las personas demandantes de vivienda.
Las organizaciones denuncian que esta realidad expulsa a muchas personas migrantes al mercado informal de subarriendos o al hacinamiento, con graves consecuencias para otros derechos básicos como la sanidad o la educación, al dificultarse trámites como el empadronamiento.
La PNL reclama al Ejecutivo medidas urgentes y estructurales, entre las que destacan la aplicación efectiva de la Ley Integral de Igualdad de Trato (15/2022), con la creación y dotación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato; la incorporación de criterios inclusivos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 y la regulación de los requisitos exigidos en los contratos de alquiler para evitar filtros discriminatorios.
Además, las entidades proponen la puesta en marcha de bolsas de alquiler asequible con mediación y asesoría legal; campañas de información dirigidas a población migrante y programas de sensibilización para el sector inmobiliario; y el refuerzo de la vigilancia del mercado, mecanismos sancionadores, y vías accesibles para denunciar situaciones de discriminación.
Las entidades firmantes subrayan que “la vivienda es un derecho, no un privilegio”, y exigen al Gobierno voluntad política para garantizar un acceso igualitario para todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa. “No basta con prohibir la discriminación: hay que prevenirla, detectarla y sancionarla”, afirman.
La propuesta se enmarca en una creciente preocupación por el racismo estructural en el mercado de la vivienda y en la necesidad de construir una sociedad donde, como recuerda el Evangelio, “nadie quede excluido del hogar común”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
