España ha gastado ya todos los recursos naturales de que disponía para este año

España ha gastado ya todos los recursos naturales de que disponía para este año
España ha consumido esta semana todos los recursos naturales disponibles para 2025, por lo que a partir de este momento empieza a gastar la “despensa” de años venideros. 

Nuestro país alcanza su “sobrecapacidad” el mismo día que China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Los tres países europeos llegan a esta fecha de déficit ecológico por detrás de España, aunque con poca diferencia: Grecia lo hará el próximo domingo 25 de mayo, Rumanía el sábado 31 y Hungría el lunes 2 de junio. 

El país que antes agota los recursos naturales y el patrimonio de los ecosistemas es Qatar, que agotó sus recursos el 6 de febrero, seguido de Luxemburgo, el 17 de febrero, y de Singapur, el 26 de febrero.  

Aunque no se disponen de datos de todos los países, se estima que los que más tardan en agotar los bienes naturales de que disponen son Nicaragua, el 11 de noviembre, Indonesia, el 18 de noviembre y Uruguay el 17 de diciembre. 

El llamado Día de la Sobrecapacidad de la Tierra trata de llamar la atención sobre la huella ecológica de la actividad humana. Es el momento en que se agotan los bienes naturales, como el agua, la madera, los suelos, los minerales y metales, disponibles en un año para responder a la demanda del planeta o un país se alcanza  

Los cálculos se deben a la fundación Global Footprint Network, una organización internacional de investigación, cuyo objetivo es sensibilizar y dar herramientas a los gobiernos para promover una economía que opere dentro de los límites ecológicos de la Tierra.

El año pasado, el día de la Sobrecapacidad de España se adelantó en cuatro días, al 20 de mayo, lo que puede interpretarse por una mejoría en el uso de sus recursos naturales, aunque casi insignificante.

Deuda ecológica e intergeneracional 

La población de los países más prósperos vive, en realidad, endeudada con la Tierra, gastando recursos de otros países y de las futuras generaciones, generando residuos, principalmente dióxido de carbono en la atmósfera y contaminando el agua y los suelos, poniendo en riesgo los procesos biológicos que han permitido la vida en el planeta.

Los datos actuales indican que, si todos los países del mundo consumieran igual, sería necesario el equivalente a 2,6 planetas para mantener el ritmo actual de consumo.  

No solo hay diferencias el trato que cada país dispensa a su entorno natural, también entre los estilos de vida dentro de cada Estado. El derroche de los ultra ricos (yates, jets privados, propiedades…), que además poseen buena parte del capital de las empresas más contaminantes, supone un alto coste para el planeta y el resto de los habitantes del planeta. 

En la globalización financiera que rige el mundo, la producción y consumo de muchos productos se articula de forma transnacional a través del predominio de grandes empresas que distribuyen las partes de la cadena de valor en ciertos territorios según la disponibilidad a precios competitivos de recursos naturales y fuerza de trabajo, la ausencia de regulaciones y ventajas fiscales.

Este modo de operar es particularmente evidente en la industria textil, electrónica y de la movilidad eléctrica. Sus modelos de negocio se asientan sobre una cadena de suministro globalizada y deslocalizada, donde las fases más intensivas en energía, recursos y mano de obra se concentran en el Sur Global.

“En el Norte se renuevan móviles anualmente, se tiran toneladas de ropa útil y se compran vehículos eléctricos individuales, mientras el Sur recibe los impactos ambientales y los residuos”

Tal y como explica Claudia Bosch, responsable de la campaña Electrónica Justa de SETEM Cataluña, “este patrón produce desigualdades flagrantes: mientras en el Norte Global se renuevan móviles anualmente, se tiran toneladas de ropa aún útil y se promueve la compra de vehículos eléctricos individuales, en el Sur Global se acumulan los impactos ambientales y los residuos, a menudo sin capacidad para gestionarlos”.

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Reorientar la economía hacía el bienestar colectivo

Organizaciones ecologistas, como Greenpeace, consideran que “es urgente reorientar la economía hacia el bienestar colectivo, promoviendo la sostenibilidad, la regeneración, una mayor responsabilidad de gobiernos y que las corporaciones y élites paguen por el daño que causan 

Esta entidad entiende que “hay que emprender importantes cambios en tres sectores clave: agricultura, energía en los hogares y transporte, que generan el 50 % de las emisiones en todo el país”. 

En concreto propone la revisión de las subvenciones tóxicas de la economía española que “liberaría 23.000 millones de euros para promover este cambio” y “reformas en el modelo de desarrollo y también en la fiscalidad, tanto a nivel nacional como europeo, para hacer que ultrarricos y contaminadores paguen por el daño que ocasionan”. 

“Hay que impulsar soluciones que son buenas para el bolsillo de las personas y reducen nuestra huella en el planeta”, destaca Greenpeace, que insiste en que “estas soluciones ya existen y se podrían afrontar económicamente con voluntad política y justicia fiscal”. 

La entidad apuesta por la rehabilitación de más de 600.000 viviendas al año para ganar en eficiencia energética y el transporte público, aumentando su calidad y disponibilidad a la mayor parte de la población. 

Además, propone la creación de un Fondo de Transición Agroecológica, destinado a apoyar a 250.000 agricultores familiares y sociales en su camino hacia una producción ecológica, digna y con mejor acceso a mercados y contratación pública. 

En definitiva, concluye, “se trata de invertir en soluciones que contribuyan a saldar nuestra deuda con el planeta, con una mayor democratización de la economía y generando más bienestar”.

Para SETEM Cataluña, no basta con una transición tecnológica, sino que hacer falta “dejar atrás un modelo extractivista y productivista, y avanzar hacia economías que operen dentro de los límites planetarios, donde el principio de justicia global e intergeneracional sea central”, por lo que defienden “políticas públicas valientes basadas en la suficiencia, que limiten el greenwashing y obliguen a las empresas a responsabilizarse del ciclo de vida completo de sus productos”.