El legado jurídico de Francisco: reformas audaces con futuro incierto
El papa Francisco ha impulsado una de las reformas más audaces en la historia reciente de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado en 2013, las innovaciones, tanto estructurales como pastorales, han proyectado la imagen de una Iglesia más cercana, sinodal y comprometida con la transparencia y la justicia.
En el ámbito jurídico, Francisco ha promovido una auténtica “primavera legislativa” que ha puesto el derecho canónico al servicio de esa reforma eclesial. Este proceso no ha estado exento de tensiones internas, lagunas y contradicciones, que plantean dudas sobre la estabilidad de estos cambios a largo plazo. Estamos por tanto en un momento crucial para la consolidación de estas reformas.
Sinodalidad
Uno de los grandes méritos de Francisco ha sido su compromiso con la renovación institucional promovida por sus predecesores desde el Concilio Vaticano II. La reforma de la Curia Romana, mediante la constitución apostólica Praedicate Evangelium (2022), priorizó la misión evangelizadora de la Iglesia y abrió espacios inéditos para los laicos, sobre todo para las mujeres, en funciones de gobierno eclesial.
Esto se ha conseguido sin hacer tambalear ninguno de los principios teológicos que dificultaban el paso. Es el caso de la conexión entre la potestad de gobierno y la potestad sagrada del sacerdocio, que contempla la reserva de este sacramento a los varones.
La sinodalidad, una forma comunitaria de vivir y operar dentro de la Iglesia, se ha convertido en pilar de su pontificado. Francisco ha buscado promover un modelo de Iglesia basado en la escucha, la consulta y la participación del pueblo de Dios en la toma de decisiones.
El Sínodo sobre la sinodalidad, celebrado entre 2021 y 2024, debería culminar en lo que no será ya otro sínodo de obispos, sino una Asamblea Eclesial. Este nuevo órgano, cuya forma jurídica está todavía por definir, está previsto que se reúna en octubre de 2028.
Transparencia y opacidad
Francisco ha apostado también por una mayor transparencia en la gestión económica de la Iglesia. Ha fortalecido los mecanismos de control, con nuevas normas sobre contratación pública y rendición de cuentas, alineadas con los estándares internacionales de buen gobierno. Este esfuerzo reformador ha encontrado sin embargo serias resistencias.
El cardenal australiano George Pell, secretario de Economía de la Santa Sede, afrontó obstáculos internos desde los inicios. En 2016 ordenó una auditoría externa de las finanzas vaticanas, pero esta fue suspendida por la Secretaría de Estado, en una polémica maniobra que puso de manifiesto la lucha de poder existente entre los dos organismos del Vaticano.
En 2018, Pell tuvo que trasladarse a Australia para hacer frente a unas acusaciones de abusos sexuales. Tras una primera sentencia condenatoria, el papa Francisco le prohibió el ejercicio público del ministerio sacerdotal y fue apartado de la Secretaría de Economía. Sin embargo, tras algo más de un año en prisión, la Corte Suprema de Australia anuló por unanimidad la condena.
Otro capítulo polémico del pontificado de Francisco se produjo en 2017, cuando el primer auditor general, Libero Milone, resultó destituido apenas dos años después de su nombramiento. La salida de Milone, un ejecutivo con 32 años de carrera en Deloitte, y las circunstancias que la rodearon, provocaron un llamativo contraste con el discurso oficial sobre transparencia.
Uno de los casos más controvertidos ha sido el del cardenal Giovanni Angelo Becciu. Acusado de malversar fondos destinados a obras de caridad, fue despojado de sus derechos cardenalicios y llevado a juicio. Aunque el proceso se presentó como ejemplo de firmeza, también recibió críticas por su opacidad e irregularidades en la aplicación de la normativa procesal.
Una reforma penal valiente, con alguna sombra
En materia de abusos, Francisco ha respondido con medidas firmes, como la carta apostólica Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo, 2019) y la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico (2021). Estas normas pretenden mayor justicia para las víctimas y restaurar la credibilidad de la Iglesia en este ámbito.
Sin embargo, algunos casos han puesto en duda la coherencia de esta política. El trato al obispo Gustavo Zanchetta, condenado por abusos pero nunca sancionado canónicamente, o el caso del jesuita Marko Ivan Rupnik, acusado por múltiples víctimas, revelan fallos graves en la aplicación del principio de “tolerancia cero”.
A ello se suma la preocupación por prácticas jurídicas cuestionables, como la imputación retroactiva de delitos o la ausencia de garantías procesales básicas, como la presunción de inocencia.
El caso Cuatrecasas-Martínez ha reavivado el debate sobre el cumplimiento de los procesos canónicos con los estándares jurídicos internacionales. José María Martínez, un profesor laico de religión católica, fue juzgado en dos ocasiones por la Santa Sede en relación a los mismos hechos de abuso.
En este contexto, se han señalado posibles vulneraciones de principios penales fundamentales, como la presunción de inocencia, la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal y el principio non bis in idem, que impide ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo acto.
El derecho como garantía de los derechos
La actividad normativa del pontificado de Francisco ha planteado algunos interrogantes sobre los procesos legislativos y sobre la calidad técnica del derecho promulgado.
La elaboración de algunas de estas normas ha sido confiada a grupos reducidos de expertos, designados intuitu personae (en razón de la persona) sin un criterio claro de autoridad académica o jurídica. La opacidad sobre los trabajos preparatorios ha impedido también el necesario control de calidad que exige una legislación universal.
También se ha criticado un uso excesivo de los motu proprio, leyes emanadas por iniciativa y autoridad exclusiva del pontífice. Resulta en cierto modo paradójico que principios como la transparencia y la sinodalidad, promovidos con fuerza en el plano pastoral, no siempre se hayan reflejado en la actividad legislativa.
El no provenir del campo del derecho ha influido sin duda en el modo en que Francisco ha abordado determinadas cuestiones. Este hecho ha podido dificultar su comprensión sobre la función del derecho en la Iglesia.
Su pontificado ha abierto caminos nuevos, ha roto inercias y ha desafiado resistencias históricas con un innegable impulso reformador. Sin embargo, la credibilidad de las reformas no depende únicamente de su contenido, sino también de la manera en que se implementan. Algunos de los casos mencionados evidencian que, sin normas adecuadas y garantías jurídicas, la transparencia puede quedar seriamente comprometida.
La Iglesia atraviesa un tiempo en que cada gesto es observado con atención, cada norma leída con lupa, y cada incoherencia engrandecida. Para que las transformaciones impulsadas por Francisco sean sostenibles, deberían articularse sobre un marco jurídico claro, coherente y técnicamente riguroso. Y debería ser aplicado con pleno respeto de los derechos fundamentales de todos los fieles.
No se trata de meros tecnicismos: está en juego la protección de las personas y la credibilidad de la propia Iglesia. Así podrá ofrecer, también en el plano jurídico, un testimonio de esperanza para el mundo.
Texto publicado originalmente en The Conversation
Catedrática de Derecho, Universitat Internacional de Catalunya
