Duras críticas al borrador de Sanidad por ocultar los precios negociados con las farmacéuticas
La industria farmacéutica con la complicidad del Ministerio de Sanidad seguirá sin revelar los precios unitarios que cobra a las administraciones públicas, de salir adelante el borrador elaborado por el departamento que dirige Mónica García.
“La ciudadanía nunca podrá saber cuánto dinero público se paga realmente por cada nuevo medicamento”, denuncia la organización periodística de vigilancia Civio, de aprobarse el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios en los términos actuales.
La redacción actual es un “grave retroceso” en la lucha que esta organización mantiene desde 2019 por conocer el precio real de los productos farmacéuticos y los tratamientos que las empresas privadas proveen a la sanidad pública.
Sin embargo, el ministerio “quiere blindar por ley el secretismo sobre el precio real de los nuevos medicamentos que financia la sanidad pública”, denuncia Civio, que considera que el texto actual es una “concesión inédita a la industria farmacéutica”, que lleva años “presionando para esto”.
Según explica, “la ley actual ya considera confidencial la información que las farmacéuticas entregan al negociar sus precios”. Pero el borrador de la nueva norma va mucho más allá, al permitir la ocultación de la información que resulta de los acuerdos de financiación que se alcanzan.
Aunque el artículo 114 establece que “las compañías comercializadoras deberán facilitar al Ministerio de Sanidad toda la información sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros”, unos párrafos después se abre la puerta a la confidencialidad.
“La información que en virtud de este artículo obtenga la Administración General del Estado será confidencial, como también lo será la información que resulte de los acuerdos de financiación que se alcancen o de la aplicación de los mismos”, se puede leer en el punto 3.
El Ministerio de Sanidad, con todo, se reserva la potestad de publicar “información accesible”, así como “información agregada sobre el gasto en medicamentos y productos sanitarios, que en su caso complementará la publicada por el Ministerio de Hacienda sobre el gasto público asociado a los mismos”. Aunque pueda sonar bien, para Civio, supone blindar la “opacidad total” para no publicar el coste por unidad.
Desde 2006, con gobiernos de todo color la información que proporcionan los laboratorios al Ministerio se considera “confidencial”, pero ahora además los datos económicos utilizados para tomar la decisión quedarán blindados. El ministerio deberá informar de las decisiones de la comisión de precios (la CIPM), pero restringe el acceso a los datos.
“Llamar “información confidencial” al precio real que paga un hospital público por un medicamento es, sencillamente, pisotear la transparencia”, explica Civio.
En opinión del equipo de periodistas de vigilancia de la acción pública, la propuesta legislativa llega en un momento muy concreto, cuando gracias a los procesos judiciales que impulsa Civio, al amparo de la legislación sobre transparencia, los tribunales se están pronunciando sobre la información que debe compartir la Administración Pública en su relaciones con las firmas farmacéuticas.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y algunos juzgados han dado la razón a la entidad, aunque la Audiencia Nacional ha revocado dos de las primeras sentencias favorables, en los casos de los medicamentos Luxturna y Zolgensma, que todavía no son firmes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
