Trabajadores cristianos de Europa critican las deportaciones por vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes
La copresidenta del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE), Anna Luque, lamenta que la Unión Europea adopte las propuestas de la extrema derecha para responder al fenómeno de las migraciones
La propuesta de la Comisión Europea para crear un sistema común que permita el retorno de personas migrantes a tercero países y agilice las expulsiones pone en riesgo el cumplimento de los derechos humanos, según Anna Luque.
La portavoz del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE) considera que la nueva iniciativa europea responde “al miedo que el tema de la inmigración sea un caballo de troya que se les escape de las manos y se pierdan votantes”.
En su opinión, las disposiciones de la propuesta, entre ellas la creación de centros de retorno en terceros países para las personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una definitiva de retorno, pueden dar lugar a “flagrantes ataques a los derechos humanos”.
Luque pone como ejemplo El Salvador, donde su presidente con el fin de acabar con las bandas latinas, “detiene sin criterio a todo aquel que sea sospechoso, lo cual ha propiciado que un numeroso grupo de personas inocentes estén detenidas sin juicio”, mientras a la población no parce importarle “el ataque a los derechos humanos a la población en general”.
Según su criterio, algo parecido podría acabar pasando en la Unión Europea “si se utiliza la deportación con criterios poco fiables y queriendo, solo, contentar a futuros votantes”.
El reglamento europeo ha sido duramente criticado por entidades de defensa de los derechos humanos y atención a las personas migrantes, pero también de la propia Iglesia europea.
El asesor jurídico de Migración y Asilo de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), José Luis Bazán, ha alertado los riesgos de crear centros de deportación en los países fronterizos con la Unión Europea, “a la vista de las pobres condiciones de respeto a los derechos humanos de algunos de los posibles países candidatos a recibir migrantes irregulares”.
El director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa (JRS) Alberto Ares, ha mostrado su preocupación al entender que “toda la norma está recorrida por la intención de incrementar el número de detenciones y deportaciones, en lo que me parece una cesión a las presiones de algunos estados miembros, por encima del cumplimiento de los Tratados de la Unión”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
