Mujeres migrantes y cuidados: regulación de la seguridad y dignidad laboral
La última modificación del Real Decreto sobre la protección y regulación de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en España, el pasado otoño, introdujo avances significativos en la seguridad y salud de las cuidadoras, un grupo laboral predominantemente compuesto por mujeres migrantes.
Este decreto pone de relieve la crisis de cuidados en España y la feminización del sector, donde las trabajadoras del hogar asumen tareas de cuidado y del hogar bajo condiciones que, en muchos casos, no están debidamente protegidas por el marco legal existente.
Pero ¿qué aportes reales ofrece el actual decreto a las trabajadoras del hogar, y cuáles son las limitaciones que aún persisten en la protección de sus derechos y condiciones laborales? ¿Hasta qué punto estos avances logran mejorar la situación de las cuidadoras? ¿O continúan dejando importantes desafíos sin resolver?
Avances en la protección
El Real Decreto 893/2024 supuso un avance significativo en la protección de las trabajadoras del hogar, un colectivo altamente feminizado y cuyos derechos laborales han estado históricamente desatendidos.
La normativa establece que las personas empleadoras deben realizar una evaluación inicial de riesgos en cada domicilio para identificar posibles amenazas a la seguridad y salud de las trabajadoras, con la obligación de actualizar dicho análisis de manera periódica o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. Además, se establece el deber de los empleadores de proporcionar equipos de trabajo adecuados y, cuando sea necesario, equipos de protección individual, sin que ello implique un coste para las empleadas.
Uno de los puntos innovadores de este real decreto es el derecho de las trabajadoras del hogar a recibir formación en prevención de riesgos laborales al momento de ser contratadas, un aspecto que contribuirá a su seguridad y bienestar durante la realización de sus tareas.
Otro aspecto importante de la regulación es el derecho de las trabajadoras a abandonar el puesto de trabajo si consideran que las condiciones representan un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Este derecho también abarca situaciones de violencia o acoso, en las cuales el abandono del domicilio no se considerará como dimisión ni podrá ser motivo de despido.
A estas protecciones se añade el derecho de las trabajadoras a recibir un reconocimiento médico gratuito cada tres años, que será incorporado en los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, garantizando así que no represente un coste adicional para las personas empleadoras.
Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el decreto especifica en su disposición séptima que estos cambios no conllevarán un incremento del gasto público. Esto implica que las familias, en muchos casos, deberán asumir los costos derivados de la implementación de estas medidas, lo que podría limitar la efectividad de la normativa.
Aunque la norma exige a las personas empleadoras dotar de los equipos necesarios para la prevención de riesgos, no todas las familias cuentan con los recursos económicos para cumplir con estas disposiciones, lo cual deja a las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad.
Limitaciones en la protección de las trabajadoras migrantes
A pesar de los avances, la situación de las trabajadoras migrantes sigue siendo complicada. La Ley de Extranjería continúa regulando principalmente su situación administrativa, lo cual exige que muchas de ellas residan en el país durante al menos tres años antes de poder solicitar el arraigo social. Durante este período, muchas trabajadoras se ven obligadas a trabajar en la economía sumergida, sin protección legal ni derechos laborales. Esto hace que realicen trabajos en sectores que no son reconocidos ni valorados socialmente, lo cual perpetúa una situación de explotación y vulnerabilidad económica y social.
Además, se tiende a considerar el cuidado como una labor femenina y, al estar mayoritariamente realizado por mujeres migrantes, esto contribuye a un sistema que sostiene la desigualdad y la desprotección social.
De la mayoría de las personas que requieren cuidados, un 70%, son atendidas en sus propios hogares por familiares o empleadas del hogar, muchas de las cuales son migrantes. Esta situación crea una dependencia económica de la trabajadora hacia la familia empleadora, lo cual aumenta el riesgo de que sus derechos laborales se vean comprometidos en favor de las necesidades de la familia.
La realidad de las condiciones de trabajo
Si bien incluye ciertas disposiciones sobre la prevención de riesgos laborales y establece algunos derechos para las trabajadoras del hogar, el nuevo real decreto no abarca todos los desafíos que afrontan estas trabajadoras. En muchos casos, las tareas de cuidado se combinan con labores domésticas, difuminando los límites entre ambas responsabilidades y aumentando la carga física y psicológica que deben soportar las cuidadoras. A menudo, se espera que las trabajadoras migrantes realicen ambos tipos de tareas sin que ello se refleje en sus condiciones laborales ni en una remuneración justa.
La estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados propone un modelo de atención centrado en la persona y la desinstitucionalización de los cuidados. Sin embargo, en la práctica, esta estrategia no ha reducido la responsabilidad de las familias en el cuidado de las personas dependientes. Aunque la estrategia apunta hacia un modelo comunitario, la realidad es que las familias siguen asumiendo la carga de los cuidados o contratan a empresas privadas, en ambos casos recurriendo principalmente a mujeres migrantes.
Para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y la dignidad en los cuidados es necesario que tanto las familias empleadoras como las trabajadoras comprendan sus deberes y derechos. Iniciativas como el proyecto Lan Duina Zaintza Duina (LDZD) trabajan en la reivindicación de los derechos de las trabajadoras migrantes del hogar y la necesidad de un cuidado digno.
Además de reivindicar los derechos de las trabajadoras migrantes del hogar, LDZD proporciona información y espacios de organización para que estas mujeres puedan defender sus derechos y las familias puedan reivindicar también sus necesidades de cuidado. Surge de un proyecto piloto financiado por el proyecto europeo RESISTIRE y pone el foco en la dignidad del cuidado, enfatizando que para lograrlo es fundamental que las trabajadoras cuenten con condiciones laborales adecuadas y respetuosas y las familias puedan satisfacer dignamente las necesidades de cuidado.
Un aspecto esencial en esta reivindicación es el reconocimiento de que el cuidado es una labor que requiere atención y recursos específicos, incluyendo formación, equipos y apoyo emocional y físico. LDZD resalta que, además de los aspectos materiales, es importante que las trabajadoras se sientan respetadas y valoradas en su labor, para lo cual es indispensable el acceso a recursos formativos y el reconocimiento de sus derechos en un idioma y contexto que comprendan.
También se fomenta la implicación de las instituciones públicas de diferentes niveles, ya que se pretende escalar y replicar el proyecto. El fin último es conseguir una bolsa de empleo que conecte a las familias y a las trabajadoras migradas del hogar, respetando sus derechos y asegurando un cuidado digno.
Un reconocimiento social y económico
La situación de las trabajadoras del hogar también depende en gran medida del valor social que se le da al cuidado en nuestra sociedad. Tradicionalmente considerado como un “asunto de mujeres”, el cuidado ha sido relegado a un segundo plano tanto en términos sociales como económicos. Al tratarse en su mayoría de mujeres migrantes quienes asumen esta labor, se perpetúa un círculo vicioso que fomenta la desprotección y desigualdad social.
Para avanzar hacia un cuidado y un trabajo dignos, es crucial que el marco normativo contemple no solo la inclusión en el sistema público, sino una regulación que proteja efectivamente a las trabajadoras del hogar migrantes, reconociendo su contribución al bienestar social y económico. Asimismo, es indispensable un cambio cultural y social que valore el cuidado como una labor esencial que merece no solo respeto, sino condiciones laborales dignas y justas.
Garantizar la dignidad en los cuidados requiere una perspectiva interseccional que contemple las diversas realidades de las trabajadoras del hogar, muchas de ellas mujeres migrantes que enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad y la de las familias que necesitan los cuidados.
Solo reconociendo las intersecciones entre género, origen étnico, situación migratoria y clase social se puede diseñar una protección integral y efectiva. A su vez, esta tarea exige una colaboración sólida entre el sector público y el privado para proporcionar tanto los recursos materiales como el apoyo formativo y legal necesarios para dignificar el trabajo de cuidado.
Una política inclusiva y participativa, que comprometa tanto a las instituciones públicas como a las entidades privadas, es fundamental para construir un modelo de cuidados que respete los derechos de las trabajadoras y promueva la igualdad en la práctica, no solo en el discurso.
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Artículo publicado originalmente en The Conversation
Janire Azcue Terradillos es ayudante de investigación de valores sociales,
Universidad de Deusto
María López Belloso es investigadora asociada coordinadora del proyecto GEARING ROLES (H2020), Universidad de Deusto
