Los tribunales de Estados Unidos frenan el intento autoritario de Trump de concentrar el poder público
En el discurso que pronunció el martes ante la sesión conjunta del Congreso estadounidense, el presidente Donald Trump dijo muchas mentiras y, con arrogancia, afirmó: “No hemos hecho más que empezar”. Los tribunales federales tampoco han hecho más que empezar y ya hay decenas de demandas en curso contra las órdenes ejecutivas emitidas por Trump. Varias decisiones clave han detenido o retrasado algunos de los intentos de Trump de desmantelar gran parte de la administración pública estadounidense, ofensiva que cuenta con la ayuda de su mayor donante de campaña y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y de su vicepresidente, J.D. Vance, quien ha afirmado falsamente que el acatamiento de las órdenes judiciales es opcional. El Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, ha dejado de ejercer su rol en el sistema de controles y equilibrios, por lo que la resistencia se está canalizando en manifestaciones y en batallas legales en los tribunales federales de todo el país.
Un sector clave que actualmente se encuentra amenazado es el de la investigación médica. Estados Unidos ha sido considerado durante mucho tiempo el líder mundial en investigación e innovación médica de vanguardia. Muchos de los avances que son vitales para miles de millones de personas en todo el mundo provienen de innumerables laboratorios estadounidenses. El sistema de Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), cuyos fondos fueron drásticamente recortados por el Gobierno de Trump, emitió el 7 de febrero una circular en la que se indica que se reduce al 15% del presupuesto total el límite máximo para gastos de estructura en la investigación universitaria. Los “gastos de estructura” o “costos indirectos” comprenden, entre otros, los alquileres y el personal administrativo, elementos clave que permiten a los investigadores realizar su trabajo, indispensable para salvar vidas. La reducción arbitraria de los porcentajes de gasto previamente aprobados conmocionó a la comunidad de investigadores y dio lugar a varias demandas. El miércoles, una jueza federal del estado de Massachusetts anuló la medida adoptada por los Institutos Nacionales de Salud y ordenó la restitución del límite anterior para los costos indirectos. En su fallo, la jueza advirtió del “riesgo para la vida humana si se interrumpen investigaciones y ensayos clínicos”.
El fallo será apelado y es probable que llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde seis de sus nueve jueces han sido designados por los republicanos, tres de ellos por el propio Trump. Aunque podría pensar que tiene a la Corte Suprema bajo su control, Trump recibió una sorpresa el miércoles cuando, con una decisión de cinco votos a favor y cuatro en contra, el alto tribunal dictaminó en su contra en otro caso.
Este caso, denominado “Departamento de Estado contra la Coalición para la Promoción de la Vacuna contra el Sida”, aborda el congelamiento repentino de toda la ayuda internacional estadounidense, descrito inicialmente como una “pausa de 90 días”, así como el intento del Gobierno de Trump de disolver la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). La demanda fue presentada por la Coalición para la Promoción de la Vacuna contra el Sida con la ayuda del estudio jurídico Public Citizen Litigation Group. En conversación con Democracy Now!, el abogado Nicolas Sansone describió detalles del caso:
“Después de la medida cautelar dictada por el juez, que obligaba al Poder Ejecutivo a revertir el congelamiento de la ayuda internacional, el Ejecutivo no hizo nada para acatarla: no restituyó ninguno de los fondos, no renovó el acceso a ninguno de los fondos de subvención y no reactivó ninguno de los proyectos que son vitales para comunidades de todo el mundo. Así, tras casi dos semanas de desacato al mandato judicial, el tribunal emitió una orden que obliga al Gobierno [estadounidense] a tomar medidas concretas para cumplir [con la orden inicial]”.
El equipo legal de la Casa Blanca solicitó a la Corte Suprema anular esa orden judicial. No obstante, la petición fue denegada en un fallo de un solo párrafo que contó con el apoyo de las tres juezas liberales del alto tribunal, así como también del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y de la jueza designada por Trump Amy Coney Barrett. El Gobierno de Trump deberá ahora liberar alrededor de 2.000 millones de dólares de fondos de la ayuda internacional, una pequeña fracción de los más de 40.000 millones de dólares que la agencia desembolsa anualmente.
El administrador adjunto interino del área de salud global de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Nicholas Enrich, redactó un memorando —al que tuvo acceso el periódico The New York Times— en el que detalla los posibles efectos del congelamiento de los fondos de la ayuda internacional. El memorando proyecta, entre otras cosas, que hasta 18 millones de personas podrían contraer malaria, que la tuberculosis aumentaría un 30% a nivel mundial, que habría 28.000 nuevos casos de ébola y que se registrarían 200.000 casos anuales de poliomielitis paralítica durante la próxima década. Tras la publicación del memorando, Enrich fue puesto bajo licencia administrativa.
Mitchell Warren, director ejecutivo de la Coalición para la Promoción de la Vacuna contra el Sida —el principal demandante en el caso— habló con Democracy Now! sobre la importancia del Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés), un programa financiado por Estados Unidos que brinda tratamiento a personas con VIH en África. La iniciativa, lanzada por el expresidente George W. Bush, contó con el respaldo de los dos partidos mayoritarios del país.
“Durante más de 20 años, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida, ha ayudado a que 20 millones de personas reciban terapia antirretroviral, que salva vidas y previene contagios. Se han salvado millones de vidas. […] El plan ha permitido que muchas personas sigan viviendo y que las economías continúen creciendo. Y Estados Unidos se beneficia de eso”.
Warren agregó: “Nunca antes en la historia de la salud mundial hemos visto una intervención tan basada en datos y evidencia como el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida. […] Es importante destacar que el secretario de Estado, [Marco] Rubio, cuando era senador, fue uno de los mayores defensores del plan… Debemos hacerles recordar a todos ellos lo que dijeron y creyeron en el pasado y poner fin a este obstinado desprecio a la autoridad del Congreso y a la ciencia”.
El caso “Departamento de Estado contra la Coalición para la Promoción de la Vacuna contra el Sida” volverá ahora a la consideración del tribunal de distrito, donde el abogado Nicholas Sansone espera tener una sentencia a favor.
Hemos descrito en esta columna solo dos de las más de 105 demandas judiciales de nivel federal contra el abuso del poder ejecutivo ejercido por Trump. Simultáneamente, se está gestando una poderosa organización de base en defensa de los derechos de los trabajadores federales, de los migrantes, de las personas trans y de otros colectivos. La oposición al segundo mandato de Trump, para usar sus propias palabras, no ha hecho más que empezar.
Amy Goodman, periodista estadounidense, es la directora de Democracy Now!, medio de comunicación independiente de noticias internacionales. Denis Moynihan es colaborador de Democracy Now!
