Las organizaciones de trabajadores advierten de que el gasto militar europeo no debe realizarse a costa del modelo social
Ante la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de permitir el uso de Fondos de Cohesión para el gasto en defensa, con el objetivo de movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años, UGT advierte que esta inversión no debe hacerse a costa del modelo social europeo ni de la cohesión territorial.
Si bien el sindicato opina que “Europa debe asumir mayor responsabilidad en su defensa”, no debe hacerse debilitando “las políticas de bienestar”
Recuerda el sindicato que los fondos de cohesión han sido claves para reducir desigualdades y financiar infraestructuras, inclusión social y transición ecológica, por lo que “su reasignación al sector militar sin planificación adecuada podría aumentar disparidades y afectar la estabilidad territorial”.
Es más, UGT considera que cualquier inversión en defensa debe garantizar, en primer lugar, la protección del gasto social, asegurando que los fondos destinados a empleo, formación, infraestructuras y sostenibilidad no se vean reducidos.
Además, continua el sindicato, es “imprescindible que esta industria contribuya a la creación de empleo digno, ofreciendo puestos de trabajo estables y con derechos garantizados”.
Otro aspecto clave es el equilibrio territorial, evitando la concentración industrial en unas pocas regiones y promoviendo la reindustrialización de aquellas zonas en declive, apunta UGT.
Para asegurar un uso eficiente de los recursos, se requieren mecanismos de supervisión y transparencia que prevengan cualquier posible malversación.
Finalmente, plantea que cualquier inversión en este ámbito debe estar alineada con los objetivos climáticos de la Unión Europea (UE), apostando por procesos sostenibles y respetuosos con el medioambiente.
La financiación del presupuesto de seguridad y defensa, remarca UGT, “no puede comprometer los principios de cohesión y justicia social”.
La organización de trabajadores y trabajadoras insta a que cualquier decisión en esta materia cuente con la participación activa de los interlocutores sociales y garantice la protección de los derechos laborales, el desarrollo territorial equilibrado y la sostenibilidad económica y ambiental.
Redactor jefe de Noticias Obreras
