La ministra de Trabajo propone un “escudo social” ante la amenaza arancelaria

La ministra de Trabajo propone un “escudo social” ante la amenaza arancelaria
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados un “escudo social”, si se abre la guerra de aranceles, además de defender las políticas impulsadas por su departamento.

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “materializa sus amenazas arancelarias”, el Ministerio de Trabajo desplegará “un escudo laboral” para proteger a trabajadores y empresas, ha dicho la vicepresidenta, sin más referencias que las medidas adoptadas durante la pandémica de la Covid-19 y las ayudas tras la DANA de octubre pasado.

Es más, ha reconocido que la gestión de la DANA es deudora de la experiencia de la gestión de la crisis pandémica, al tiempo que ha informado de que los ERTE habilitados desde noviembre de 2024 han protegido a un total de 29.559 personas en 2.819 empresas.

También ha recordado que se ha puesto en marcha un Plan de Empleo de 50 millones de euros que para que los ayuntamientos puedan contratar a 3.120 personas para que puedan reconstruir las zonas devastadas.

También puedes leer —  Claves de la guerra arancelaria declarada por Trump y su impacto en España

Junts se opone por ahora a la reducción del tiempo del trabajo

En su comparecencia en la Comisión, ha vuelto a pedir el apoyo a los grupos parlamentarios para la reducción del tiempo de trabajo, recordando el acuerdo con los sindicatos al que no quiso sumarse la patronal.

Sin embargo, las interpelaciones del diputado de Junts, Josep Maria Cervera, han servido para dejar claras las dificultades para sumar los apoyos parlamentarios necesarios.

El político catalán ha apelado a que la semana de 37,5 horas “generará problemas” en las empresas más pequeñas, sobre todo las microempresas, que son las protagonistas del tejido económico de Cataluña.

Cervera ha recordado que la medida no cuenta con el apoyo de las empresas y ha añadido que ellos tampoco avalan “ahora mismo” este proyecto de ley. “La mejor fórmula para ganar derechos”, ha añadido, es “con acuerdo y consenso” entre trabajadores y empresas.

Medidas pendientes

Entre los proyectos pendientes, la vicepresidenta ha indicado el Estatuto del Becario y del Artista, así como la Ley de Economía Social que acaba de pasar el trámite de totalidad en la Cámara y la reforma del sistema de cuidados.

Díaz inició su comparecencia agradeciendo el esfuerzo de las personas trabajadoras durante la pandemia para luego pasar a enfatizar los buenos datos de empleo, con 21,8 millones de personas trabajadoras ocupadas y más de 1,8 millones de empleos más desde que forma parte del Gobierno y 3,2 millones de trabajadores autónomos.

Sobre todo, ha puesto de manifiesto que los malos augurios ante las medidas impulsadas por su departamento no se han cumplido. De hecho, ha defendido que el crecimiento de España al 3,2% ha sido posible gracias a “tener mejores salarios, mejor salario mínimo interprofesional y relaciones laborales estables”.

De paso, ha aprovechado para dejar claro que otra política laboral distinta a la flexibilidad y desregulación no sólo ha sido posible sino beneficiosa, en referencia a la reforma laboral de 2021 y la subida del salario mínimo.

“La precariedad no era una plaga inevitable, sino el resultado de políticas equivocadas que priorizaban la flexibilidad a costa de los derechos de los trabajadores. No es un mal endémico de España. Es una elección política. Y nosotros hemos elegido un camino diferente”, ha explicado la ministra.

Avance de la igualdad

Además, ante la cercanía del 8 de marzo, ha resaltado los avances en igualdad, dado que el 60% de los nuevos empleos estos últimos cuatro años han sido ocupados por mujeres; se ha alcanzado por primera vez los 10,1 millones de ocupadas, y se ha reducido la brecha salarial 4,6 puntos en los últimos cinco años.

Con todo, ha reconocido que persisten problemas en las relaciones laborales, como la desigualdad, los bajos salarios y la todavía alta tasa de paro. Ha asegurado, incluso,  que en España no se puede vivir “con dignidad” cobrando la mediana salarial, que se sitúa en los 1.599 euros al mes, por lo que ha indicado que los salarios son “susceptibles de mejora”, porque un país que se construye low cost en términos salariales “no es un país eficiente económicamente”.