La economía sumergida y el empleo de las mujeres: una realidad invisible que urge transformar
El Día Internacional de la Mujer es una fecha para reflexionar sobre los avances y retos en la lucha por la igualdad. Este año, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) centra su mensaje en el impacto de la economía sumergida en el empleo de las mujeres. Una realidad que afecta a millones de trabajadoras, invisibilizando su aportación a la creación, negándoles derechos fundamentales y maltratando su dignidad.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2024, el número de personas trabajadoras en la economía sumergida alcanzó los 2.000 millones, un aumento significativo frente a los 1.700 millones de 2005. Este crecimiento refleja una alarmante tendencia global hacia la precarización del empleo, donde las mujeres son las principales afectadas, particularmente en los países más empobrecidos, siendo las que sufren mayor descarte y exclusión por la falta de empleo. En este sentido, la brecha laboral de las mujeres en estos países alcanza un alarmante 22,8%, en comparación con el 15,3% de los hombres. En los países del Norte global, la tasa es del 9,7% para las mujeres y del 7,3% para los hombres.
Esta realidad, solo representa la «punta del iceberg», según la investigación, ya que demasiadas mujeres están completamente desvinculadas del mundo del trabajo «formal», una situación que se explica en gran parte por los cuidados familiares de los que se tienen que hacer cargo.
En España, la economía sumergida representa entre el 15,8% y el 24% del Producto Interior Bruto (PIB), dependiendo de las fuentes. Este sector informal es especialmente predominante en trabajos de cuidado y empleo doméstico, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Según datos recientes, un 36% de las empleadas del hogar en España trabaja sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social, lo que las deja sin protección laboral ni acceso a prestaciones sociales.
El papa Francisco, en su exhortación Evangelii gaudium, habla de una economía que descarta a millones de personas que, aunque trabajan para buscarse la vida, están excluidas de la economía formal. Muchas mujeres en situación de «irregularidad administrativa» o empleadas en la economía sumergida encarnan esta realidad. Sin derechos laborales, estas trabajadoras enfrentan condiciones precarias, de discriminación y de explotación.
La OIT insiste que las mujeres viven mayores tasas de desempleo y brechas laborales. En países del Sur global, la brecha laboral alcanza el 22,8%, frente al 15,3% de los hombres. Además, solo el 45,6% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas, en comparación con el 69,2% de los hombres. Estas cifras evidencian cómo el cuidado familiar y la informalidad perpetúan la desigualdad.
La Iglesia española ha alzado la voz para revertir esta situación al promover y apoyar una regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes, un colectivo de alrededor de un medio millón de personas, muchas de ellas mujeres empleadas en la economía informal. Este proceso busca garantizar derechos laborales, acceso a la protección social y condiciones de trabajo dignas.
La economía sumergida no solo perjudica a las trabajadoras directamente implicadas, sino que también afecta al conjunto de la sociedad. Diversos estudios indican que, si los trabajos de cuidado se formalizaran, el PIB español podría aumentar entre un 26,3% y un 28,4%. Esto refleja el valor económico y social del trabajo realizado mayoritariamente por mujeres, una aportación que es sistemáticamente ignorada.
Abordar la economía sumergida requiere de políticas públicas inclusivas que promuevan la igualdad de género, la formalización del empleo y la protección de los derechos de todas las trabajadoras. Esto incluye eliminar las barreras legales y sociales que enfrentan las mujeres migrantes, garantizar salarios justos y promover la corresponsabilidad en los cuidados.
«El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida», afirma el papa Francisco en Laudato si’. Por eso, además de denunciar las situaciones que lesionan la dignidad de las personas trabajadoras, el pueblo de Dios debe implicarse en promover el cuidado del trabajo y colaborar en la construcción de una sociedad donde el trabajo sea sinónimo de dignidad y justicia para todos y todas.
En este sentido, conviene preguntarse: ¿soy un motivo de esperanza en mi ambiente laboral? y ¿con quién estoy organizando la esperanza de lograr un trabajo decente?
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Texto publicado originalmente en la revista ¡Tú!
Responsable de Difusión de la HOAC
