El mercado de alquiler de viviendas ha disparado desde 2020 la discriminación de las personas migrantes
La discriminación hacia las personas migrantes a la hora de acceder al alquiler de una vivienda se ha disparado en los últimos cinco años hasta situarlas “fuera de la categoría de potenciales personas inquilinas”.
Esta es la principal conclusión del Informe ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda que presentó la asociación Provivienda junto al Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones el pasado 25 de marzo. El informe ha sido financiado por el Ministerio y el Fondo Social Europeo.
Provivienda ha actualizado su anterior prospección de 2020 en la que ya se reveló que el 72,5% de las inmobiliarias aceptaban discriminar de múltiples formas a los migrantes económicos, quedando la parte menor, el 28% , abiertas a añadir más cláusulas a los contratos de alquiler a extranjeros. En la investigación realizada mediante llamadas telefónicas en 2024, se ha pasado a un 99% de inmobiliarias que discriminan a los migrantes que buscan una vivienda. Gema Gallardo Pérez, directora general de Provivienda, destaca que se ha pasado “de los indicios a las certezas de discriminación” denunciando que “no es un problema marginal, ni anecdótico, es un problema real que afecta a la plena inclusión y la participación social de los migrantes”.
A la negativa de los agentes inmobiliarios se han añadido prácticas sutiles como el encarecimiento selectivo, negar información o excluir a ciertos perfiles de extranjeros por su origen. El informe saca a la luz otra conclusión significativa, que es la tendencia de ofrecer pisos a migrantes en zonas periféricas o donde ya hay una alta concentración de estas personas.
La discriminación relativa, el 1% que no excluye directamente a los extranjeros, pero eleva los requisitos para que accedan a la vivienda se está dando ahora de forma muy puntual centrándose en personas procedentes de EEUU, Canadá, Gran Bretaña y la Unión Europea. Muchos de estos trabajan en remoto para empresas de sus países, los caseros temen que dejen de pagarles y los agentes inmobiliarios elevan requisitos como las fianzas tratando de convencer a los dueños de que son inquilinos potenciales.
Todo el proceso de exclusión de los que han venido a España para trabajar por una vida digna para ellos y sus hijos se acentúa con el incremento del 30% de los precios del alquiler en los últimos años y la gran tensión en el mercado donde, además, la demanda es mucho mayor entre los llegados de fuera por ser su modo de residencia más habitual. Hasta un 58% de ellos vive pagando un alquiler frente a un 10% de los españoles, entre los que hay un sector importante de propietarios, personas que pagan hipotecas y herederos de viviendas familiares.
Elena Martínez, responsable de Investigación y Evaluación de Provivienda, explicó que el informe se basó en dos técnicas de testing. Primero se hicieron 600 llamadas a inmobiliarias, 300 en Madrid y 300 en Barcelona. Las llamadas las hacian dos personas en la misma situación laboral, familiar y socioeconómica con distinto acento con el objetivo de detectar diferencias en el trato y requisitos. En el segundo testing se realizaron 100 llamadas, 50 en Madrid y 50 en Barcelona, en las que una persona española ofertaba su vivienda para alquilar con premisas claramente discriminatorias con el objetivo de detectar la predisposición de los agentes inmobiliarios a las prácticas que discriminan a las personas por su origen. Elena Martínez asegura que “la mayoría de las inmobiliarias han aceptado un bloqueo absoluto del acceso al alquiler de los extranjeros”.
El trabajo de investigación dedica un apartado a la normalización de la discriminación trasladando mensajes obtenidos en las conversaciones telefónicas en las que los profesionales de las agencias de alquiler ofrecen su experiencia en filtrar a las personas, espoleados por la tensión en el mercado y la desproporción entre la demanda y la escasa oferta. Dos de estos mensajes son “que quieres perfil nacional, pues nacional” y “sin ni ningún problema, muchas personas nos lo piden. No se va a poner obviamente en el anuncio, pero si”. El filtro funciona de manera totalmente fluida lo que disminuye la disponibilidad de casas para los migrantes que, a su vez, son cada vez más mayores abundando las mujeres solas con hijos.
En las conversaciones se descubre que cuando no fragua un contrato por estar el piso solicitado ya ocupado, se ofertan pisos alternativos a un 30% de los españoles y solo a un 15% de los migrantes.
A la escasez de alquileres asequibles y las barreras que se levantan mediante las prácticas que discriminan, se ha añadido otro factor de intermediación entre las personas y su objetivo de vivir con dignidad, que son las compañías aseguradoras que han encontrado un hueco de mercado asegurando el pago de los alquileres a los propietarios.
Elena Martínez, responsable de coordinar la investigación, concluye que este tipo de discriminación “trae menos cohesión social, más brecha y polarización social y espacial”.
Las soluciones a este gran desafío pasan por incorporar bolsas de alquiler asequible gestionadas por entidades del Tercer Sector que actúan como intermediarias ofertando incentivos y garantías a los propietarios, construir más viviendas sociales asequibles, especialmente en zonas ya tensionadas y extender la formación y sensibilización sobre esta grave discriminación que es muy difícil de descubrir. Provivienda cuenta con un canal en el que se pueden denunciar las situaciones discriminatorias.
Esta asociación se fundó en 1989 para ofrecer viviendas a personas en dificultades trabajando de forma coordinada con EAPN, la red española de lucha contra la pobreza y exclusión social, REAS, la red de redes de economía social solidaria y, entre otras entidades, FEANTSA, la federación europea de entidades que trabajan con personas sin hogar. Impulsa un modelo de provisión de vivienda centrado en principios éticos y de solidaridad, con orientación social y enfoque no lucrativo. En su web se informa de que están presentes en 15 comunidades autónomas donde han facilitado alojamiento a 166.000 personas en 68.500 viviendas desde su fundación.
Periodista.
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
