Ecologistas y trabajadores critican el Pacto Industrial Limpio

Ecologistas y trabajadores critican el Pacto Industrial Limpio
Ante la renovación de la política industrial europea que ha lanzado la Comisión Europea con la intención de adaptarse al Pacto Verde Europeo, Ecologistas en Acción reclama “una transformación industrial que vaya más allá de la descarbonización y esté al servicio de las personas y la naturaleza”, mientras los sindicatos reclaman salvaguardar los derechos laborales.

El 26 de febrero se presentó el Pacto Industrial Limpio con el objetivo de descarbonizar e industrializar simultáneamente la economía europea.

La organización ecologista no ha dudado en criticar el enfoque basado en el crecimiento, la desregulación y la competitividad que ha centrado los debates y documentos recientes como Competitiveness Compass o la Propuesta de Ley de Industria y en el Omnibus Simplification Package, que reducirá obligaciones para las empresas poniendo en peligro las condicionalidades sociales y ambientales.

UGT, por parte, alerta de que las políticas industriales de la UE deben integrar plenamente la dimensión social y laboral, asegurando que la transición verde refuerce los derechos de las personas trabajadoras y no sea un pretexto para su precarización, de modo que la transición ecológica “no se haga a costa del empleo ni de los derechos” y que la simplificación administrativa propuesta acabe en “en una desregulación perjudicial para las y los trabajadores”.

Ecologistas en Acción ha presentado su propia posición, después de realizar un exhaustivo diagnóstico de análisis y teniendo muy presente que el Acuerdo de París marcó el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 2ºC por encima de niveles preindustriales, persiguiendo esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC a finales de siglo.

Para esta organización, este objetivo no se podrá cumplirse, si los países del norte siguen utilizando combustibles fósiles, más allá del año 2040. Más allá de las innovaciones tecnológicas que requiere la descarbonización industrial, urge una transformación que suponga el decrecimiento drástico del consumo de energía y materiales, lo haga en base a las necesidades vitales y la incorporación de criterios laborales, sociales y políticos para alcanzar una reindustrialización neutral en términos climáticos.

Hasta ahora, las medidas industriales se han limitado a la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, Ecologistas en Acción reclama “repensar el sistema de producción en clave ecologista” para “transitar hacia una configuración industrial en la que las actividades humanas respeten las dinámicas de los ecosistemas y en la que los recursos estén equitativamente repartidos”. Este escenario supone una reducción del consumo energético y una industria centrada en producir solo lo que sea necesario, plantea el documento.

De ahí que, entienda, la entidad que la transformación industrial debe conllevar “cambios profundos, en un modelo dentro de los límites planetarios y capaz de garantizar una vida en condiciones de dignidad para todas las personas”.

Ecologistas en Acción aboga por ajustar la producción y el consumo a las verdaderas necesidades para una vida digna, mediante una planificación realista y sostenible, así como en el diálogo social, para un proceso de transformación justo y con empleos de calidad, el cuidado de la naturaleza y los territorios y un cambio de modelo económico y social que priorice la vida.

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Por una industria de la vida

El documento, elaborado por Ecologistas en Acción, plantea la necesidad de una transformación industrial desde una perspectiva ecológica y socialmente justa. Analiza los impactos negativos del modelo industrial actual, dominado por el capitalismo global, y propone una nueva industria centrada en la sostenibilidad, la equidad y el respeto a los límites planetarios.

En este sentido, reclama, además, un impulso de la economía circular con reutilización, reciclaje y minimización de residuos y una regulación estricta para garantizar que la industria no dañe la biodiversidad.

Para acometer la necesaria transformación preservando la cohesión social, el diseño de la política industria debe contemplar la planificación de la reconversión laboral para evitar exclusión social; la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial; la aplicación efectiva del principio “quien contamina, paga y repara”; y el fomento de modelos de economía social y cooperativa.

Ecologistas en acción entiende que igualmente debe adoptarse una perspectiva de género y descolonial, que se oriente a eliminar la brecha de género en el sector industrial, la prohibición de prácticas extractivistas que perpetúan desigualdades con el Sur global y la regulación de las cadenas de suministro para evitar explotación laboral y violación de derechos humanos.

Salvaguardar el empleo

El pacto introduce incentivos fiscales y flexibiliza las ayudas de Estado para impulsar la industria verde, incluyendo la reducción del IVA de la electricidad al 5% y la financiación de contratos de suministro de energía renovable.

Aunque estas medidas pueden aliviar los costes energéticos, UGT insiste en condicionar su aplicación al mantenimiento del empleo y al respeto de los derechos laborales. Además, el sindicato subraya que “la transición ecológica debe garantizar el derecho a la formación durante la jornada laboral sin coste para las personas trabajadoras”.

Uno de los aspectos más preocupantes, señala el sindicato, es la reducción en un 35% de los requisitos ambientales dentro del paquete normativo complementario. “Rebajar los estándares medioambientales en nombre de la competitividad supone un grave retroceso y pone en peligro los avances logrados en sostenibilidad”, denuncia la organización de trabajadores.

El sindicato también rechaza la iniciativa Ómnibus de la Comisión Europea, que debilita la responsabilidad corporativa en derechos laborales y medioambientales al relajar las obligaciones empresariales en diligencia debida y supervisión.

UGT propone incluir la condicionalidad social y laboral en las ayudas a empresas; una mayor participación sindical en la política industrial europea; el mantenimiento de los estándares ambientales; la implementación urgente de medidas de protección del empleo; y un marco europeo de formación y reciclaje profesional.