Denuncian la opacidad y falta de control ético del Fondo Europeo de Defensa

Denuncian la opacidad y falta de control ético del Fondo Europeo de Defensa
En pleno debate sobre la conveniencia de aumentar el gasto miliar europeo, el Centre Delàs de Estudios por la Paz y la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés) denuncian la opacidad del Fondo Europeo de Defensa.

El primer programa de trabajo del Fondo Europeo de Defensa (FED) se puso en marcha en 2021. La convocatoria se publicó durante el último trimestre de ese año, y en enero de 2023 se publicó la lista de proyectos aprobados, con 60 proyectos de los 142 presentados.

Los proyectos de investigación y desarrollo se materializan en prototipos militares y tecnología generada por las industrias de defensa que los los propios Estados miembros tendrán que comprar.

El presupuesto asignado a los mismos asciende a 1.166 millones de euros, de los cuales 322 millones corresponden a proyectos de investigación militar y 845 millones a proyectos de desarrollo militar.

Las cinco principales empresas beneficiarias de esta primera convocatoria (Leonardo, Thales, Airbus, Saab e Indra) reciben más del 30% de la financiación y son al mismo tiempo las empresas que más presionaron para la creación del FED y que antes habían influido en las conclusiones del Grupo de Personalidades sobre Investigación y Defensa.

El informe analiza los problemas de transparencia durante la revisión intermedia de los proyectos del FED financiados en el marco de la convocatoria 2021 de la Comisión Europea (CE) a partir de una muestra representativa de seis proyectos.

El estudio denuncia la falta de transparencia en la aplicación de las directrices éticas de la UE durante la revisión de los proyectos y la asignación de fondos y advierte que las decisiones están demasiado influidas por los grupos de presión de la industria armamentística.

La sociedad civil no dispone de suficiente información, ni tiene constancia de que se estén llevando a cabo los controles éticos de acuerdo con las obligaciones internacionales, como de hecho, han denunciado varios eurodiputados y la propia Defensora del Pueblo Europeo.

Los procedimientos de evaluación de riesgos legales y éticos de la UE recaen sobre todo en las autoevaluaciones de los propios solicitantes de la financiación, la mayoría empresas.

Para la investigación la transparencia es fundamental, ya que el Fondo Europeo de Defensa se ocupa de desarrollar o mejorar armamento, incluidas tecnologías disruptivas que podrían cambiar radicalmente la forma de hacer la guerra, además de agravar la violencia, la destrucción y la crisis climática y medioambiental.

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Más aún cuando, un número significativo de proyectos menciona explícitamente el uso de la Inteligencia Artificial (IA). “Sería esencial saber si los sistemas diseñados podrán reaccionar de forma autónoma ante situaciones inesperadas, en qué casos podrán hacerlo y de qué tipo será esta reacción”, se puede leer en el informe.

El despliegue de sistemas no tripulados que utilizan tecnologías de IA plantea riesgos evidentes, ya que estos sistemas “no son completamente fiables, ni reproducibles, ni explicables, lo que también conlleva dificultades de rendición de cuentas en caso de víctimas civiles”.

Por lo tanto, afirma la investigación, “todos los sistemas de IA de los proyectos del FED deben someterse a un estricto escrutinio por parte de expertos no militares independientes reconocidos y de comités de ética civiles”.

Estos fondos para la industria de armamento europea también sirven para estimular las exportaciones de armas a países no pertenecientes a la UE, a pesar de que podrían contribuir a la guerra, la violencia, la represión, las violaciones de los derechos humanos, el cambio climático y la pobreza en todo el mundo.

La gran mayoría de los receptores de la financiación se cuentan entre los grandes proveedores de armas a países en guerra, regímenes represivos y que violan los derechos humanos.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz y la Red Europea Contra el Comercio de Armas reclama un cambio radical de paradigma pasando de políticas dictadas por los grandes lobbies armamentísticos y transnacionales a políticas de paz y justicia global.

Las entidades defienden un nuevo marco de convivencia basado en la seguridad pacífica y no militarizada, a través de políticas de desarme y desmilitarización que sirvan para transferir fondos a programas ambiciosos diseñados por y para la gente, priorizando la seguridad de la biosfera y la paz medioambiental.
Europa puede ejercer una nueva estrategia geopolítica humana, basada en la colaboración global para abordar los verdaderos retos transfronterizos a los que se enfrenta la humanidad en este momento, plantea la investigación.