Las víctimas de amianto elevan una queja al Defensor del Pueblo por el ninguneo del Gobierno

Sindicatos y asociaciones de afectados por amianto han pedido el amparo del Defensor del Pueblo, ante lo que consideran el “ninguneo” del Gobierno a las víctimas, que esperan desde hace dos años la puesta en marcha del fondo de compensación aprobado.
Es lo que han pedido en un encuentro entre representantes de los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), celebrado hoy, y el titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien se ha comprometido a elevar una pregunta a la Secretaría de Estado de Seguridad y Pensiones sobre el incumplimiento de la Ley 21/2022 por la que se creó el fondo de compensación para las víctimas de este agente cancerígeno y el retraso en la aprobación del reglamento correspondiente.
“Se trata de una Ley que nació de una propuesta del Parlamento Vasco en 2019 y que se aprobó por unanimidad en el Congreso y en el Senado, y que desde su aprobación suma pronunciamientos exhortando para completar su desarrollo reglamentario tanto en el Parlamento Vasco como mediante una proposición no de ley aprobada de nuevo por unanimidad por el Congreso. Y mientras tanto en estos dos años ha fallecido un gran número de compañeros sin poder acceder a unas indemnizaciones a las que legalmente tienen derecho”, ha denunciado Jon García, portavoz de FEDAVICA.
“Solicitamos amparo al Defensor del Pueblo, al que tenemos que agradecer su interés y la rapidez en recibirnos, porque la interlocución con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con este asunto está inexplicablemente bloqueada. Mantuvimos dos reuniones con el Ministerio tras la aprobación de la Ley y en julio de 2023 enviamos alegaciones al proyecto de Real Decreto que se nos presentó. Desde ese momento ni hemos recibido respuesta a nuestras alegaciones, ni hemos vuelto a reunirnos con los responsables del Ministerio a pesar de nuestras reiteradas solicitudes de reunión”, ha indicado Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT.
“El retraso del reglamento es intolerable, pero el contenido de proyecto de RD que nos presentó el Ministerio es una burla par las personas afectadas. Las cuantías de las indemnizaciones son escasísimas, muy alejadas de las que están fijando los tribunales y muy por debajo de otras indemnizaciones previstas para otros colectivos como las víctimas del terrorismo, del VIH o de la talidomida. Y a lo que hay que unir que no cuentan con una exención del IRPF, como ya sucede con esos otros colectivos, lo que supondría un serio recorte de las cantidades a percibir. Las víctimas del amianto están siendo tratadas como víctimas de segunda”, ha afirmado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.
El Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, ha manifestación que la petición está “bien fundamentada” y ha anunciado que se interesará por “el retraso en la puesta en marcha del fondo de compensación para las víctimas del amianto”. De no ser atendido este requerimiento, la demanda podría acabar ante la Fiscalía.
Hoy mismo en Barcelona se ha celebrado un juicio en el que un ex trabajador del Metro de esa ciudad, enfermo de amianto, reclamaba una indemnización a la empresa por falta de medidas preventivas.
El trabajador podría haber sido resarcido en parte por el daño recibido de haberse puesto en marcha el fondo de compensación, pero ahora tendrá que esperar a la sentencia y confiar en que el fallo le dé la razón y establezca la cuantía de la indemnización, si así lo considera.

Redactor jefe de Noticias Obreras