Entidades cristianas de Almería denuncian la demolición del asentamiento del cortijo El Uno en Níjar
Entidades eclesiales de la diócesis de Almería han expresado su repulsa por la demolición por orden judicial del asentamiento del cortijo El Uno (San Isidro de Níjar), en el que residen más de medio centenar de personas, incluidas nueve niñas y niños, al considerarlo un “atropello de derechos”
Mañana martes 25 de febrero está prevista la demolición de este poblado, por lo que el Secretariado diocesano para las Migraciones de Almería, junto con Cáritas diocesana, Hermanas Mercedarias de la Caridad de San Isidro de Níjar, el Servicio Jesuita a Migrantes, CONFER y la propia Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Almería ha difundido un comunicado en el que exponen su “sorpresa ante la falta de sensibilidad y nuestra indignación ante la ausencia de respuesta mostrada por las Administraciones Públicas”.
El Defensor del Pueblo Andaluz, en defensa de los derechos humanos, ha tratado de fiscalizar la labor de las Administraciones y ha invitado a “no aceptar como normal lo inaceptable”, lo que estas entidades han querido agradecer.
Las organizaciones cristianas, algunas de las cuales, trabajan en la zona, han expresado su solidaridad con las personas residentes en el cortijo El Uno, afectadas por esta medida que “pisotea su dignidad y vulnera sus derechos” y recuerdan que “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 8.a de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda).
Igualmente exigen que “no haya más desalojos sin realojo; sólo se puede pretender la erradicación del chabolismo si se facilita el acceso real a una vivienda digna y adecuada”, al tiempo que reiteran su compromiso para “acompañar, servir y defender a las personas vulneradas en sus derechos”
De hecho, anuncian que seguirán trabajando en red, “junto con las demás entidades sociales (especialmente la Mesa del Tercer Sector de Níjar), con la iniciativa privada empresarial y con las administraciones públicas, exigiendo que siempre y de forma prioritaria se ponga en el centro la persona, su dignidad y sus derechos”.
Así mismo, recuerdan que su compromiso nace de la fe en “el Señor Jesús de Nazaret, que “no tuvo donde reclinar la cabeza” (Lc 9,58), que se identifica personalmente con quienes son despojados de su vivienda (“lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, no me lo hicisteis a mí”: Mt 25,45) y que convierte la solidaridad en esperanza (“en la casa de mi Padre hay muchas estancias”: Jn 14,2).
Los colectivos católicos confiesan su deseo de “ser una Iglesia cercana y samaritana; pobre, con los pobres y para los pobres. Como dice el querido, frágil y sabio papa Francisco, una Iglesia que, “con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz” (Fratelli Tutti, n. 278).
Desidia institucional e indiferencia patronal
Por su parte, la Plataforma Derecho a Techo Almería, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas ha pedido la paralización del desalojo previsto para el martes y la búsqueda de por parte de los responsables de una alternativa habitacional.
También han anunciado una gran movilización para el 13 de abril en el Campo de Níjar, a la que quieren convocar a todos los trabajadores para reclamar el derecho a techo, el derecho a una vivienda digna.
La plataforma recuerda que el Ayuntamiento de Níjar cuenta a su disposición con las 62 viviendas -totalmente equipadas- que no fueron ocupadas por los vecinos del Walili, “lo que demuestra un interés nulo por evitar el sinhogarismo – adulto e infantil- en su municipio”
Además, no solo denuncian “la desidia de las instituciones y de los dirigentes políticos por no ocuparse de solucionar la grave problemática de vivienda que sufrimos toda la clase trabajadora, sea nativa o inmigrante”, sino que extienden sus críticas a la patronal agrícola COEXPHAL.
“No se puede estar empleando trabajadores agrícolas, ya sean documentados o indocumentados, sin preocuparse por dónde y cómo van a vivir, obligándolos a tener que habitar chabolas, infraviviendas, asentamientos y luego echándolos de estos sitios a la calle sin ninguna alternativa”, han expresado.
Recientes informes estiman que solo en la provincia de Almería, hay más de 25.000 trabajadores sin contrato ni derechos laborales, muchos de los cuales se habrían visto obligados a vivir en asentamientos informales, como el que se va a derribar, entre El Ejido y Níjar.
Redactor jefe de Noticias Obreras
