El control tecno-militar de la frontera amenaza los derechos humanos y aumenta los sesgos discriminatorios
Desde el año 2000 la Unión Europea ha intensificado el uso de tecnologías de control y vigilancia, incluyendo sistemas biométricos, inteligencia artificial y drones, en su intento de blindar las fronteras por encima del respeto a los derechos humanos.
“Hablamos así de ‘necrotecnología’ de fronteras para referirnos a la continuación automatizada y digitalizada de las ‘necropolíticas” que priorizan el blindaje fronterizo sobre los derechos humanos”, detalla un informe elaborado por María Fraile Moreno para el Centre Delàs de Estudios por la Paz sobre la creciente militarización de las fronteras europeas.
Según el documento, “el sistema de gestión de fronteras de la UE entiende la migración como una amenaza a la seguridad y responde con un enfoque militarizado”, relegando los derechos humanos de las personas migrantes a un segundo plano.
El uso de la tecnología sirve de apoyo a la labor de las fuerzas de seguridad y policiales, en muchos casos, desatendiendo la protección de los derechos humanos, mediante la utilización de sistemas de control biométrico y vigilancia automatizada en las fronteras; una clara apuesta por la interoperabilidad, tanto entre estados, como entre organismos y agencias policiales; y un proceso de institucionalización y normativización de la inteligencia artificial.
En este contexto, Fraile Moreno denuncia que “narrativas alarmistas y engañosas” perpetúan la criminalización de las personas migrantes, equiparándolas con delincuentes o terroristas, una perspectiva que incluso algunas universidades podrían estar reforzando al participar en estos proyectos. La autora advierte que “el uso de datos biométricos y personales recopilados en las fronteras puede llevar a perfilados raciales discriminatorios y a la vulneración de derechos fundamentales”.
Amenazas a los derechos humanos
El uso de las nuevas tecnologías para fines de control fronterizo puede conllevar “una mayor deshumanización de la gobernanza de los espacios fronterizos y cuentan con pocas o insuficientes evaluaciones de su impacto en los derechos fundamentales”.
Los dispositivos, más en “zonas de nadie” y “puntos calientes”, pueden ser utilizados para proceder a las llamadas “devoluciones en caliente”, el retorno de extranjeros detenidos en la frontera sin seguir procedimientos administrativos adecuados.
Los sistemas de vigilancia masiva y recogida de datos en sí mismo suponen una amenaza al derecho a la protección de datos, pero también aumenta el riesgo de generar perfiles raciales en los controles de manera que acaben identificando a las personas racializadas como potenciales amenazas a la seguridad. La interoperabilidad entre sistemas podría muy bien utilizarse para aumentar la vigilancia hacia la sociedad en general.
El uso de sistemas de detección de movimiento en las fronteras como sensores de tierra, dispositivos de videovigilancia, fundamentalmente en “zonas de prefrontera”, resulta altamente conflictivo. En 2021 más de 32.000 migrantes fueron devueltos por la fuerza a Libia, país donde corrían el riesgo de sufrir abusos y vulneraciones de derechos humanos, presuntamente por la Guardia Costera de Libia, en el marco de un acuerdo entre Italia, la Unión Europea y el gobierno libio. Las intercepciones estuvieron apoyadas por drones facilitada por Frontex y comunicaciones secretas.
Los sistemas de inteligencia artificial y algoritmos suponen una potencial amenaza para las personas, ya que automatizan las decisiones sobre sus casos, las detenciones y las denegaciones de asilo.
Se ha empezado a documentar la denegación de “manera desproporcionada” de acceso a la protección internacional a mujeres y minorías raciales y étnicas, al tiempo que se ha advertido de que la procedencia asociativa, la profesión religiosa o incluso la publicación de opiniones políticas o de cualquier índole pueden ser utilizadas por los algoritmos para denegar derechos a las personas migrantes, sin descartar su uso en la población autóctona.
El “complejo tecnológico militarizado”
Nueve empresas de armas que participan en dichos proyectos han recibido más de 11 millones de euros en proyectos de I+D de gestión de fronteras. Entre ellas, Thales, Atos, Airbus, Leonardo, GMV Aerospace and Defence SA, Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España SA-SME MP, Rafael Advanced Defence Systems LTD, Naval Group e Indra.
España participa en doce de estos proyectos a través de algún tipo de institución o empresa, en algunos casos, de universidades, como la Politécnica de Madrid o la Universidad de Granada. Algunas de las empresas españolas participantes también vienen del sector armamentístico como Indra, GMV Aerospace and Defence SA, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA-SME MP, Robotnik Automatition SL y la filial de ATOS en España (Atos IT Solutions and Services Iberia SL).
Muchas de las empresas tecnológicas involucradas en actividades relacionadas con el fortalecimiento de las fronteras y en colaboración con el sector armamentista y de seguridad, llevan años recibiendo importantes cantidades de dinero para el desarrollo de tecnologías para fines de seguridad fronteriza, de la mano de empresas del sector armamentista.
Parte de los clientes de empresas y consultoras tecnológicas son empresas de armas que utilizan sus productos para fines militares. De hecho, una buena parte de las tecnológicas cuentan ya con áreas específicas de gestión de fronteras, un nicho de mercado importante de las empresas de este sector.
Estos consorcios también incluyen organismos y empresas de terceros Estados como de Israel, que participa en seis de los proyectos analizados a través de organismos públicos como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Tel Aviv y de empresas de seguridad y armamento como Rafael Advanced Defence Systems, IBM Israel y Zaka Search and Rescue.
Estas operaciones de algún modo legitiman “la ocupación de Palestina, facilita el desarrollo de tecnología usada para el apartheid y refuerza una industria de seguridad y vigilancia cuyas tecnologías también resultan una amenaza al ser usadas en las fronteras europeas”.
Entre las recomendaciones, el informe urge a las universidades y empresas tecnológicas a reevaluar su participación en iniciativas que puedan contribuir a la militarización de las fronteras. También se solicita a los Estados que adopten una regulación más estricta en el uso de inteligencia artificial y que fortalezcan los mecanismos de protección de datos en la Unión Europea.
“Más allá de mejoras legales que garanticen los derechos humanos y de evaluaciones de impacto empresariales”, la investigadora sugiere “mirar hacia enfoques decoloniales y feministas que pongan en el centro a las personas, los derechos y los cuidados”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
