Trabajadores y jóvenes cristianos se suman a la movilización en defensa del bien común
A pesar de la elaboración de un nuevo decreto social por parte del Gobierno, organizaciones sindicales, sociales y cristianas mantienen su movilización para reclamar su aprobación parlamentaria y denunciar que “con los derechos no se juega”.
Trabajadores y jóvenes cristianos respaldan la movilización sindical que reclama la aprobación parlamentaria de las medidas sociales rechazadas la semana pasada por los votos en contra del PP, Vox y Junts.
De paso, también buscan denunciar la actitud de aquellas formaciones políticas que por conveniencia partidista o sesgos ideológicos son capaces de despojar de la mínima protección social a personas y familias vulnerables.
A las organizaciones sindicales, se las han unido entidades vecinales, antidesahucios, ecologistas, pensionistas, ecológicas y cristianas, como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC).
El último decreto, al que esta vez el grupo catalán de derechas Junts ha prometido su apoyo, contiene solo las medidas sociales, como habían pedido, entre otros muchos agentes, los sindicatos, para no perjudicar, por pura estrategia partidista, a 11 millones de pensionistas, 20 millones de usuarios del transporte público, afectados por la dana del 29 de octubre o del volcán de La Palma.
“Con los derechos no se juega”
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en declaraciones a la Cadena Ser, ha explicado que “a pesar de que se salva lo que esperábamos que se salvase” seguirán con las movilizaciones anunciadas, porque “conviene poner pie en pared”, pensando además en las negociaciones pendientes de los Presupuestos Generales del Estado o la reducción de la jornada laboral.
“Los sindicatos queremos tener presencia en la calle para hacer un trabajo de fiscalización del trabajo lógicamente del Gobierno, pero también del Parlamento, del Congreso de los Diputados”, ha explicado Sordo, muy crítico con las “filigranas políticas” a las que hemos asistido en estos días.
Para la HOAC, como recoge su comunicado, la anulación de las medidas sociales contenidas en el fallido decreto ómnibus, suponía “un grave retroceso de derechos que dificulta la vida de las personas trabajadoras y de las familias más vulnerables”.
Este movimiento de trabajadores y trabajadores cristianos entiende que “la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el hombre [y la mujer] y con sus derechos… Toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral”, como plantea Benedicto XVI en la encíclica Caritas in veritate, por lo que desproteger a personas y familias vulnerables constituye “una vulneración de la justicia social, del bien común y un agravio directo contra la dignidad humana”.
La organización eclesial llama a los grupos parlamentarios a evitar que “la población más necesitada sea rehén de juegos de oportunismo político que vulneran su dignidad y sus derechos esenciales”.
El presidente de la JOC, Francho Gracia, explica que ante las “condiciones materiales y económicas especialmente penosas” que padece la juventud trabajadora, en particular, las dificultades de emancipación, la alta precariedad laboral y el aumento del coste de la vida, han querido sumarse a “las voces que exigen acción política en torno a estos temas”.
“Venimos oyendo hablar del transporte público, salario mínimo, o temas en torno a la vivienda, temas sensibles y que generan incertidumbre entre la juventud trabajadora” reconoce Gracia. Aunque las propuestas del Gobierno no han sido exactamente las que esperaba su organización, el bloqueo significaría “ahondar en las brechas socioeconómicas que desgarran a la clase trabajadora”. Por eso, concluye, “nos sumamos a esta convocatoria, sin olvidar que esperamos aún más acción política de parte del Gobierno”.
Desahucios retenidos en los juzgados
Por su parte, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), ya se manifestó ante la sede de Junts en Barcelona, nada más conocer su voto en contra del mega decreto que extendía la prohibición de los desahucios y corte de suministros básicos de personas y familias vulnerables.
“Impulsamos movilizaciones y acudimos a todas aquellas que se convoquen en defensa del escudo social”, ha explicado uno de los portavoces de la PAH, Francisco Morote, quien confiesa que “no nos fiamos demasiado de que no pueda surgir algún cambio, en un momento determinado, y no se llegue finalmente a su aprobación”.
Después de todo, “ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal porque estaba pendiente de resoluciones judiciales basadas en el escudo social que estaba vigente y que decayó, y no sabía lo que iba a pasar”.
Por eso, “vamos a estar alerta y vigilantes para que llegue a buen fin y se haga bien”, argumentaba Morote, quien recuerda que “hay 58.000 desahucios retenidos y no queremos ni pensar en lo que podría ocurrir si el escudo social no termina de aprobarse de nuevo”.
Alianza lesiva para los derechos y la protección social
Tras decaer el conocido como decreto ómnibus que recogía la subida de pensiones o la extensión del escudo social, los sindicatos CCOO y UGT anunciaron una campaña de presión contra lo que el líder sindical ha llamado “alianza de las derechas económicas que perjudica a millones de personas”, pero también contra el Gobierno, al que exigían que presentara por separado el paquete de medidas sociales.
Las dos organizaciones sindicales consideraron la estrategia política del PP, Vox y Junts como “una agresión sin precedentes contra la mayoría social, con especial impacto en las personas más vulnerables, las clases populares y trabajadores”.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han citado esta tarde, en el centro pastoral san Carlos Borromeo de Entrevías en Madrid, con representantes FACUA-Consumidores en Acción, la plataforma antidesahucios PAH, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales CEAV, Plataforma de Mayores y Pensionistas, la organización ecologistas Greenpeace y el Consejo de la Juventud de España y las organizaciones de la Acción Católica Española, HOAC y JOC, para preparar las movilizaciones convocadas para el próximo 2 de febrero.
Redactor jefe de Noticias Obreras
