Sánchez presenta su política de vivienda en confrontación a los incentivos fiscales anunciados por el PP
La crisis de la vivienda ha llegado a la agenda de los partidos políticos que tratan ahora de responder al creciente malestar haciendo de sus diferentes propuestas un nuevo elemento de confrontación de sus visiones ideológicas
A la Declaración de Asturias acordada entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos de su partido, que no son pocos, el Gobierno responde con un foro impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el ambiciosa lema “Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar”, clausurado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su intervención, durante la que ha recordado las políticas, a su juicio, fallidas y equivocadas del PP, ha presentado doce medidas con la que su Gobierno trata de responder a las dificultades en el acceso a la vivienda que está sufriendo la mayoría de la población. La mayoría de ellas, en realidad, ya habían formado parte de los anuncios del Ejecutivo en los últimos meses.
El actual Gobierno ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de promover una decidida política de vivienda centrada en la creación de una empresa pública de vivienda, ampliando la capacidad de la actual entidad pública empresarial de gestión de suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SEPES, y en la intervención en el mercado para limitar la subida de los precios.
En concreto, Sánchez ha anunciado que el Gobierno ha transferido ya dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda y ha adelantado que las 30.000 viviendas -13.000 de forma inmediata- del llamado banco malo, SAREB, también serán incorporadas, lo que sería una novedad y una concesión a las demandas de Sumar, su socio de coalición en el gobierno
Además, ha asegurado que las viviendas construidas o rehabilitadas con dinero público serán de titularidad del Estado de manera permanente y que la entidad pública tendrá prioridad en la adquisición de suelo y viviendas.
El presidente ha adelantado la aprobación de un nuevo Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación económica (PERTE), al estilo de los que se han puesto en marcha, en el sector del automóvil, para modernizar la construcción residencial, así como un programa de rehabilitación de viviendas vacías condicionado a su puesta a disposición en el mercado del alquiler.
También ha anticipado la creación de un “sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible” para animar a los arrendadores a alquilar viviendas a menores de 35 años, un sistema similar al utilizado en Francia y con algunos ejemplos en España como el fondo de garantía del Consorcio de la Vivienda de Barcelona,
Ha expresado su intención de llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
En cuanto a los pisos turísticos, ha presentado su propósito de endurecer el control del fraude en los alquileres de temporada, con la creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen su acción inspectora. Además, ha propuesto la subida del IVA al 21% a las viviendas turísticas, para que “tributen como lo que son, un negocio”, exigencia planteada igualmente por el socio minoritario del gobierno, los sindicatos y el movimiento por el derecho a la vivienda.
Las medidas que tratan de devolver la función social de la vivienda se completan con la limitación de la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, –de hecho, las llamadas “golden visa” por las que se concedía el permiso de residencia a los compradores de inmuebles de más de medio millón de euros, ya han sido eliminadas–, y la revisión de las ventajas fiscales de las Sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIS).
La última de las medidas que el presidente ha presentado, sin más concreción, ha sido la elaboración de otro Plan de Estatal de Vivienda que entrará en vigor en 2026, cuando se acabe el actual.
La alternativa del PP
Por su parte, el PP apuesta por las reducciones de impuestos, los avales públicos para favorecer la concesión de las hipotecas y la lucha antiokupación, como ya están haciendo en algunos de los territorios que gestionan. No deja de ser una vuelta o intensificación de medidas anteriores o ya estrenadas en algunas comunidades, que no parece que vayan a tener una incidencia real en la bajada de los costes de acceso a la vivienda.
Los populares van a reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales de competencia autonómica del 10% al 4% a los jóvenes, en las once comunidades que gobierna, siguiendo así la iniciativa que ya han tomado Andalucía y Castilla y León.
En la convección con líderes autonómico de su partido durante la que ha mantenido su feroz oposición al presidente Sánchez, Feijóo ha propuesto, la bajada de impuestos a quienes compren, alquilen o arrienden una vivienda; conceder avales del 100% a menores de 40 años que quieran adquirir una casa; liberar suelo público para ponerlo a disposición del sector y construir viviendas para alquilar a un precio tasado inferior en un 30% al de mercado.
También apuesta por reducir los trámites burocráticos y derogar la actual ley de Vivienda, además de promover un seguro antiokupación y un teléfono de asistencia jurídica a las personas afectadas.
Las propuestas de los movimientos sociales
Sindicatos, movimientos en defensa del derecho a la vivienda y organizaciones sociales vienen pidiendo una aplicación más intensa, que incluya inspecciones y sanciones, de la actual Ley por el Derecho a la Vivienda, el condicionamiento de la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de esta y un efectivo control de precios.
Además, siguen reclamando la modificación de la legislación hipotecaria para facilitar el acceso al crédito hipotecario de las personas trabajadoras. El sindicato CCOO, incluso pide limitar las cuotas al 30% de los ingresos del hogar, y estableciendo un tipo máximo “de usura” para préstamos hipotecarios a tipo fijo, como el vigente en Francia, referenciado a los tipos de la deuda pública a largo plazo.
Incluso, la organización que dirige Unai Sordo ha llegado a proponer una novedosa propuesta para canalizar el ahorro y el esfuerzo inversor hacia la creación de vivienda pública, que ha llamado Fondo de Inversión destinado a la financiación de viviendas en alquiler a precios asequibles (FIVA), y con el que, según sus estimaciones, podría llegar a movilizar unas 50.000 viviendas asequibles anuales – dos millones en una década–.
Un verdadero parque público de vivienda capaz de influir en las tendencias del mercado precisa de al menos el 1% del PIB, un objetivo que el sindicato considera alcanzable con la promoción y financiación pública, la captación de ahorro privado, minorista e institucional, para promover la participación de entidades sin ánimo de lucro, con regulación de asociaciones de lucro limitado.
Redactor jefe de Noticias Obreras
