PP, Vox y Junts tumban en el Congreso la subida de pensiones, las ayudas al transporte y por la dana

El Pleno del Congreso, reunido este miércoles en sesión extraordinaria, ha decidido la derogación de dos reales decretos-leyes que incluían medidas urgentes para abordar vulnerabilidades sociales, un impuesto para las grandes empresas energéticas, así como la convalidación de una norma para compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo

El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, fue derogado con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. Los votos en contra se han producido por los grupos parlamentarios del PP, Vox y Junts, tejiendo una alianza para tumbar el decreto, mientras que UPN se abstuvo. El resto del hemiciclo apoyó la medida, que ya estaba en vigor y que ahora queda sin efecto.

La derogación implica la suspensión de medidas –un recorte que se aplicará en febrero– como la revalorización de las pensiones con un impacto en 12 millones de pensionistas, anulándose la subida del 2,8% para las contributivas y las clases pasivas del Estado en 2025. También queda sin efecto el incremento del 6% para las pensiones mínimas y no contributivas, así como el 9% del ingreso mínimo vital (IMV). Quedan anuladas las ayudas al transporte público, al revocarse la prórroga de las bonificaciones, que iba a extenderse hasta junio de 2025.

También decae la protección frente a desahucios y cortes de suministros, al eliminarse, con los votos de la derecha neoliberal, la prohibición de cortar suministros básicos como electricidad, agua o gas, así como la suspensión de desahucios a personas vulnerables. Y se derogan las ayudas por la dana, quedando sin efecto las medidas destinadas a apoyar a las personas y zonas afectadas por este desastre climático.

Aunque la derogación implica la desaparición inmediata de estas medidas sociales, el Congreso acordó tramitar el texto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que necesitará de al menos seis meses para su posible aprobación.

Decae el impuesto a las grandes empresas energéticas 

El pleno también rechazó, con 183 votos en contra, 165 a favor y una abstención, el Real Decreto-ley 10/2024, que proponía un gravamen temporal del 1,2% sobre los ingresos netos de grandes operadores del sector energético.

Esta medida, tumbada con los votos del PP, Vox, Junts, PNV y UPN, con la abstención de Coalición Canarias, iba dirigida a grandes empresas con cifras de negocio superiores a 1.000 millones de euros en 2019, con el objetivo de financiar medidas sociales y económicas.

Además, el decreto incluía incentivos para inversiones estratégicas aplicables desde el 1 de enero de 2024. Sin embargo, la falta de consenso parlamentario ha dejado esta propuesta sin efecto.

Compatibilidad entre la pensión y el trabajo

En contraste con estas dos derogaciones, el Congreso convalidó el Real Decreto-ley 11/2024 con una amplia mayoría de 298 votos a favor y 51 en contra. Esta norma introduce mejoras en la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, acordada en el marco del diálogo social.

El texto modifica la Ley General de la Seguridad Social para fomentar la permanencia voluntaria de los trabajadores en activo más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que no esté motivada por pensiones insuficientes.

Entre los cambios más destacados se incluyen la recuperación del coeficiente multiplicador, del 1,5 en el cálculo de prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia; la reforma de la jubilación parcial, con la que se modifican los apartados 6, 7 y 8 del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, facilitando el acceso a esta modalidad antes de la edad ordinaria de jubilación; y las mejoras en clases pasivas del Estado, que permite la extensión de las ventajas introducidas en otros regímenes de compatibilidad a empleados públicos encuadrados en este sistema, además de mejorar su régimen jurídico.