Acreditada la violación de los derechos humanos en la Cañada Real Galiana

Acreditada la violación de los derechos humanos en la Cañada Real Galiana
Desde hace cuatro años las vecinas y vecinos de la Cañada Real Galiana viven sin electricidad. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano dependiente del Consejo de Europa, reconoce que esta situación atenta contra los derechos humanos.

Mas 4.500 personas, 1.800 niñas y niños, soportan temperaturas por debajo de los 10º en invierno y por encima de los 40º en verano y se han tenido que apañar para vivir sin apenas aparatos electrónicos, ni electrodomésticos básicos.

La compañía energética Naturgy decidió cortar el suministro eléctrico el 2 de octubre de 2020 a una zona situada a 15 kilómetros del centro de Madrid, con el falso argumento de que los enganches ilegales para mantener las plantaciones de marihuana provocaban una sobrecarga de las líneas.

Las administraciones públicas, con el Gobierno regional a la cabeza, en todo este tiempo no han logrado devolver el servicio energético a la población, ni han ofrecido ninguna solución, ante lo que el Comité Europeo de Derechos Sociales considera una flagrante violación de los derechos humanos.

La Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real, apoyada por diversas entidades sociales, vecinales y sindicales, presentó una reclamación Colectiva denunciando la vulneración de los derechos humanos recogidos en la Carta Social Europea, de la que España es firmante y, por tanto, está obligada a cumplir.

El comité europeo considera que como consecuencia de los cortes de suministro eléctrico se incumplen derechos fundamentales como el derecho a la salud (artículo 11,) provocando un aumento de infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias asociadas al resfriado, dificultades en el uso de productos sanitarios esenciales, casos de intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras,etc.

También se ha infringido el artículo 15 sobre derechos de las personas con discapacidad, ya que la falta de electricidad impide a las personas con discapacidad ejercer plenamente su derecho a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad.

Debido a la omisión del Estado de garantizar el derecho a una vivienda de un nivel adecuado a las familias que viven en los sectores afectados y a garantizar la participación de las asociaciones de familias en la formulación de políticas relacionadas con el barrio, se está vulnerando el artículo 16 sobre protección de la familia.

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Igualmente, se incumplen los derechos de niños, niñas y jóvenes, recogidos en el artículo 17. La falta de energía eléctrica impide el pleno desarrollo de su personalidad y las condiciones de vida resultantes inciden en su acceso a la educación, fomentando el ausentismo y dificultando el estudio, el repaso o la realización de tareas.

Tampoco se están respetando otros derechos recogidos en la carta europea como el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo, los derechos de las personas mayores a la protección social, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (artículos 20, 23, 27, 30 y 31).

La resolución europea establece que el Estado no ha adoptado medidas en el marco de un enfoque global y coordinado para promover el acceso efectivo de las personas que viven en la Cañada Real a la electricidad y, por ende, al goce de los derechos humanos básicos, sin protegerlas contra la pobreza y la inseguridad social, ni ha adoptado ninguna medida efectiva para evitar la interrupción de los servicios esenciales, incluido el suministro de electricidad.

En febrero el Comité de Ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa, integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado miembro, adoptará una resolución al respecto.

Para el sindicato CCOO de Madrid esta decisión del Comité de Derechos Sociales es de vital importancia y trascendencia por la gravedad de los hechos probados, y exige al Gobierno Regional que restituya de manera inmediata el suministro eléctrico, para garantizar los derechos de las vecinas y vecinos de la Cañada y que puedan combatir el frío ante la inminente llegada del invierno.